La medida que podría frenar el explosivo aumento de robo a teléfonos celulares: Basta solo una ley para aplicarla

Los teléfonos celulares se han convertido en uno de los botines más apetecidos por los delincuentes, debido a su alto valor, bajo volumen y fácil reducción.

Inicialmente, los robos afectaban a personas, pero ahora los antisociales tienen como objetivo la distribución y/o almacenaje de los equipos.

Diego Rojas, gerente de la Asociación de Aseguradores de Chile, detalló a Modus Operandi que "estos no son delincuentes comunes, son empresas criminales que identifican su objetivo, tienen establecidos sus canales de venta y tienen cómo ocultar estas operaciones comerciales".

Se estima que 500 mil teléfonos celulares son robados cada año en Chile, lo que suma un avalúo de unos 100 millones de dólares, y el número de robos de grandes cantidades de estos dispositivos ha crecido exponencialmente, al igual que la violencia ejercida por sus autores.

Raimundo Prieto, gerente de Operaciones de la Asociación Logística de Chile, comentó al mismo programa que "con el tiempo, las empresas se empezaron a proteger y esto llevó a que los delincuentes avanzaran más y se pusieran más violentos. Esto ha llevado que en los últimos robos no ha sido extraño ver armamento, ha habido robos en algunos centros de distribución con chalecos antibalas, armamento, disfraces".

La propuesta para frenar este delito

Para los especialistas, el masivo robo de celulares podría terminar de una vez, mediante el uso de la tecnología, ya que cada teléfono tiene un número de fábrica que lo identifica, dato que permitiría a las compañías bloquear el equipo y dejarlo inutilizable.

Al respecto, Raimundo Prieto detalló que "cada teléfono tiene asociado un IMEI, que es un número de entre 13 y 14 caracteres que identifica plenamente a ese teléfono. Ese número, el teléfono lo acarrea con él, esté asociado a cualquier compañía de telefonía en cualquier parte del mundo".

El ejecutivo añadió que "lo que nosotros estamos buscando es que estos números, a través de las empresas operadoras, queden bloqueados para no poder ser utilizados. Esto es algo que se ha hecho en otras partes del mundo y que hoy día opera, es un tema técnico, pero permite que un teléfono robado, luego de ser ingresado a este sistema, se transforme en un ladrillo, no sirva, y con eso el delito se acaba".

Prieto remarcó que "la medida es tan simple como que se bloqueen los IMEI de los teléfonos robados. Tenemos que ver que cada transportista, cada centro de distribución o cada operador logístico lleve consigo los registros de los teléfonos que está transportando o almacenando, y en el momento en que suceda algún delito, levante esto y que la Subtel o quien corresponda haga el bloqueo y con eso se va a acabar el tema".

"Mientras no tengamos una ley que permita detener esto de raíz, no vamos a poder pararlo. El dinero que se obtiene de un golpe de robo de celulares es altísimo, ha habido robos que superan el millón de dólares. Al ser tanto el monto de dinero, la capacidad de los delincuentes sube mucho. El tema ha ido creciendo y si no lo detenemos va a seguir creciendo", enfatizó.

Ley que podría frenar los robos

Si la solución para acabar con el robo de celulares parece tan simple, ¿por qué no se ha hecho? Falta una ley que lo permita.

Alfie Ulloa, presidente ejecutivo de Chile Telcos, organismo que agrupa a las mayores empresas de telefonía móvil, expresó que "lo que ocurre es que nosotros no tenemos una normativa que estandarice ese número o que imponga una obligación de usar un estándar, eso requiere un reglamento de parte de la autoridad, no es ley".

Ulloa agregó que "hoy día tenemos un sistema que captura en parte esos números, pero no nos permite crear una lista negra de equipos reportados como robados, en parte porque no está estandarizado, porque nos falta un dígito verificador".

Finalmente, Diego Rojas manifestó que "nuestra propuesta es que los teléfonos celulares vengan bloqueados, es decir, tengamos la certeza de que no puede ser utilizado a no ser que después sea entregado y dado el check para que pueda comercializarse en el mercado".

Para las empresas cuyos trabajadores están expuestos a este delito, el tiempo corre en contra, ya que sienten que la violencia va en aumento y ha terminado, incluso, con la vida de personas.