Nacional

Contraloría descubre anomalías en Defensoría Penal Pública y ordena sumario por falta de control

  • Por Mario Valle

Por Jorge Molina Sanhueza

La Contraloría ordenó la realización de un sumario administrativo en la Defensoría Penal Pública (DPP), luego que estableciera que no se aplicaron multas por 900 UF, a empresas licitadas que patrocinan a imputados de las zonas norte y sur de Santiago, que se ubican dentro de las más grandes de Chile.

De acuerdo al informe 335/2017 que publica Ahoranoticias.cl, la entidad de control advirtió que de no cursar las sanciones, realizará el llamado “juicio de cuentas”, es decir, procederá al cobro a la DPP por 1.600 UF, poco más de 42 millones. En general, dicho cobro apunta a la responsabilidad de la máxima jefatura.

Lo acreditado por el organismo de control, apunta a que las firmas habrían omitido la entrega de informes semestrales, existencia de contratos directos e incumplimientos de metas referidas a las entrevistas con imputados privados de libertad. En suma, anomalías en los sistemas de control de gestión con los privados.

Según la Contraloría, se trataría de Sociedad Defensas Penales y Penitenciarias Lorca y Robles Limitada y la abogada María Aguilera Fortes. Se suman también la Sociedad de Defensas Legales, Asesorías Legales Legis y Mauricio de la Hoz. A ninguno de los mencionados se le cursaron las multas.

Asimismo, el organismo constató que las defensorías Regionales Norte y Sur, suscribieron contratos directos, entre otras, con Defensa Jurídico Penal (DJP). Esta firma -ligada a la DC- fue una de las que más licitaciones ganó al inicio de la reforma en la Región Metropolitana en el 2005, pero el año pasado, debió terminar anticipadamente el contrato con la DPP, ya que enfrentó una severa crisis financiera, no pudiendo incluso pagar a los abogados contratados. Actualmente no mantiene vínculo con la Defensoría. Su actual página web indica que sus oficinas funcionan en la Universidad Miguel de Cervantes, cuyo rector es el dirigente falangista, Gutenberg Martínez, esposo de la exministra de Justicia y exparlamentaria Soledad Alvear.

Al respecto, el jefe Jurídico de la DPP, Álvaro Paredes, explicó a este medio que, siguiendo la orden emanada de la entidad de control, se ordenaron las indagatorias administrativas correspondientes que incluyen a las zonas sur, norte y también en la Defensoría Nacional.

Paredes indicó que el fiscal a cargo del proceso interno, indagará cómo se gestionaron los contratos con las empresas aludidas y sobre esa base se determinará si corresponden aplicar las multas en su totalidad.

“Los procesos sancionatorios están en curso... podría haber reducción de la multa, aplicación completa o incluso absolución”, indicó.

Y recalcó: “La Contraloría, de todas formas no hizo observaciones ni cuestionamientos a los pagos en cuestión. Es decir, aquí no se han usado de forma incorrecta los recursos ni menos se fueron al bolsillo de alguien”.

El profesional indicó que la Defensoría tiene una mirada distinta, respecto de los cuestionamientos emitidos por la Contraloría a los tratos directos objetados en el informe.

Manifestó que la entidad debe enfrentar la llamada “necesidad de cobertura”, es decir, aumento de casos o bien aparición de tribunales nuevos. Una licitación, indicó, demora al menos un año para ser resuelta con todas las de la ley.

Por lo anterior, se evalúa solicitar un pronunciamiento a Contraloría, con la finalidad de que -a través de un dictamen- emita un criterio general.

Vea el informe final de Contraloría 

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