Gobierno por suspensión de licitación del litio: "Responderemos con las herramientas y plazos que nos entrega la ley"
¿Qué pasó?
El Ministerio de Minería se refirió a la orden de no innovar dictada por la Corte de Apelaciones de Copiapó, tras acoger un recurso de protección presentado por el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, en contra de la licitación del litio.
Con la decisión del tribunal de alzada se suspendió el proceso de licitación de contratos de explotación, exploración y beneficio del elemento.
¿Qué dijo el Ministerio de Minería?
"El Ministerio de Minería ha sido notificado de la orden de no innovar decretada por la Corte de Apelaciones de Copiapó ante un recurso de protección presentado por la Gobernación Regional de Atacama en contra del proceso de licitación nacional e internacional para aumentar la producción de litio", señaló la cartera en un comunicado.
En ese sentido, recalcó que "respetamos las resoluciones del Poder Judicial. Sin perjuicio de ello, nos encontramos analizando los antecedentes y responderemos conforme a las herramientas y plazos que nos entrega la ley".
Medida temporal
"Cabe precisar que la orden de no innovar no significa la cancelación definitiva de la licitación en curso. Sólo implica que esta se suspende temporalmente mientras se resuelve el presente recurso", afirmó el Ministerio.
Finalmente, sostuvo que "el Ministerio de Minería reitera que la licitación nacional e internacional para aumentar la producción de litio ha sido un proceso abierto, informado, transparente y que ha cumplido con toda la legalidad vigente".
El recurso
La acción presentada por el gobernador Vargas fue interpuesta contra el ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, y del subsecretario de Minería y presidente del Comité Especial de Licitación (CEL), Edgar Blanco, con el objetivo de que se suspendan los efectos que produzca el "Acta de apertura de las ofertas económicas de la licitación pública nacional e internacional para suscripción de un contrato especial de operación para la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio".
En el documento se señala que el proceso llevado a cabo por el Ejecutivo vulnera los derechos de igualdad ante la ley, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación; y a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público y la seguridad nacional, respetando las normas legales que lo regulan.
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