Nacional

Cae banda que obtuvo de forma fraudulenta casi 600 cédulas de identidad para migrantes

¿Qué pasó? 

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a tres personas de nacionalidad extranjera tras ser acusadas de formar una banda dedicada a la obtención fraudulenta de cédulas de identidad.

El modus operandi

El grupo criminal utilizó documentación falsificada para solicitar 580 cédulas de identidad temporaria y 22 permanencias definitivas para migrantes en situación irregular, cobrando entre $500 mil y $1 millón por un servicio que no supera los $4 mil en el Registro Civil.

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La indagatoria inició a fines de 2021 y fue encabezada mediante la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec), contemplando diligencias en las regiones de Antofagasta, Coquimbo y O'Higgins.

¿Qué dijeron las autoridades? 

"Logramos reunir la evidencia necesaria para identificar e intervenir a los miembros de una organización criminal compuesta por extranjeros, de nacionalidad venezolana y boliviana, que habían conformado una estructura para defraudar al Estado de Chile, aprovechando la automatización y digitalización de los trámites migratorios en el contexto de la pandemia", señaló el subprefecto Carlos Paz, jefe de la Bridec de La Serena.

Por su parte, el fiscal Freddy Salinas explicó que uno de los aprehendidos es sindicado como el líder de la banda, mientras que otro se dedicaba a la captación de extranjeros. Una tercera imputada facilitaba su cuenta para la recaudación del dinero obtenido ilícitamente. Los tres quedaron en prisión preventiva. 

Con edades entre los 34 y 45 años, la banda había ingresado de manera irregular a nuestro país, consiguiendo sus documentos utilizando el mismo sistema fraudulento.

"Todos se encuentran imputados por asociación ilícita, lavado de activos, falsificación de instrumento público y por un delito de la Ley de Migraciones, en la obtención fraudulenta de cédula de identidad", señaló Salinas.

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La indagatoria continúa para identificar si hay más miembros de la agrupación y averiguar si alguna de las casi 600 personas que accedieron ilegalmente a las cédulas recibió ayuda social o beneficios del Estado.

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