Enviados al CDE y la Fiscalía: Los lapidarios informes por convenios que marcan la salida del gobernador del Biobío

El pasado 6 de enero, el gobernador Rodrigo Díaz, dejó las oficinas del Gobierno Regional para dejar la administración que lideró los últimos cuatro años. Uno de los hitos que marcó ese periodo, fue el denominado caso convenios, donde el Gobierno Regional del Biobío fue uno de sus protagonistas por casos como el de Camila Polizzi o la arista de la fundación Bonhomía.

Y es que a casi dos años del escándalo por el caso convenios, aún siguen las repercusiones. Apenas dos semanas antes del término de su mandato, la administración liderada por Díaz recibió los últimos informes vinculados a convenios con fundaciones.

Se trata de tres proyectos firmados con dos agrupaciones: Corporación Artistas del Acero y Fundación Artesanías de Chile, los que fueron fiscalizados por la Contraloría tras una denuncia presentada por el ingeniero comercial, Jorge Condeza. “Cada vez que la Contraloría revisa en detalle algunos de los convenios firmados por este Gobierno Regional nos encontramos con una infinidad de irregularidades que realmente son preocupantes”, señaló Condeza a Mega Investiga.

La indagatoria del ente contralor apuntó principalmente al monitoreo de los programas desarrollados entre junio del 2021 y junio de 2024, y a sus respectivas rendiciones, procesos donde se detectaron graves falencias en la fiscalización de los convenios por parte del Gobierno Regional. Para los proyectos de ambas agrupaciones, el Gobierno Regional aportó más de $1.490 millones.

Junto con esto, se constató que en los proyectos existían importantes atrasos en los “Acuerdo Operativos”, que funcionan como un acta que incluye el inicio de las actividades programadas y los hitos a cumplir durante su ejecución. En algunos casos, estos acuerdos se firmaron hasta 90 días después de que habían sido transferidos los dineros.

En el listado de falencias, también aparecen atrasos en la aprobación y contabilización de las rendiciones, así como falta de revisión técnica y financiera de las mismas. Debido a la gravedad de los hechos detectados, la Contraloría puso los antecedentes a disposición del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado.

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Las revelaciones de los últimos informes por convenios con fundaciones van en la misma línea de lo que se ha revelado en otras regiones y que se repite en el caso de Biobío: eventuales conflictos de interés en los convenios; contrataciones a empresas creadas días antes; faltas de cronogramas de trabajo y boletas de garantías; entregas de dinero en una sola cuota; entre otros aspectos que han sido recurrentes en este tipo de proyectos.

La administración de Díaz no fue la excepción, y se suma a otras administraciones regionales que están en el ojo de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional que investiga más de $90 mil millones en el marco del caso convenios.

$180 millones para el apoyo de artesanos

Uno de los proyectos a los que apuntó la fiscalización de la Contraloría, fue denominado “Capacitación y apoyo artesanía tradicional” que llevó adelante la Fundación Artesanías de Chile. El proyecto buscaba justamente “apoyar a los artesanos para la preservación de artesanía tradicional (...) a través de capacitación, acceso a canales de comercialización y difusión de la artesanía tradicional”.

El proyecto tendría un costo de $180 millones, los que fueron transferidos en una sola cuota por parte del Gobierno Regional y sin exigir una boleta de garantía. “El GORE debió adoptar medidas que garantizaran el buen uso de los recursos traspasados (...) la situación descrita denota una inobservancia en el ejercicio de las funciones y en el resguardo del interés público”, se lee en el informe del ente fiscalizador.

A pesar de que los recursos fueron transferidos en octubre de 2021, no fue sino hasta marzo del 2022 cuando comenzó a ejecutarse el proyecto. Según el informe elaborado por Contraloría, la Fundación Artesanías de Chile solo informó capacitaciones a cerca 207 personas cuando el proyecto contemplaba 307.

En el mismo informe, la administración de Diaz aseguró que la cantidad de personas capacitadas “forma parte de lo observado en los informes remitidos a la Fundación”, y que de comprobarse que la meta no fue alcanzada o sólo se alcanzó de manera parcial, “se procederá a rechazar los gastos asociados y se solicitará el reintegro de los fondos”.

El convenio se extendió hasta diciembre de 2023, sin embargo, hasta el 30 de junio de 2024, el Gobierno Regional solamente había aprobado y contabilizado rendiciones por un total de $55.963.838. Junto con esto, la Contraloría detectó gastos sin acreditar por $31.691.771.

Para el denunciante, uno de los principales problemas del proyecto fue que gran parte de los gastos eran destinados a la compra de artesanía de los distintos artesanos de la zona. Según explica Condeza, “esto se asemeja mucho a una subvención dada por los gobiernos regionales y eso está expresamente prohibido en la ley de presupuesto”. En otras palabras, el ingeniero explica que “esta institución al vender las artesanías obtiene ingresos que quedan en la Fundación, es decir, no son devueltos al Gobierno Regional y por lo tanto el convenio propiamente tal se convierte en una subvención que financia el capital de trabajo de la Fundación lo que está expresamente prohibido en la ley de presupuesto”.

Artistas del Acero y un eventual conflicto de interés

Fueron dos los proyectos que ejecutó la Corporación Cultural Artistas del Acero con recursos entregados por el Gobierno Regional. El primero de ellos, buscaba la “Capacitación y Difusión de las Orquestas Juveniles e Infantiles de la Región del Biobío”, y el segundo, denominado “Crear Para No Olvidar”, se enmarcaba en la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

Para ejecutar ambos convenios, el Gobierno Regional transfirió en total $1.311.005.121. Sin embargo, tal como en el proyecto de artesanos, los acuerdos operativos se firmaron semanas después. En este caso, el período superó los 47 días, para un acuerdo que contiene un “cronograma de actividades y los montos asignados a cada actividad, el cual debe mantenerse actualizado durante el periodo de ejecución de la iniciativa”.

Junto con esto, en los convenios nuevamente se detectaron problemas con la rendición de gastos. Según la investigación, existieron atrasos de 190 días hábiles desde la fecha límite que tenía el Gobierno Regional para aprobar la rendición de los gastos.

Sobre este punto, la Contraloría advierte que existen $324.517.961 de gastos insuficientemente acreditados en compra de bienes y servicios. Entre ellos, aparecen gastos por servicios audiovisuales prestados por la empresa Küyen Medialab SpA a la Corporación Artista del Acero. Según información revisada por Mega Investiga, la empresa se creó el 9 de mayo de 2023, apenas un día después de que se aprobara el último convenio con la Corporación. Asimismo, la firma audiovisual obtuvo su inicio de actividades el 16 de mayo del 2023, mismo día en que comenzó a emitir facturas a la Corporación Artistas de Acero.

Más allá de las rendiciones de gastos, Contraloría alertó sobre un eventual conflicto de interés en una de las contrataciones del proyecto “Crear Para No Olvidar”. Se trata de Guillermina Weber Álvarez, quien fue contratada para desempeñarse como encargada de logística y operaciones del programa, por un monto total de $2.068.965, y quien a su vez, es hermana del gerente de la Corporación Cultural Artistas del Acero, Arnoldo Weber Álvarez.

Desde la actual administración regional, encabezada por el Gobernador Sergio Giacaman (UDI), señalaron que ya se solicitó a todos los jefes de división entregar un diagnóstico completo en un plazo máximo de 10 días. A partir de ese informe, tomaremos las decisiones correspondientes. "Vamos a revisar todos los convenios de manera exhaustiva, solicitaremos a Contraloría que revise cada trato directo y complementaremos esta revisión con auditorías externas", aseguraron desde el Gobierno Regional.

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