Investigan posible malversación de $10 mil millones para educación bajo mandato del exalcalde de San Joaquín

No sé sabría en qué se utilizaron ni dónde están. Son más de $10.210 millones destinados a obras de mejoramiento en los colegios municipales de San Joaquín y que beneficiarían a más de un millón de escolares. El problema es que estos saldos de subvención educacional no fueron rendidos ni justificados. Eso fue lo que la Superintendencia de Educación notificó en 2021 al alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra Bassa (IND),a pocos meses de asumir el cargo. Y es que el organismo que administró esos dineros hasta enero de 2020 fue la Corporación Municipal de Desarrollo Social de la comuna.

Ante la sospecha de un mal manejo de los fondos educacionales, en marzo del año pasado Labra presentó una querella por eventual malversación de caudales públicos, fraude y falsificación de documentos públicos en contra de la administración anterior. La investigación podría complicar a Sergio Echeverria (ex PS), quien fue alcalde de San Joaquín durante 16 años y presidente de la corporación municipal de Desarrollo Social durante el mismo tiempo.

En la querella, el municipio de San Joaquín pidió a la Fiscalía Regional Metropolitana Sur que citara a declarar a 11 ex funcionarios de la corporación de Desarrollo Social, y al ex alcalde Echeverría, para aclarar la falta de rendiciones de los dineros para educación.

“Pudimos identificar con claridad que el equipo ejecutivo de la Corporación tenía una posible responsabilidad directa, pero ello tiene que determinarlo el fiscal”, explica el alcalde Labra.

Sin comprobantes ni registros en cartolas bancarias

En el año 2020, la administración de la educación municipal de San Joaquín pasó de la Corporación de Desarrollo Social al Servicio Local de Educación Gabriela Mistral, una entidad dependiente del Ministerio de Educación que agrupa a los establecimientos educacionales públicos de La Granja, Macul y San Joaquín.

En el acta del traspaso de la administración, se estipulaba que no había deudas y que sólo faltaba “cerrar procesos de rendiciones de períodos más antiguos”, según consta en la querella. Sin embargo, el libelo menciona que, en realidad, la corporación “no entregó toda la información legalmente requerida en materia de traspaso, y, especialmente, de pasivos o rendiciones de subvenciones no realizadas”. En otras palabras, que no hay boletas o facturas que respalden los dineros entregados para mejorar la educación en la comuna.

Consultado por Mega Investiga, el ex alcalde de San Joaquín asegura que en el traspaso de la gestión sí se entregaron pendrives con los documentos y, aunque confirma que hubo un atraso en las rendiciones, dice que la cifra informada era un saldo “abultado” y que esto “constituye una falta administrativa y no es ningún delito”.

Aún así, este mes de enero, una auditoría de Contraloría verificó que hay un saldo de $9.111 millones que no tienen respaldo. Se trata de dinero de los fondos de apoyo a la Educación Pública (FAEP), la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y otras subvenciones para la educación municipal de San Joaquín.

El ente fiscalizador pudo comprobar que de ese monto, unos $6.809 millones no contaban con comprobantes, no estaban registrados en los libros contables ni en las cartolas bancarias de la corporación. Esa constatación difiere de las declaraciones del ex secretario general de la Corporación, Álvaro Medina, quien asegura a Mega Investiga que hasta 2019 había un saldo acumulado por rendir de sólo $2.500 millones.

La asesoría a las rendiciones que no se encuentran

La auditoría de Contraloría constató que la corporación contrató a un trabajador a honorario para asesorar la rendición de los programas de educación y los saldos financieros y contables, justamente los dineros que hoy están siendo investigados. Sin embargo, la entidad municipal no pudo demostrar que se hubiera realizado el trabajo.

Al revisar los contratos firmados por el prestador de servicios, el ente fiscalizador se dio cuenta de que se había pactado un pago de unos $15,6 millones para los 14 meses que contemplaba el trabajo. Pero la corporación municipal le pagó más de $20,8 millones sin ninguna justificación documental.

Ahora, se deberá remitir a Contraloría toda la documentación que dé cuenta del trabajo realizado, o la corporación municipal deberá restituir al Ministerio de Educación el dinero que le fue entregado.

Aunque el alcalde Labra afirma a Mega Investiga que ya encontraron los papeles de rendición de cerca de $6 mil millones, Contraloría remitió los resultados de su auditoría al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público, por considerar que los antecedentes podrían constituir delitos de corrupción.