Una sola oficialista y cuatro de oposición: definen comisión revisora de acusación constitucional contra ministra Siches

¿Qué pasó?

A través de un sorteo realizado durante la mañana de este martes en la Cámara de Diputadas y Diputados, se determinaron los diputados que conformarán la comisión revisora de la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Izkia Siches.

Cuatro de oposición y un oficialista

Los elegidos para formar parte de la instancia fueron los parlamentarios Christian Matheson (IND-Evópoli), María Candelaria Acevedo (PC), Natalia Romero (IND-UDI), Fernando Bórquez (UDI) y Cristhian Moreira (UDI).

Argumentos de la acusación constitucional

En el documento, que alcanza las 159 páginas, integrantes del Partido Republicano indican que determinaron ingresar el libelo acusatorio contra la secretaria de Estado "por comprometer gravemente el honor de la Nación, por comprometer gravemente la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución y las leyes, y por haber dejado estas sin ejecución".

"Acusar a la ministra Izkia Siches, por tanto, no es una alternativa más para estos legisladores, sino un verdadero deber - obligación, frente a nuestro país y la Constitución que juramos defender", agregaron, señalando que "no es una acusación contra una persona en particular, es contra el cargo, de quien es la responsable de la seguridad del país".

Adicionalmente, afirman: "Los diputados Republicanos estamos conscientes que la acusación constitucional, al momento de presentarla, no concita el apoyo de toda la oposición, ni menos del oficialismo. Si hoy contamos los votos, probablemente se rechazaría".

"Pero estamos confiados que en las próximas semanas vamos a poder hablar del fracaso del Gobierno en materia de seguridad, inmigración ilegal, narcotráfico y terrorismo, junto con discutir de qué manera la ministra Siches no ha ejercido su rol y ha vulnerado su mandato legal y constitucional", acotan.

Los cuestionamientos

En el primero de los siete capítulos que contiene esta acusación, cuestionan el retiro de 149 querellas presentadas por la Ley de Seguridad Interior del Estado contra detenidos por el estallido social. Luego, critican que no haya presentado denuncia tras el atentado del que fue víctima en Temucuicui.

También la acusan de "haber comprometido gravemente el honor de la Nación al utilizar, de manera imprudente e inoportuna, el concepto Wallmapu para referirse a territorio chileno y argentino, generando un impasse político y diplomático con autoridades de la República Argentina".

Por lo demás, denuncian que "acusó negligentemente al Estado de deportaciones masivas e ilegales de ciudadanos, amén de haberlas escondido. Lo hizo de manera jocosa, ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, desprestigiando nuevamente su cargo, mancillando el honor de Chile e incumpliendo la Ley, por la cual debería haber denunciado estos hechos ante la Fiscalía para su veracidad y no vertiendo estos dichos de la manera y el lugar donde lo hizo".

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