Otra ministra bajo la lupa: Carolina Arredondo se suma a lista de autoridades cuestionadas por compra de casa de Allende

No había finalizado aún la primera semana de 2025 cuando el Gobierno tuvo que echar marcha atrás al proyecto que buscaba adquirir la casa de Guardia Vieja del presidente Salvador Allende y transformarla en un museo.

Pero esta decisión no logró cerrar lo que sería una nueva arista de cuestionamientos para el Ejecutivo, la cual abrió incluso una investigación penal en manos del regional de Coquimbo, Patricio Cooper, y se transformó en la primera gran controversia del año.

Durante enero, y los primeros días de febrero, se han conocido nuevos antecedentes que apuntan a que en el largo proceso de adquisición de la propiedad hubo alertas. Señales que en un inicio se creía que eran solo por temas comunicacionales, pero cada vez crece más la certeza de que también fueron por problemas jurídicos.

Este miércoles, Mega Investiga reveló la existencia de una minuta visada por la jefa de gabinete del Servicio Nacional de Patrimonio, Paz Carmona. Según fuentes de este medio, dicho documento fue enviado al jefe de gabinete de la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo.

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Un hecho que ha instalado a la ministra Arredondo como un blanco de críticas por su participación en el proceso de compra y las alertas que habría recibido sobre el mismo a través de los integrantes de su gabinete.

Desde el Gobierno aseguraron que se trata de antecedentes que están en manos de la Fiscalía y que hay sumarios en curso que determinarán las responsabilidades del caso. “Nosotros no tenemos, todavía los elementos como para descartar o afirmar esos elementos, pero la investigación es la que nos va a revelar en definitiva la verdad de los acontecimientos y de ahí van a surgir las definiciones de qué es necesario hacer”, señaló esta mañana la ministra del Interior, Carolina Tohá.

De Cultura a Bienes Nacionales: el cambio de presupuesto y de foco

Las primeras gestiones para la compra del inmueble del exmandatario se remontan a septiembre de 2023. En ese entonces, el Ministerio de Cultura solicitó un incremento presupuestario a presidencia, con el fin de obtener recursos para la adquisición de ambas casas presidenciales.

Según se lee en la minuta, la solicitud fue respondida por la Dipres, que poco después envió un correo al Ministerio de Cultura, donde “queda de manifiesto que Dipres autorizó presupuesto para la compra de una casa presidencial, y no de dos tal como fue solicitado, dejando abierta la decisión de cuál comprar”.

Los recursos fueron visados por la cuarta subcomisión mixta de presupuestos el pasado 25 de octubre de 2023, sesión donde participaron, entre otras, la ministra Arredondo; la subsecretaría de Patrimonio, Carolina Pérez; y la Directora del Serpat, Nélida Pozo. Fue esta última directora quien dio a conocer una presentación que dejaba en evidencia la intención de adquirir la propiedad del expresidente Allende, ubicada en la calle Guardia Vieja.

Para septiembre de 2024, el escenario cambió. La directora del Serpat envió un oficio a la Dipres manifestando la intención de adquirir las casas de los expresidentes Allende y Aylwin, “conforme lo instruido por la Presidencia de la República”. La solicitud implicaba una reducción en el presupuesto de ese Servicio, para que los recursos fueran trasladados a Bienes Nacionales y fuera este Ministerio el que concretara la compra.

Así, el 27 de septiembre, el Ministerio de Bienes Nacionales, encabezado en ese entonces por Marcela Sandoval, informó favorablemente la adquisición de los inmuebles.

El hecho de que los pasos para concretar la adquisición del inmueble hayan quedado radicados en el Ministerio de Bienes Nacionales, han dejado a la exministra Sandoval en una compleja posición, no solo por su salida del Gobierno, sino también en medio de la investigación que lleva adelante el fiscal Cooper, donde figura como imputada.

Sin embargo, los antecedentes conocidos hasta ahora, también apuntan a otras autoridades que habrían estado al tanto de los problemas comunicaciones y jurídicos que conllevaba la compra de la casa del exmandatario, entre ellas, la actual Ministra de Cultura.

Cuestionamiento de Diputados: piden que asista a comisión

Los hechos expuestos los últimos días han generado que se traspase la atención hacia el Ministerio de Cultura, no solo por el eventual rol de la ministra Arredondo, sino porque las gestiones realizadas por el Serpat parecen dar cuenta de advertencias que estuvieron desde que se analizó en primera instancia la propiedad de la casa.

“Siempre lo sostuvimos, la relevancia de conocer la opinión del Servicio de Patrimonio, pues es esta institución la encargada de decidir técnicamente qué bienes son considerados patrimonio en nuestro país y no así decisiones antojadizas que pueden llegar a este tipo de situaciones”, planteó el diputado Alejandro Bernales (PL), integrante de la Comisión de Cultura.

La presidenta de dicha instancia, la diputada Marta González (IND-PPD), planteó que existe un acuerdo para “a la vuelta al receso legislativo poder citar a distintas autoridades entre ellas la ministra Maya Fernández para poder tomar antecedentes de esta fallida compra y también poder cerrar este capítulo y que esto no enlode ni merme el legítimo espíritu de preservar eh nuestro patrimonio”.

Por su parte, el diputado integrante Hotuiti Teao (Evópoli), planteó que además de citar a Maya Fernández e Isabel Allende “queremos citar a la ministra de Cultura, Carolina Arredondo, pues a su jefe de gabinete llegó la advertencia y queremos saber por qué igualmente se llevó a cabo la compra”.

Quien subió el tono fue el diputado Eduardo Durán (RN), que tras revelarse los antecedentes dijo a Mega Investiga que “es un hecho que la ministra de las Culturas, Carolina Redondo, tenía información de lo que estaba ocurriendo con la venta de la casa de la familia Allende. Y lo grave es que sabiéndolo, prefirió poner la basura debajo de la alfombra y no contradecir al presidente ni a sus asesores”.

Una arista del proceso que sin duda será relevante cuando en marzo empiece a sesionar la Comisión Investigadora que tiene por objetivo revisar si es que existieron vicios en esta compraventa.

En la arista penal, el abogado querellante, Raimundo Palamara, aseguró que una de las diligencias que solicitará en los próximos días, será citar a declarar a la ministra Arredondo. “La ministra deberá declarar y será decisión del fiscal si la cita en calidad de imputada (...) a mí juicio ella sería una de las autoras de los hechos investigados”, comentó el abogado a este medio.

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