Toma de terrenos privados complica proyecto de nuevo acceso norte al puerto de San Antonio

¿Qué pasó?

Una toma de terrenos en el límite de las comunas de San Antonio y Cartagena se encuentra obstaculizando el proyecto que busca habilitar un nuevo acceso norte al puerto de San Antonio.

Se estima que la zona está ocupada por más de mil personas, según los sobrevuelos que se han efectuado en la zona.

El origen de la toma

Según consignó El Mercurio, fue en octubre del año 2019, al inicio del estallido social, que cientos de personas se instalaron en terrenos privados del cerro La Virgen, ubicado cerca del puerto de San Antonio y el cementerio parroquial.

Con el paso de los meses, la ocupación ilegal comenzó a crecer, y las viviendas de material ligero comenzaron a conectarse con calles y avenidas, e incluso surgieron tiendas de abarrotes y alimentos.

Las instalaciones cuentan con antenas de TV satelital, hacen uso de una conexión ilegal que les suministra electricidad, y tienen un informal alumbrado público que ilumina la zona durante las 24 horas. Estas precarias instalaciones, y la ubicación en la que están emplazadas, hacen que exista el riesgo de que ocurra un incendio forestal.

Se trata de las zonas Hijuelas Llolleo y Parcela 11, que son parte de un paño de 260 hectáreas. Su dueño es Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A.

Recurso de protección

Un recurso de protección interpuesto en la Corte de Apelaciones de Valparaíso afirma que desde ese entonces hna continuado llegando personas, y que el 26 de diciembre de 2022 irrumpieron "en forma violenta, tomando por la fuerza los terrenos, demarcando lotes irregulares y erigiendo construcciones de material ligero".

Sin embargo, en un principio, la dificultad para identificar a los ocupantes frustró la acción judicial interpuesta por los dueños. De todos modos, a fines del 2022, la Corte Suprema acogió los recursos de protección, ordenando a las autoridades desalojar en seis meses la zona.

Tras esto, los dueños iniciaron una nueva demanda de precario, además de querellas penales por daños, usurpación violenta y hurto de electricidad.

Acceso norte al puerto

Siete lotes de estos terrenos se encontraban en trámite de ser expropiados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), ya que por ellos pasa parte del trazado del futuro nuevo acceso norte al puerto de San Antonio. En específico, el proyecto considera una ruta que conecta el camino viejo de Cartagena con la ruta costera para llegar a puerto Panul, y así descongestionar el centro de la ciudad de camiones graneleros.

Incluso, el MOP depositó $1.200 millones en las cuentas de los tribunales civiles, como paga por los terrenos. "Nuestro cliente estaba dispuesto a vender, pues para él era un alivio que el Estado se hiciera cargo del asunto", sostuvo el abogado de la inmobiliaria, Diego Pereira.

Pese a esto, el proceso fue interrumpido en julio de 2022, con la llegada de un correo electrónico del analista de expropiaciones de la Dirección de Vialidad, Omar López, en el que se informaba que la compra había sido desestimada "ante la imposibilidad de realizar la desocupación de las tomas por parte de la municipalidad".

¿Qué pasará con el acceso norte al puerto?

El gerente de Asuntos Públicos de la Empresa Portuaria de San Antonio (EPSA), Carlos Mondaca, admitió que la situación "genera un eventual atraso" en la construcción del acceso norte al puerto, pero afirmó que "de ninguna manera impacta en el proyecto de Puerto Exterior".

"El Estado está impulsando alternativas en modo rodoviario y ferroviario", expuso, detallando que estas iniciativas, sin ser parte del nuevo Puerto de Gran Escala, "serán de gran utilidad para cuando el puerto comience a crecer por etapas".

Por su parte, el presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial y Puertos del Consejo Regional, Manuel Millones, indicó que este lunes llevará al pleno su preocupación de que el ministerio "deje de ejecutar un importante proyecto de conectividad portuaria al no poder expropiar un terreno por la presencia de tomas y la falta de compromiso municipal para erradicarlas".

Por su parte, el abogado de la inmobiliaria señaló que es llamativa "la falta de voluntad política de la alcaldesa de apoyar el desalojo de los terrenos", considerando una controversia en que se vio envuelta en noviembre de 2022, cuando se divulgó un audio, de cuando ejercía como abogada privada, en que instruía a participantes en tomas a eludir la acción policial.