Adjudicaciones fraudulentas en Minvu: Exjefe de proyectos dice a fiscal que vio "buena oportunidad de negocio"

“Nunca pensé que fuera delito por el cual podía irme preso”. En tres ocasiones, Marco Rivas Rivas, ex jefe y evaluador de proyectos informáticos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo declaró ante el Ministerio Público en el marco de la indagatoria que lidera el fiscal Francisco Ledezma y que va detrás de una presunta red de corrupción al interior del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Rivas fue formalizado -junto a otros 7 funcionarios públicos- en diciembre pasado y desde esa fecha se mantiene en prisión preventiva. La fiscalía le atribuye el haber recibido pagos o coimas para adjudicar de manera ilícita proyectos de desarrollos informáticos para la repartición, adjudicándole- según se ha sostenido en audiencias- ganancias por casi $500 millones.
En su testimonio judicial ante los investigadores- a la que Meganoticias tuvo acceso exclusivo- el ingeniero reveló el supuesto modus operandi de esta trama que habría incluido la creación de sociedades, adulteración de curriculums y hasta pagos a familiares.

¿Cuál era el modus operandi?

“Como era una buena oportunidad de negocio esto de hacer los desarrollos informáticos por nosotros mismos, decidimos constituir una empresa que pudiera asociarse con alguna otra empresa que tuviera Convenio Marco”. Así, el ingeniero arrancó su declaración judicial del 30 de enero pasado, entregando detalles de quiénes y cómo habría surgido la idea de asegurar adjudicaciones en el marco de la licitaciones.
Dijo que junto a un exfuncionario del ministerio de Economía y Willy Conejeros- también imputado del caso- acordaron asociarse y crear la empresa “ Ingeniería y Servicios” con la idea de que esta sociedad le facturara a otra empresa incluida en el listado oficial de proveedores del Estado.
Emergya, por ejemplo, es una de las cuatro sociedades que formaban parte de esta lista, cuyo rol en el engranaje del fraude habría consistido en participar en las licitaciones, pero no prestar los servicios. Todo esto, a cambio de un porcentaje del valor del proyecto.

A Conejeros, pieza clave en este caso, la fiscalía le atribuye pago de sobornos a funcionarios del Minvu.

“Willy Conejeros era la cara visible de la empresa. Él tenía contacto con los trabajadores. Determinaba los sueldos. Se relacionaba con los jefes de proyecto (...) También se relacionaba con Emergya. Realizaba los pagos desde la cuenta vista o chequera electrónica. También hacia los cobros de los pagos de cada proyecto”, indicó Rivas.

Comentó, además, cómo luego se fueron agregando más actores a esta compleja trama.

“Recuerdo que, estando en el Minvu, se me acercó mi jefa María Cristina González ( jefa de Rivas y encargada de la Plataforma Tecnológica de Subsidios del Minvu, también imputada) y me comentó que sería buena idea formar una empresa que pudiera adjudicarse proyectos del Minvu para desarrollarlos por nosotros mismos y así ganarse el dinero”. Una de las primeras tareas-aseguró Rivas- fue contactar a empresas que tuvieran el Convenio Marco, pero que no tuvieran contratos con el Minvu.

Luego- agrega- “planteé la posibilidad de incorporar en la distribución de las ganancias a María Cristina, indicándoles que era importante para que pudieran resultar las adjudicaciones de las empresas en el Minvu. Si ella no estaba de acuerdo o quería vetar nuestra empresa sería muy difícil adjudicarnos algún contrato. Por lo mismo acordamos pagarle el 10% del valor del proyecto a María Cristina González”.

Según ha estimado la fiscalía, por estas operaciones, María Cristina González habría obtenido 218 millones de pesos (218.824.730)

“¿Usted sentía no estar inhabilitado para actuar como jefe de proyecto, evaluador de oferta, miembro de comisión evaluadora de procesos de selección en los que participaban Emergya, Gplus, Consux, Altiuz y Megadata?”, preguntó el fiscal Ledezma al imputado.

“Yo me sentía inhabilitado, porque efectivamente tenía un interés y relación con las empresas (...) Debo señalar en todo caso que no sabía que era tan grave. A lo más pensaba que podían despedirme del Ministerio. Nunca pensé que fuera delito por el cual podía irme preso”, contestó.

Sobre a su rol para asegurar o favorecer las adjudicaciones de las empresas indicó que era él, quien en el caso de Emergya, preparaba las ofertas técnicas y económicas.

“Cocinando” currículums y asegurando adjudicaciones

“¿Qué significa el término ‘cocinar curriculums?”, preguntó hacia el final de la declaración la fiscalía. “ Era modificar y adulterar curriculum de profesionales, específicamente agregando conocimientos técnicos y experiencia laboral, como asimismo, en casos menores modifiqué años de titulación, lo que iba de la mano con la modificación misma en el propio de certificado de título profesional”, contestó Rivas.

“Es decir, yo preparaba los curriculums de los profesionales y adjudicaba los certificados de título. Respecto de los curriculums en varias oportunidades yo los redactaba de manera que cumplieran con los requisitos exigidos en las invitaciones a cotizar o intenciones de compra (...) Debo señalar que no conocía a todos los profesionales que incluíamos en las ofertas que preparé. Es decir, sabía que en caso de ser ser adjudicada la oferta, ellos no trabajarían en ésta debiendo ser reemplazados posteriormente por otros. Es más, ellos ni siquiera sabían y probablemente hasta ahora no saben que fueron ofrecidos en algunas de las propuestas de Emergya”, añadió.

El exfuncionario describió también las maniobras para asegurar las adjudicaciones de las órdenes de compra inferiores a 1.000 UTM. “Al momento de emitir las invitaciones a cotizar invitábamos a empresas que nosotros sabíamos que no iban a presentar ofertas (...) En el caso que esas empresas presentaran ofertas las revisábamos con lupa y siempre encontrábamos algo para descartarla”, concluyó.

Decenas de escuchas telefónicas y cientos de órdenes de compras son parte de las pruebas que ha reunido el Ministerio Público.Por este caso, actualmente hay 21 personas formalizadas. Las pesquisas continúan y aún no hay certeza de los montos defraudados. Lo concreto es que la fiscalía va también tras otras reparticiones públicas para determinar si se repitió o no el mismo modus operandi.