Caso Junaeb: Fiscalía gana batalla y Calisto, Gutiérrez y Gahona no tendrán acceso a causa por coimas en 6 meses

Un nuevo capítulo de la investigación por presuntas irregularidades y eventuales pagos de coimas vinculados a contratos de alimentación escolar de Junaeb, dados a conocer en exclusiva la semana pasada por Mega Investiga, se desarrolló este miércoles en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Esta vez, la controversia se trasladó desde los allanamientos e incautaciones ejecutados la semana pasada hasta el acceso que tendrán las defensas a los antecedentes de una causa que, según quedó establecido durante la audiencia, se encuentra bajo una estricta reserva investigativa debido a que entre los delitos indagados figura el lavado de activos.

La audiencia de cautela de garantías fue solicitada por las defensas de algunos de los imputados afectados por los allanamientos e incautaciones de la semana pasada. Comparecieron, entre otros, el abogado Samuel Donoso, en representación de Darío Calderón; Diego Ibáñez, por el exdiputado Hugo Gutiérrez; y el abogado Nelson Salas, en representación del senador Miguel Ángel Calisto.

Tras cuatro horas de alegatos, el tribunal finalmente rechazó las solicitudes de las defensas, decisión que fue valorada por la fiscal de Alta Complejidad Oriente Constanza Encina, quien encabeza las diligencias.

La reserva por lavado de activos

Uno de los principales antecedentes que quedaron expuestos durante la audiencia es que la investigación contempla el delito de lavado de activos, circunstancia que mantiene bajo reserva la carpeta investigativa por un período de 6 meses.

La fiscal Encina evitó precisar quiénes de los imputados están siendo investigados específicamente por ese ilícito.

“En este momento no me voy a referir a ninguno de esos aspectos, ya que la investigación, como ya le señalé, está en carácter de reservada”, sostuvo tras la audiencia.

La persecutora explicó que las defensas buscaban no solo acceder a antecedentes de una investigación actualmente sometida a reserva, sino también establecer límites previos respecto de la revisión de los dispositivos electrónicos incautados durante las diligencias.

“Las defensas querían, de cierta forma, no solo acceder al contenido de una investigación que en este momento se encuentra bajo una reserva legal estricta que dispone la ley de lavado de activos, a la cual, por cierto, nos opusimos, sino que también, y principalmente, querían, de alguna forma, que se limitara el acceso a la revisión de la evidencia que fue incautada”, afirmó.

Entre esa evidencia se encuentran principalmente teléfonos celulares y computadores requisados durante los allanamientos realizados en el marco de la investigación.

Según Encina, el tribunal compartió la posición del Ministerio Público respecto de que corresponde a la Fiscalía determinar qué información resulta pertinente para la causa.

“Es el Ministerio Público el que debe cerciorarse de que aquella información que sea pertinente y útil ingrese a la carpeta de investigación”, señaló.

“Vamos a poder realizar la investigación conforme a los criterios que utilizamos, vamos a poder acceder a aquello que necesitamos, y eso es lo que nosotros queríamos”, agregó.

La preocupación por el secreto profesional

Uno de los puntos discutidos durante la audiencia fue el eventual acceso de los investigadores a comunicaciones protegidas por el secreto profesional entre abogados y clientes.

Ese fue precisamente el argumento levantado por la defensa del exdiputado y abogado Hugo Gutiérrez.

Su abogado, Diego Ibáñez, explicó que la solicitud buscaba establecer reglas para impedir que la revisión de los dispositivos terminara exponiendo conversaciones de Gutiérrez con sus clientes que no tengan relación con la investigación.

Según sostuvo, Gutiérrez mantiene comunicaciones profesionales con una amplia cantidad de personas y la defensa pretendía resguardar únicamente ese contenido.

“En ningún caso se intentó limitar el acceso a la evidencia que pueda llegar a tener la Fiscalía respecto a los delitos que se están investigando”, afirmó.

Ibáñez agregó que Gutiérrez “está abierto a que se investiguen los delitos respecto de él” y que la preocupación planteada ante el tribunal estaba relacionada con el secreto profesional y la privacidad de terceros.

Aunque la jueza rechazó las solicitudes, la defensa destacó que la extracción de información deberá ajustarse a los criterios existentes en el Ministerio Público para el tratamiento de evidencia digital y que, si posteriormente detectan vulneraciones de derechos, podrán nuevamente recurrir al tribunal.

“No sabemos nada de por qué se les acusa”

Más crítico fue el abogado Samuel Donoso, defensor del también abogado Darío Calderón, quien cuestionó el nivel de reserva impuesto sobre la investigación después de que se ejecutaran diligencias intrusivas contra los imputados.

“Aquí estamos frente a una investigación donde las defensas no pueden conocer absolutamente nada. Les allanaron las casas, les allanaron las oficinas, les incautaron los teléfonos, les incautaron los computadores, y no sabemos nada de por qué se les acusa, nada, absolutamente nada”, afirmó.

Para Donoso, esa situación afecta las garantías de los investigados.

“Eso no es propio de un Estado democrático de derecho”, sostuvo.

El abogado incluso comparó la situación con lo resuelto anteriormente por la Corte de Apelaciones de Antofagasta en el caso ProCultura y afirmó que este tipo de persecución penal “nos recuerda otros tiempos de nuestro país, otros tiempos oscuros”.

Consultado posteriormente sobre esa comparación, Ibáñez tomó distancia.

“Me parece que hacer referencia a esa época es desproporcionado debido a que estamos hablando de violaciones a los derechos humanos graves, que en muchos casos constituyen delitos de lesa humanidad, y estamos un poco lejanos a eso”, señaló.

Defensa de Gutiérrez: “No sabemos qué contiene esa resolución”

La defensa de Hugo Gutiérrez planteó además otra controversia: aseguró que hasta ahora el exparlamentario no habría tenido acceso a la resolución judicial que autorizó la incautación de sus dispositivos.

“El abogado Gutiérrez no ha accedido en ningún momento a la resolución que dispuso que él tenía que entregar sus dispositivos cuando se presentó ante la Policía de Investigaciones. Tampoco le hicieron saber el contenido de la resolución, no se la mostraron hasta el día de hoy”, sostuvo Ibáñez.

Según el abogado, fue recién durante la audiencia de este miércoles cuando conocieron formalmente que la indagatoria incluye lavado de activos.

“No sabemos qué contiene esa resolución y qué delitos o qué hechos están investigando respecto de él. Recién hoy nos enteramos que hay un delito de lavado de activos que instituye el secreto de toda la carpeta investigativa por seis meses”, afirmó.

La defensa anunció que solicitará ahora formalmente la resolución que autorizó las diligencias.

El resultado de la audiencia, sin embargo, mantiene por ahora el escenario favorable a la estrategia investigativa del Ministerio Público: las cautelas de garantías fueron rechazadas, la Fiscalía podrá continuar examinando los dispositivos incautados y la investigación seguirá sometida a reserva mientras se desarrollan las diligencias por los delitos que indaga la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente.

Todo sobre Mega Investiga