CIDH informa "grave crisis en materia de DDHH" en Chile y recomienda reformar Carabineros

¿Qué pasó?

Tras su segunda visita a Chile, este viernes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer los resultados preliminares del informe elaborado en dicha materia.

¿Qué dijo el CIDH?

"Yo quiero reconocer que fue una conquista de la sociedad chilena, quiero además partir de una idea central que tiene la comisión, que es el reconocimiento que hoy Chile vive una situación de grave crisis en materia de Derechos Humanos", señaló la presidenta de CIDH, Esmeralda Arosemena.

Demandas sociales

El relator del CIDH, Joel Hernández, informó que: "la comisión pudo observar la existencia de una sociedad civil vibrante y consciente de sus derechos, solidaria y movilizada alrededor de sus demandas".

"La comisión reconoce la legitimidad de las demandas históricas, en particular sus reivindicaciones respecto a la desigualdad en el ingreso, el acceso a la educación, a la salud, a la seguridad social, al agua y otros derechos sociales", añadió.

Derechos humanos

Hernández sostuvo que: "el Estado de Chile tiene deudas históricas en relación a la Justicia, por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en su pasado. Persisten en el ordenamiento jurídico normas que constituyen obstáculos a la sanción de los más graves crímenes perpetrados en la dictadura militar".

En ese sentido, subrayó que: "la perpetuación de la impunidad de las graves violaciones afecta, no sólo a las víctimas de tales violaciones y sus familiares, sino que a toda la sociedad, debido a que transmite una señal de tolerancia a hechos de esta naturaleza".

"La CIDH recibió testimonios de afectados directos (de las manifestaciones) y observó documentos audiovisuales de los que se desprende que se han producido disparos de perdigones y de cilindros de gas en dirección al cuerpo, cuello y rostro de los manifestantes", afirmó.

Mujeres

"Respecto a la defensa de los derechos de las mujeres, las instituciones del Estado informaron sobre desnudamiento forzados, sentadillas, amenazas de violación a adolescentes y mujeres, incluso embarazada", indicó.

Sin embargo, afirmó que: "la mayor parte de estos caso no han sido formalmente denunciados a la Justicia, debido a las estigmatizaciones y estereotipos que persisten sobre las víctimas de este tipo de delitos, el temor a las represalias y la desconfianza a las autoridades".

Comunidad LGBTI

El relator dijo que la CIDH "recibió información que da cuenta de la especial afectación de actos de violencia por parte de agentes del Estado, en el contexto de la protesta social, sobre la comunidad LGBTI".

"En ese sentido, la comisión encontró extremadamente preocupante los actos de discriminación y violencia contra personas LGBTI", manifestó.

Pueblos indígenas

Además, señaló que se observó "la situación de pueblos indígenas en Chile y sus demandas históricas, entre las cuales se encuentra la de reconocimiento constitucional y las críticas al modelo económico basado en la explotación de los recursos naturales".

"El CIDH, durante su visita, recibió testimonios sobre amenazas, maltratos privaciones de libertad, uso de armas no letales, tales como gases lacrimógenos y escopetas con balines, en perjuicio de adultos, adultos mayores, niños y niñas y adolescente indígenas, que han tenido un impacto diferenciado en esa población debido a su situación de exclusión histórica", detalló.

Migrantes

En cuanto a los migrantes, explicó que: "la comisión recibió información acerca del aumento de discursos estigmatizantes en su contra, inclusive por parte de agentes del Estado, en particular desde el estallido social".

"El CIDH recibió testimonios dando cuenta de hostigamientos, seguimiento en sus domicilio, detenciones y expulsiones", afirmó.

Recomendaciones

• Terminar de inmediato el uso desproporcionado de la fuerza por parte de Carabineros de Chile, en el marco de propuestas sociales.
• Llevar a cabo una reforma institucional integral de Carabineros de Chile, para adecuar la actuación de dicha institución a los principios de seguridad ciudadana y de respeto de derechos humanos.
• Asegurar que las fuerzas de seguridad intervengan para proteger y controlar el desarrollo de las manifestaciones y que tengan como prioridad la defensa de la vida y la integridad de las personas, absteniéndose de detener arbitrariamente a manifestantes o de violar sus derechos en cualquier otra forma, de acuerdo a los protocolos vigentes.
• Los funcionarios públicos tienen el deber de abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen o inciten a la violencia contra defensoras y defensores o que sugieran que las organizaciones actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de participar en una protesta.
• El Estado debe garantizar la libertad de culto o religión, así como de expresión del pensamiento.
• El Estado debe proveer con urgencia programas de reparación integral a las víctimas.
• Identificar los daños a particulares afectados y establecer un fondo para proporcionar apoyos adecuados.
• Adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso a la Justicia por parte de todas las personas que se han visto vulneradas en sus derechos.
• Fortalecer los órganos autónomos y las instituciones del Estado con mandato en la investigación, protección y promoción de los derechos humanos.
• Fortalecer la coordinación interinstitucional e interministerial, así como con representantes de la sociedad civil, con el objeto de fortalecer el funcionamiento del sistema protección de derechos humanos.
• Elaboración de un informe sobre los hechos acaecidos a partir del 18 de octubre del 2019 y su contexto, por parte de un mecanismo independiente y que contemple la participación social.
• Abstenerse de detener o procesar penal o disciplinariamente a manifestantes, defensores de los derechos humanos, dirigentes sociales o estudiantiles, por el sólo hecho de expresar una crítica, una denuncia verbal o cualquier otra expresión.
• Fortalecer el contenido y protección de los Desca (derechos económicos, sociales, culturales y ambientales).
• Ratificar el Protocolo Adicional sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, y la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia Pública, además del Acuerdo de Escazú.
• Abstenerse de aplicar la legislación antiterrorista y la ley de Seguridad del Estado a los actos que no tienen ese carácter.
• La aprobación de nuevas figuras penales que puedan afectar los derecho vinculado a la protesta social deben estar formulados sin ambigüedades.
• Elaborar e implementar una política para promover el respeto a los derechos de las personas LGBTI y su aceptación e inclusión social.
• Adoptar las medidas necesarias para establecer bajo la tutela del ministerio de la Mujer mecanismos de acceso a la justicia para mujer y niñas, víctimas de violencia en el contexto de las protesta sociales.
• Adoptar un código especial de niñez, para incluir la creación de un sistema de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
• Adoptar todas las medidas razonables y positivas que sean necesarias para prevenir, eliminar y revertir, o cambiar, las situaciones discriminatorias que perpetúen la estigmatización, los perjuicios, las practicas de intolerancia y la criminalización contra las personas, sobre la base de su situación migratoria, orientación nacional, falta de nacionalidad o cualquier otra situación.

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