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Rastafari denuncia que funcionarios de prisión en EEUU le cortaron sus rastas sin consentimiento: Ley protege derechos religiosos

¿Qué pasó?

Damon Landor, un devoto rastafari que en 2020 comenzó a cumplir una condena de cinco meses por posesión de drogas, planea iniciar un proceso legal tras denunciar que funcionarios de prisión en Louisiana lo raparon por la fuerza semanas antes de su salida en libertad, violando su libertad religiosa.

Landor había hecho años antes un voto religioso de no cortarse el cabello, en consonancia con su fe rastafari. Además, contaba con una sentencia de un tribunal de apelación de 2017 que permitía a los presos conservar sus rastas en prisión.

No obstante, los guardias ignoraron el fallo judicial, destruyeron el documento, lo esposaron a una silla y le afeitaron la cabeza por la fuerza, según relata la demanda a la que accedió CNN.

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Una batalla legal por la libertad religiosa

Tras recuperar la libertad, Landor demandó a los funcionarios por daños y perjuicios, invocando una ley federal que protege los derechos religiosos de los reclusos. Sin embargo, tribunales inferiores desestimaron su demanda, alegando que esa ley no permite reclamar indemnización por daños contra funcionarios públicos en lo individual, aunque reconocieron que Landor fue víctima de un “grave agravio legal”.

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, condenó “enfáticamente” el trato recibido por Landor, pero se vio obligado a fallar en su contra debido a un precedente judicial previo.

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La Corte Suprema vuelve a intervenir

La Corte Suprema ya había sentado un precedente en 2020, al fallar que una ley similar —con lenguaje casi idéntico— sí permitía reclamar daños y perjuicios por violaciones a la libertad religiosa cometidas por funcionarios públicos. Este lunes, aceptó estudiar el caso ante una eventual demanda.

“Sin un recurso por daños y perjuicios, los reclusos a menudo se quedarán sin una protección significativa para su ejercicio religioso”, argumentaron los abogados de Landor en documentos judiciales.

Según su defensa, la única vía de reparación por lo sufrido —ya que la violación fue irreversible— es una compensación económica, pues Landor fue liberado tan solo tres semanas después del incidente.

“La norma de no indemnización garantizó que los funcionarios demandados no tuvieran que responder por violar los derechos religiosos de un preso”, afirmaron sus abogados.

Una demanda que podría afectar la operación en prisiones

Por su parte, los abogados del estado de Louisiana pidieron a la Corte Suprema que rechazara el caso, alegando que Landor puede recurrir a la legislación estatal. También advirtieron que permitir estas demandas federales podría afectar la operación de las prisiones y dificultar la contratación de personal.

“Ponerse del lado de Landor casi con toda seguridad agravaría el problema al reducir los niveles de personal y disuadir a los solicitantes de empleo”, aseguraron.

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