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"Un infierno": Mauricio Morales y su análisis de los resultados de la última encuesta Cadem hacia el gobierno

¿Qué pasó?

"Un infierno". Así calificó el académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, los resultados de la última encuesta Cadem hacia el Gobierno, especialmente cuando de seguridad pública se trata.

El análisis de Morales

El gobierno pasó de vivir una horrible pesadilla con el triunfo del Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre, a desenvolverse en un verdadero infierno. Definitivamente, no hay caso. Los indultos siguen impactando en la agenda de discusión sobre asuntos de seguridad pública, y eso no tiene vuelta. La decisión presidencial de liberar a condenados con amplio prontuario delictual acompañará a Boric durante todo su período de gobierno. Fue una decisión aplaudida por Apruebo Dignidad, pero que -en la práctica- está sufriendo el socialismo democrático. La dupla Tohá/Monsalve está agotada. Necesitan mostrar resultados, pero en un ambiente de alta politización de la seguridad pública, es una tarea titánica.

Por otro lado, el Congreso ya despojó al Ejecutivo de esta agenda y se encuentra deliberando sobre la nueva legislación de Carabineros. Pero eso no es todo. El debate legislativo está dividiendo, por enésima vez, a las dos alianzas que componen la gran coalición de gobierno. En términos de ambiente de opinión pública, en tanto, la última encuesta Cadem muestra que el 52% cree que la delincuencia debiese ser el área prioritaria para el gobierno, y el 58% estima que Carabineros no cuenta con las atribuciones necesarias para combatir el delito. Finalmente, el 95% está de acuerdo con que Carabineros pueda utilizar su arma de servicio frente a un hecho de violencia extrema, un alza de 46 puntos respecto a noviembre de 2019.

La situación es aún más delicada si pensamos en lo siguiente. El gobierno no solo enfrenta una crisis de seguridad, sino que también una crisis económica. Recientemente, la Cámara rechazó la reforma tributaria, y sin reforma tributaria se hace difícil pensar en una reforma previsional. Si este año ninguna de estas reformas ve la luz, el gobierno definitivamente quedará sin relato. El equilibrio es frágil. Basta la tragedia de un Carabinero asesinado para que el gobierno absorba todos los costos.

La oposición está tratando de mantener los temas de seguridad pública en agenda el mayor tiempo posible. Sabe que en cinco semanas se vienen las elecciones de consejeros constitucionales y que el próximo año es la elección de gobernadores, alcaldes y concejales. Es obvio decirlo, pero su afán es mantener ahogado al gobierno durante los tres años que le quedan.

Como si todo lo anterior fuera poco, el gobierno tiene a Matthei, Carter y Kast encima. Cada cual en su estilo, lo golpea sin misericordia. El gabinete hace lo que puede para tratar de repeler el ataque, pero el gobierno está sin defensa.

Salieron bastante caros los insultos que varios de sus miembros profirieron a Carabineros -que registra un nivel de aprobación del 76% versus el 29% del gobierno y el 12% del Congreso-, mientras que los indultos confirmaron el débil compromiso del gobierno con el orden público. ¿Quién va a creer que serán “perros” contra la delincuencia luego de criticar y condenar a la institución que combate el delito y, a reglón seguido, liberar a personas con amplio prontuario delictual?, ¿hay alguna salida?, ¿sería adecuado que el Presidente siguiera la “receta Carter” y transformara la lucha contra la delincuencia en un evento permanentemente noticioso y personalizado en su figura?.

Carter ya marcó territorio. Si el Presidente utilizara una estrategia similar, quedaría como una mala copia del alcalde, e históricamente sabemos que la gente siempre preferirá el original a la copia. Al gobierno, entonces, le queda un solo camino: mostrar resultados contundentes y hacer de la “mano dura” una acción y no solo un discurso.

Agota escuchar al Presidente diciendo que Carabineros cuenta con todo su respaldo. Eso no sirve de nada si no va acompañado de resultados concretos. Y para eso, el Mandatario debe partir por convertirse en un “perro” en el Congreso, evitando que Apruebo Dignidad torpedee la agenda de seguridad pública. Tampoco, por cierto, es adecuado respaldar una legislación hecha a tontas y a locas, pero algo razonable debe salir de ahí. No basta que el gobierno deposite todas sus fichas en su ministra del Interior. La situación es de tanta gravedad que necesita la intervención presidencial. Eso es lo que quiere la ciudadanía: acciones. De lo contrario, el infierno que vive el gobierno se extenderá por los próximos tres años.

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