Uno estuvo ocho meses preso y era inocente: absuelven a dueños de cadena de restaurantes acusados de tráfico de personas

¿Qué pasó?

Tras un largo proceso judicial, fueron absueltos dos socios de la cadena de restaurantes “Lai Thai", quienes eran acusados del delito de tráfico de migrantes y trata de personas. La justicia determinó que estos hechos nunca pudieron ser probados, por lo que cuestionaron los peritajes y las pruebas presentadas por parte del Ministerio Público.

Ocho meses preso a pesar de la falta de pruebas

El año 2020, a través de una denuncia anónima realizada en la plataforma “Denuncia Seguro”, se inició una investigación contra los dueños de la cadena de restaurantes de comida tailandesa “Lai Thai”.

Desde el Ministerio Público se apuntaba a que los detenidos, el chileno Cristóbal Cox y el tailandés Jirawat Nantalankha, traían personas provenientes de Tailandia de manera irregular para trabajar ilegalmente en nuestro país. Sin embargo, estos hechos nunca pudieron ser probados por la justicia, generando un fuerte cuestionamiento en los peritajes realizados y las pruebas presentadas por la Fiscalía.

Mientras duró la investigación, al ser considerados un peligro para la sociedad, ambos acusados fueron puestos en prisión preventiva, y a pesar de que en un inicio el tribunal fijó un plazo de investigación de 70 días, Nantalankha estuvo preso, en total, durante ocho meses.

Según señala La Tercera, fue durante este tiempo en el que su medida cautelar fue cambiada por arresto domiciliario en dos ocasiones, aunque las dos veces la decisión fue revertida posteriormente por la Corte de Apelaciones de Santiago, a petición del Ministerio Público, teniendo que regresar nuevamente a la cárcel.

Por otro lado, Cristóbal Cox tuvo mejor suerte, y pasó casi todo el proceso bajo la medida cautelar de arresto domiciliario total.

Críticas a la Fiscalía

Según información del medio citado, tras declarar la absolución de los dos imputados el pasado jueves 7 de abril, la justicia aprovechó la instancia para emitir duras críticas a la investigación realizada por el Ministerio Público.

Por su parte, en su veredicto, las juezas a cargo del caso, Paula Rosales, Ruby Sáez y Katrina Chahín, señalaron que “no se puede soslayar que si lo indicado por los acusadores respecto del ingreso ilegal, incluye entonces, el acceder al país por pasos habilitados, con documentación verdadera, pero 'mintiendo' sobre la finalidad de viaje”.

A lo anterior, se suma la falta de pruebas en las imputaciones, ya que en el caso, se les acusó a los imputados de hacer que las personas declararan que venían de vacaciones a ver a un conocido, y no a trabajar, que era realmente el objetivo de los tailandeses.

Sin embargo, desde el año 2013, entre Chile y Tailandia existe un tratado que permite, entre otras cosas, que sus ciudadanos puedan viajar sin solicitar una visa. Por lo tanto, la defensa de los imputados explicaron que esta situación se daba porque las personas que llegaban no hablaban español, por lo que solo mostraban su pasaporte, se les timbraba y entraban como turistas.

Es debido a lo anterior, la falta de pruebas e irregularidades en el desarrollo del juicio y las acusaciones del Ministerio Público, que ahora el Estado arriesga una demanda y el pago de los costos legales del juicio.