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Contraloría rechaza decreto del Gobierno que buscaba que las FFAA realizaran control del orden público en macrozona sur

  • Por Meganoticias

¿Qué pasó?

Este jueves, la Contraloría General de la República informó que se declaró inconstitucional el decreto 249, impulsado por el Gobierno, que buscaba entregar facultades a las Fuerzas Armadas en la macrozona sur.

En específico, el Ejecutivo tenía como objetivo con esta medida que los uniformados cumplieran labores de prevención y de control de orden público en las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco.

¿Qué dijo la Contraloría?

"La Contraloría General de la República representó por inconstitucional el Decreto 249 enviado por el Ejecutivo este jueves 30 de septiembre, que buscaba autorizar a las Fuerzas Armadas para cumplir labores de prevención y control de orden público en las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco", indicó el organismo en un comunicado.

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"De acuerdo a la Constitución Política de la República, dichas labores están a cargo exclusivamente de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones", agregó.

En ese sentido, señaló que: "En virtud de tal disposición, no es posible autorizar mediante un decreto labores de prevención y control de orden público a las Fuerzas Armadas, existiendo otras vías institucionales para dicho objetivo".

Además, la Contraloría aclaró que está situación no aplicada para el decreto 265, que establece la colaboración en fronteras por amenazas exteriores, ya que no se trata de un conflicto interno de orden público.

El decreto

Según consignó Radio Bío Bío, el decreto buscaba "autorizar colaboración de las FFAA para apoyar a las autoridades civiles y policiales respecto de actos que se vinculen con la prevención del porte, la tenencia y el tráfico ilícitos de armas de fuego, la criminalidad organizada, el narcotráfico y el terrorismo".

Además indicaba que el Ministerio del Interior, en coordinación con Defensa, "decidirá los objetivos estratégicos de la misma y evaluará la manera en que las policías emplean la colaboración señalada".

Finalmente, delegaba al ministro de Defensa la facultad de suscribir los decretos supremos que "ordenen la organización y distribución de las unidades de Fuerzas Armadas".

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