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Parlamentarios solicitan que se investiguen vínculos entre Democracia Viva y la Universidad de Aysén

Lo que partió como una investigación local en Antofagasta que denunciaba los vínculos, convenios y transferencias entre la Seremi de Vivienda y la Fundación Democracia Viva –que preside Daniel Andrade, entonces militante RD y pareja de la diputada Catalina Pérez (RD)–, ya se ha extendido a distintas regiones del país.

Los diputados René Alinco (Ind), Marcia Raphael (RN) y Miguel Ángel Calisto (Ind), oficiaron a la Fiscalía Regional de Aysén para que investigue otra arista que vincula a la fundación con una universidad estatal.

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“Ribetes casi delincuenciales”

En específico, los parlamentarios piden indagar si la Universidad Estatal de Aysén transfirió dinero a la Fundación Democracia Viva, ya sea mediante “pagos de honorarios o gastos de traslado y estadía u otros gastos a trabajadores de dicha fundación o a su Presidente, señor Daniel Andrade”.

Esto se debe a que dicha Democracia Viva colaboró en la 3ra Escuela de Verano que realizó la universidad en enero de 2022, la que tuvo como tema “Soñando la nueva Constitución”. En esta, se realizaron actividades para niños desde los 8 años, entre las que se cuentan talleres, cabildos y un evento de cierre llamado “Festival de un nuevo Chile”.

Además, Andrade acompañó a la rectora Natacha Pino a participar en la Comisión de Descentralización, Justicia y Equidad Territorial de la Convención Constituyente en octubre de 2021, según consta en las actas de la instancia.

“Hicieron estas adjudicaciones de diferentes tipos de proyectos sin licitación pública, sino de forma directa. Creemos que esto toma ribetes casi delincuenciales”, explica el diputado Alinco.

Fundación Procultura y la Gobernación de Aysén

En el oficio a fiscalía, los parlamentarios también solicitaron investigar cómo la Gobernación Regional de Aysén contrató en abril de 2023 a la Fundación Procultura para el proyecto “Apoyo a familias de zonas Provincia de los Glaciares”.

Fue $1.673.000 en el proyecto que se ejecuta durante 24 meses y debe beneficiar a 70 familias vulnerables en las comunas de Cochrane, Tortel y O’Higgins en Aysén que viven en lugares aislados. Los parlamentarios también pidieron que se investigue una transferencia de $1.500.000 para un “Programa de habilitación social en Porvenir”, adjudicado por la gobernación de Aysén.

Cabe destacar que, como reveló Mega Investiga, la Seremi de Vivienda de Antofagasta transfirió $500 millones a Procultura en octubre de 2022 para una intervención socio territorial para las familias de asentamientos precarios. El director ejecutivo de la fundación, Alberto Larraín Salas, tiene distintas publicaciones en redes sociales apoyando a Revolución Democrática.

En el marco de esos convenios, Procultura arrendó una casa en el centro de Antofagasta por 16 meses, para el que se pagaron $54 millones por adelantado. “Resulta del todo dudoso quién es el propietario, puesto que a la fecha se han negado a entregar el contrato matriz”, denunció la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Serviu, Carla Olivares. La dirigenta aseguró que el documento también había sido solicitado por la Subdirección de Administración y Finanzas del servicio, pero que no había sido entregado.

Consultado por Mega Investiga, el director ejecutivo de Procultura, Alberto Larraín, dijo que habían entregado el contrato al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), pero que no podían entregar más antecedentes del arriendo para no “afectar a la persona” con la que tienen el vínculo contractual inmobiliario. Procultura también explicó que ese contrato estaba siendo observado por el Ministerio y aún no había sido aprobado el pago en la rendición del proyecto, por lo que aún no se imputaba al convenio.

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Al ser consultada la Fiscalía Regional de Aysén, declararon que evaluarán los antecedentes. En caso de que el Ministerio Público acoja el oficio enviado por los parlamentarios, será la justicia quien tendrá que determinar si las contrataciones y convenios fueron hechos acorde a la ley.

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