Subsidios a familiares y eventual cohecho a funcionario: El informe enviado a Fiscalía que complica al Gore de Ñuble

El 15 de octubre del presente año, el socialista Óscar Crisóstomo recibió una importante victoria en la Corte de Apelaciones de Chillán. La instancia rechazó, en forma unánime, la solicitud de desafuero solicitada por la fiscalía por el eventual delito de corrupción.

Doce días después, Crisóstomo obtuvo su reelección como Gobernador Regional en primera vuelta, con más del 41% de los votos.

El Ministerio Público decidió insistir con el desafuero en la Corte Suprema, fallo que está pendiente a la espera de un recurso presentado por la defensa del gobernador en el Tribunal Constitucional.

Lo que complica el escenario para el gobernador es un reciente Informe de Investigación Especial de Contraloría, que arroja importantes conclusiones que involucran a Óscar Crisóstomo en su periodo como delegado provincial del Serviu de Ñuble, y luego cuando integraba la Inmobiliaria Pullay.

La Contraloría Regional determinó que, mientras Crisóstomo estuvo en el Serviu, se asignaron irregularmente subsidios habitacionales a tres de sus familiares.

Los antecedentes habían sido denunciados a la justicia por los abogados Juan Francisco Maibee y Juan Pablo González en 2021.

“Nos parece muy positivo para el país el profesionalismo y los resultados obtenidos por el equipo de trabajo liderado por el Contralor Regional de Ñuble don Mario Quezada Fonseca, toda vez que este informe da cuenta de los ilícitos que esta parte responsablemente ha denunciado a la autoridad competente el año 2021”, plantea González.

Sin embargo, los subsidios mal otorgados no son la única irregularidad detectada durante la investigación.

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El informe concluye también que hubo un funcionario del Serviu de Ñuble que, al mismo tiempo, realizó labores para la empresa de Crisóstomo. Una situación que podría constituir eventualmente un delito de cohecho. El antecedente ya es analizado por la Fiscalía Regional de Ñuble y el Consejo de Defensa del Estado, instituciones que recibieron el informe de Contraloría.

Mega Investiga envió un cuestionario al gobernador Óscar Crisóstomo sobre cada uno de los puntos. Sin embargo, se respondió mediante un breve comunicado sin abordar las consultas de fondo.

El texto señala que el informe de la CGR “se trata de una materia que fue objeto de análisis por parte de la Fiscalía, quien desestimó los hechos que supuestamente eran constitutivos de delito y no los incorporó en la solicitud de desafuero, que además fue rechazada de forma unánime por la Corte de Apelaciones de Chillán”.

Además, criticó el actuar de la institución señalando que “llama la atención que el órgano contralor presente información a destiempo, sobre materias que han sido ampliamente investigadas y que fueron sobreseídos en su momento, en los sumarios instruidos por el Serviu”.

Padre, hermano y tía: los beneficiarios de subsidio

Oscar Crisóstomo era delegado provincial del Serviu de Ñuble, entre junio de 2014 y junio de 2018, cuando se otorgaron los subsidios habitacionales a tres de sus familiares más cercanos: su padre, su hermano y una tía.

En la práctica, ninguno de los familiares cumplía con los requisitos para haber recibido el beneficio. Y es que la regulación de los subsidios habitacionales que entrega el Minvu indica que este beneficio está orientado a familias vulnerables que pertenezcan hasta el 40% más vulnerable de la población nacional, según el Registro Social de Hogares (RSH), y los postulantes no pueden ser propietarios de otra vivienda, así como tampoco, sus cónyuges o convivientes.

En el caso del hermano del actual gobernador y su tía, al momento de recibir el beneficio, no cumplían con los requisitos vinculados al RSH. Su hermano, quien integra la mesa directiva del PS en Ñuble, ni siquiera figuraba en dicho registro. A pesar de eso, recibió un subsidio que alcanzó las 413 UF, equivalente en ese entonces a poco más de $10 millones.

En el caso de la tía paterna de Crisóstomo, alcanzaba una calificación económica del 50% en el RSH, cifra que era superior a lo requerido para recibir el subsidio. En su investigación, la Contraloría advierte que la tía del entonces delegado del Serviu, solo figura en el registro el 2017, mismo año en que recibió el subsidio habitacional, que llegó a las 1.053 UF, unos $26 millones.

Distinto es el escenario del padre de Crisóstomo. En 2018 se le asignó el subsidio. Cumplía con los requisitos referidos al RSH, sin embargo la Contraloría descubrió que su esposa, es decir, la madre del gobernador Crisóstomo, ya era propietaria de una vivienda, por lo que estaban impedidos de acceder al beneficio. El informe del ente fiscalizador advierte que hasta la fecha el beneficio se encuentra asignado pero no ha sido pagado.

El Serviu inició un proceso disciplinario que concluyó sin sanciones en 2020, ya que fue sobreseído “por no haber establecido irregularidad administrativa”. El organismo explicó a la Contraloría que el sistema no les alertó que la cónyuge del padre de Crisóstomo era propietaria de una vivienda. Aún así, en su último informe, el ente fiscalizador insistió en el punto: “Correspondía al servicio (Serviu) adoptar las medidas necesarias para asegurar que el postulante cumplía con lo establecido en la normativa que regula la materia, independientemente de las deficiencias de control del sistema”, se lee en el documento.

Mega Investiga consultó al Serviu de Ñuble sobre las medidas que adoptaron frente a los hechos denunciados por Contraloría, por qué algunos sumarios terminaron sin sanciones, y cuáles fueron los errores cometidos. Lejos de responder estas consultas, la autoridad se limitó a decir que el organismo “realizará todas las acciones señaladas en el referido informe e iniciará los procedimientos disciplinarios instruidos por el ente fiscalizador”.

Trabajador del Serviu y de Pullay

Probablemente el antecedente más relevante que arrojó la investigación de la Contraloría Regional del Ñuble es sobre el funcionario del Serviu, César Cuadra de la Parra.

Se determinó que Cuadra de la Parra “prestó asesoría a Inmobiliaria Pullay Ltda., para la preparación de antecedentes de tipo sanitario” en noviembre y diciembre de 2018, además de agosto, septiembre y noviembre de 2020. En paralelo, se encontraba contratado por SERVIU Región de Ñuble, servicio que está a cargo de recibir y constatar la existencia de los informes sanitarios ingresados a la SEREMI de Salud de Ñuble.

Según se desprende del informe, esta arista de la investigación fue abierta por una denuncia ingresada a la Contraloría en 2022, la cual mencionaba eventuales faltas a la probidad del funcionario del Serviu.

Los antecedentes revisados permitieron comprobar la existencia de comunicaciones entre Óscar Crisóstomo y César Cuadra, donde se intercambiaban información respecto a postulantes a subsidios habitacionales.

Aparentemente, Cuadra elaboraba proyectos sanitarios que luego eran presentados por la inmobiliaria de Crisóstomo. Una situación que se refleja en chats que el dueño de Pullay tuvo con uno de sus trabajadores el 3 de diciembre de 2018, a los que Mega Investiga tuvo acceso:

Óscar Crisóstomo:
César está enviándonos los documentos para imprimir

Trabajador Pullay:
Excelente
Estarás en la oficina?

Óscar Crisóstomo:
Me tocó turno en el local de la mañana
A las 13.30 debéis estar en la oficina
Te copiaré los correo que me está enviando César

Trabajador Pullay:
Ok
Yo a las 14:00

En la investigación de Contraloría incluye la versión de Cuadra, quien sostiene que “envió los informes sanitarios, pero que su participación sólo corresponde a la subsanación de éstos y que efectuó tal servicio sólo por amistad, sin pago a cambio, y que fue en el periodo en que la Inmobiliaria Pullay no contaba con convenio regional de asistencia técnica”.

Un actual funcionario de la municipalidad de Chillán declaró que él firmaba los informes sanitarios, a pesar de que no los elaboraba. Acto que hacía como un favor a Óscar Crisóstomo.

Apelación en vilo

Luego que la Corte de Apelaciones de Chillán rechazó la solicitud de desafuero del Gobernador Regional Crisóstomo, el Ministerio Público decidió recurrir ante la Corte Suprema el 21 de octubre.

Un día después, el abogado del gobernador Crisóstomo, decidió ingresar un requerimiento de inaplicabilidad en el Tribunal Constitucional. El 5 de noviembre, el requerimiento fue admitido a trámite en el TC y se decretó también la suspensión del proceso judicial hasta que se resuelva la constitucionalidad del acto.

A este panorama complejo que enfrenta el gobernador Crisóstomo, se suma el de su abogado en esta causa, Enrique Aldunate. El penalista es investigado por el Ministerio Público, supuestamente, por haber filtrado antecedentes del Caso Audio.

Este medio consultó, entre otras materias, si es que el abogado Aldunate continúa a cargo de la defensa del gobernador. Pero en el comunicado firmado por Óscar Crisóstomo, no se abordó esta consulta.

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