Columna de Mauricio Morales: Gas pimienta

*Por Mauricio Morales, doctor en Ciencia Política, profesor titular, Universidad de Talca-Campus Santiago.

El Gobierno no logra dar dos pases seguidos. Nadie duda de las buenas intenciones del Presidente Boric y de su coalición, pero es muy frustrante que semana a semana se produzcan problemas derivados de errores propios. En columnas anteriores sostuve que la aprobación presidencial estaba taponeada por los indultos que firmó Boric en diciembre pasado, y que por lo mismo se encontraría todo este año en un equilibrio muy frágil producto de la crisis económica y de seguridad pública.

De hecho, y según CADEM, lleva 10 semanas moviéndose entre el 28% y el 31%. Mi recomendación siempre ha sido abandonar el programa original de Gobierno y dedicarse a administrar o gestionar lo que queda de mandato, sin estridencias y con la deseable mesura y moderación. Así se fue avanzando en el proyecto de las 40 horas, el alza en el salario mínimo y, más recientemente, en la aprobación del royalty minero.

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Pero como siempre pasa algo, explotó el escándalo del “gas a precio justo” y la estantería se derrumbó nuevamente. Más encima, el viernes se produjo la renuncia del subsecretario de Previsión Social. Si bien desconocemos en detalle las razones, no es descartable que su renuncia responda a cierta incomodidad con la reforma al sistema de pensiones que presentó el Ejecutivo.

Por otra parte, el Gobierno ha enfrentado un tremendo déficit de credibilidad en materias de seguridad pública. Sin embargo, la última CADEM muestra cierta mejoría. Si en la medición de marzo sólo el 21% creía que el Presidente “tiene capacidad para mantener el orden público”, en la encuesta de esta semana subió al 32%. Lo mismo sucede con materias vinculadas a inmigración y narcotráfico.

No es un alza extraordinaria, pero es justo reconocer que el Gobierno ha ido recuperando terreno. Es más, un 36% -9 puntos más que en la medición de diciembre de 2022- cree que el Presidente “cuenta con un buen equipo de Gobierno, ministros, subsecretarios”. Es cosa de evaluar el desempeño de la ministra Tohá en la interpelación del diputado Longton, la mayor seguridad en las vocerías de la ministra Vallejo, las garantías que entrega Marcel, el orden que proporciona Elizalde, y los acuerdos que impulsa Jara. Hay equipo. Pero, como acabo de decir, siempre pasa algo.

El escándalo del gas le pegará fuerte al Gobierno por siete razones. Primero, porque claramente el denominado “plan piloto” no funcionó y generó pérdidas millonarias. Segundo, porque el propio Mario Marcel lo reconoció, dejando poco espacio para una justificación técnica que explicara el despilfarro de recursos públicos. Tercero, porque en medio de una crisis económica, este tipo de errores genera mayor malestar en la opinión pública, pues es sobre la base de nuestros impuestos que se financian tales planes. Cuarto, porque fue una política que se anunció con bombos y platillos, y que ocupó un espacio importante en la agenda de discusión sobre el precio del gas. Quinto, porque el escándalo le pega a uno de los cimientos de la coalición de Gobierno: la generación de un estado social y democrático de derecho.

Es cierto que este concepto ya está escrito en la nueva Constitución, pero poco contribuye a su materialización el hecho de que el Estado sea ineficiente al momento de suministrar y distribuir un producto tan importante. Sexto, porque coloca al Frente Amplio en una incómoda posición, especialmente porque los ministros que más se vinculan al escándalo provienen de sus filas. Séptimo, porque se hace un poco más difícil reflotar la agenda antiabuso que se reabrió con el fallo de la Corte Suprema en torno a las Isapres. Si los privados abusan, y el estado es ineficiente, ¿qué alternativa queda disponible para los votantes? Si bien este escándalo dio paso a una serie de chistes y memes, reviste la mayor gravedad.

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