Las deudas del Mega Incendio: Responsabilidad de las organizaciones, indemnización a las familias y la reconstrucción

136 fallecidos, 136 vidas. Esa es la dolorosa cifra que dejó la tragedia del 2 de febrero de 2024 y que transformó a este incendio de la Región de Valparaíso en el más letal de nuestra historia.

Una investigación veloz del Ministerio Público y de la Brigada de Delitos Medioambientales de la PDI permitió tener a la fecha siete personas formalizadas, sindicados como pertenecientes a una célula incendiaria que habría operado en la zona del Lago Peñuelas al menos desde 2021.

Sin embargo, a un año de su ocurrencia, son varios los ítems pendientes que se transformarán en prioridad en los próximos meses.

Por su parte, una vez establecido los hechos respecto al origen del fuego, la investigación de la Fiscalía debiera avanzar a las responsabilidades de las autoridades y organizaciones a cargo de la gestión de la emergencia.

"Eso efectivamente es la fase dos de esta investigación", dijo en diciembre el fiscal Osvaldo Ossandón a Mega Investiga.

En paralelo a esa arista penal, se espera que se abra una causa civil para evaluar indemnizaciones a los familiares de las víctimas del Mega Incendio. Incluso ha sido materia de conversación entre los abogados querellantes y el Consejo de Defensa del Estado.

Por último, uno de los principales compromisos es la entrega de las 3.053 viviendas definitivas, de las cuales hasta el momento se han terminado tan solo, cifra que ha generado molestia entre las familias afectadas.

"El compromiso que nosotros tenemos es primero avanzar de aquí al mes de febrero, durante todo febrero, en las nominaciones, es decir que todas las familias tengan su subsidio. Y tener dentro de nuestro gobierno todas las viviendas iniciadas", dice la seremi Minvu de la Región de Valparaíso, Belén Paredes.

El inicio de la fase 2

Es uno de los principales objetivos de los abogados querellantes en la causa del Megaincendio, que el Ministerio Público apriete el acelerador en la arista que perseguirá la responsabilidad de las organizaciones en la expansión del fuego por tres comunas de la región.

“Como se lo hemos hecho saber a la fiscal regional, nosotros pensamos de que acá hay responsabilidades previas al incendio, responsabilidades que se derivaron en la misma gestión de evacuación de la crisis del incendio y por qué no decirlo, responsabilidades actuales en el periodo de la reconstrucción y del acompañamiento de las víctimas”, dice el abogado Luis Eduardo Cantellano.

Entre las solicitudes, está el hecho de que la Fiscalía Regional asigne a un persecutor especial designado netamente a esta materia.

En conversación con Mega Investiga, de diciembre de 2024, el fiscal Osvaldo Ossandón planteó que la prioridad para el Ministerio Público era determinar cómo y quiénes iniciaron el fuego, para luego pasar a otras temáticas.

"Las personas no murieron porque necesariamente hubo esta falta (de las organizaciones). La causa original de la muerte de estas personas es la acción criminal de los sujetos que incendiaron, esto no hay que perderlo de vista", dijo Ossandón y agregó "ahora ¿Pudo haberse evitado? Eso efectivamente es la fase dos de esta investigación".

Investigación donde sin duda tomarán relevancia dos informes de Contraloría publicados durante este mes respecto de Senapred y de Conaf. Sobre el primero, identificaron falencias en la implementación de la “Estrategia para el Fortalecimiento de la Gestión en Incendios Forestales 2023-2024”.

Mientras que en el caso de Conaf se analizó específicamente el actuar los días 2 y 3 de febrero de 2024, y el principal hallazgo fue determinar que hubo fallas en el sistema de comunicación, lo cual afectó la coordinación con otros organismos a cargo de la gestión de la emergencia.

La directora de la Conaf, Aida Baldini, asumió en septiembre de 2024 su nuevo cargo y coincide que lo planteado por la Contraloría es una de las mejoras más urgentes. “Las comunicaciones es un foco de preocupación, de hecho ya hemos cambiado hasta los sistemas eléctricos que tiene la central de Valparaíso, incluso la central nacional. Los hemos reforzado con generadores para que en caso que se corte la luz, no quedar a oscuras", dijo Baldini a Mega Investiga.

Respecto a la consulta de qué significó esta “falta de comunicación” en la práctica, la directora respondió: "Me cuesta respondértelo porque es parte de la investigación que se va a hacer ahora, se han hecho cronologías de tiempo de qué se hizo en cada momento, pero no sabemos exactamente dónde estuvieron las fallas”.

Caso Luchsinger Mckay: un punto de referencia

El abogado Felipe Olea lleva la representación de los familiares de más de 50 fallecidos y a más de 350 propietarios afectados por el Mega Incendio. Es una de las voces que más fuerte empuja el avance de la Fiscalía respecto de la eventual responsabilidad de las autoridades, pero también anuncia que buscará una millonaria indemnización.

“No puede ser, en este caso, que al Estado de Chile se le mueran 136 personas y no pague nada”, dijo Olea a Mega Investiga.

Para avanzar en dicha arista, se espera que se ingrese una demanda donde se identifique el monto que espera recibir para cada uno de sus representados. En esa línea, Olea explica que su punto de referencia es el Caso Luchsinger Mackay, donde la Corte Suprema estableció que el Estado debía pagar a la familia la suma de 1.000 millones de pesos.

“Pensamos que no hay ninguna diferencia entre el matrimonio Luchsinger Mackay y las personas que fallecieron en Villa Independencia, las personas que fallecieron en Pompeya y en Quilpué, y por lo mismo seguramente las cifras indemnizatorias que se soliciten bordearán los 500 millones de pesos reajustados, pero no descartamos que sean cifras mayores”, afirma Olea.

De 12 a 18 meses

Durante las últimas semanas se ha incrementado el malestar entre los vecinos afectados, principalmente por el proceso de reconstrucción que califican como lento. Molestia que los llevó a movilizarse e incluso a anunciar una huelga de hambre.

La Seremi de Vivienda de la Región de Valparaíso, Belén Paredes, explicó a Mega Investiga las cifras generales que fueron levantadas para la reconstrucción y el estado de avance que tiene hoy dicho plan.

Sostuvo que el catastro de los equipos en terreno arrojó que fueron 4.300 las viviendas afectadas, de las cuales 3.043 califican para un subsidio, por lo cual ese es el universo total que debiera materializarse en hogares definitivos.

Sin embargo, es precisamente la cifra de viviendas definitivas a la fecha la que ha generado ruido, puesto que el propio ministro Carlos Montes comentó que este número llegaba tan solo a 53. Por su parte, la seremi entregó un nuevo cómputo: 78 viviendas, lo cual de todas maneras es un porcentaje menor de las 3.043 totales.

Al consultar respecto de si la planificación ha avanzado como esperaban, Paredes aclaró que “cuando se lanza el plan de reconstrucción en marzo (de 2024), siempre se plantea que la vivienda definitiva iba a estar entre los 12 y los 18 meses, llevamos 12 meses. Entonces es un plazo que se planteó desde un principio”.

Respecto a si es que existe un plazo límite impuesto para entregar todas las viviendas comprometidas, la seremi planteó que “el compromiso que nosotros tenemos es primero avanzar de aquí al mes de febrero, durante todo febrero, en las nominaciones, es decir que todas las familias tengan su subsidio. Y tener dentro de nuestro gobierno todas las viviendas iniciadas”.