Corte Suprema ordena indemnizar con $30 millones a hermanos víctimas de bullying

La Corte Suprema condenó a la Corporación Municipal de Castro a pagar una indemnización total de $30 millones por el maltrato escolar que sufrieron dos hermanos por parte de otro alumno en una escuela rural de Llau Llao.

La Tercera Sala del máximo tribunal anuló la resolución de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que rechazó la demanda y, en sentencia de reemplazo, condenó a la corporación municipal por falta de servicio, al incumplir el establecimiento bajo su cargo con el deber de garante y protector de los alumnos.

El fallo sostiene que “el establecimiento educacional tiene una ‘posición de garante’ en lo que refiere a prevenir el acoso escolar, debiendo adoptar las medidas oportunas, necesarias y proporcionales, tendientes a mantener y propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia, particularmente entre sus estudiantes con el fin de proteger a sus pupilos, de manera tal que, si por la omisión de conductas adecuadas por parte del demandado, se produce la afectación física o emocional de los niños agredidos, se infringe por parte del demando un deber jurídico, pues existe una especial obligación legal para su actuar”.

El documento detalla que los hechos comenzaron en 2014, año de “ingreso del niño agresor al colegio” a cuarto básico, donde según consta en su hoja de vida, “mantuvo conductas disruptivas y violentas en contra de los niños e incluso profesores del establecimiento”.

“El actuar del establecimiento educacional fue tardío”, indica el fallo y agrega que “las medidas que adoptó respecto de la situación descrita, solo se verificaron desde ‘mediados de 2015’ y, por tanto, no es posible aceptar su alegación, en cuanto a que tomó conocimiento de los hechos con esa fecha, porque conforme a lo acreditado, la mala conducta del pupilo agresor, era una situación conocida por ellos porque estaba plasmada en su hoja de vida desde el año 2014”.

En total, el máximo tribunal del país estableció una indemnización de $30 millones: $5 millones para cada uno de los padres y $10 millones para cada uno de los niños.

“La directora no le dio importancia”

Eva Santana, madre de los niños afectados, señaló que “el primer reclamo que hicimos fue el mismo 2014, cuando el menor la forzó a dar el primer beso. La directora no le dio importancia, nos dijo que era un juego, sin embargo, para mi hija no se trató de un juego”.

“Ahí comenzaron las pesadillas, las crisis de angustia, sus dolores de estómago, etcétera”, contó la mujer.

Incluso recordó que “mi hija llegó llorando desconsolada a contarme que ese niño la había forzado a darle un beso en la boca en la sala de computación y que, a pesar de sus gritos de auxilio nadie la ayudó”, consignó LUN.

Hostigamiento contra el hermano

Por otro lado, en 2015 el hermano de la niña pasó a primero básico y fue entonces que el mismo alumno comenzó a hostigarlo a él también.

“Me dijo llorando que el mismo menor le pegaba, lo ahorcaba, lo perseguía, lo encerraba en el baño, lo tenía amenazado”, indicó Eva.

Pese a los reclamos, hasta 2016 todo seguía igual e incluso reveló que su hija le dijo que quería matarse. “Les pedía que por lo menos la cambiaran de asiento pues el menor se sentaba atrás de ella pero ni siquiera eso eran capaces de hacer”, sostuvo.

Según la madre, sus hijos de ahora 13 y 15 años superaron el episodio, sin embargo, aún recuerda lo sucedido.

“Yo boté lágrimas de sangre por mis hijos. Todavía recuerdo y me dan ganas de llorar porque fue terrible lo que nos hicieron. Los había educado para que siempre respetaran a los mayores y los mayores no fueron capaces de respetarlos”, concluyó.