Desde Tierra Amarilla hasta Coyhaique: Zoom a los convenios firmados entre Recoleta y otros municipios

"Convenio de asociatividad, colaboración y cooperación mutua". Ese era el nombre del acuerdo firmado -en agosto de 2021- entre las municipalidades de Recoleta y Estación Central, y que fue cuestionado por la Contraloría.

El ente fiscalizador emitió un informe en el que cuestionó los términos del convenio, suscrito por los entonces alcaldes Daniel Jadue (PC) y Felipe Muñoz (Ind.-Frente Amplio), y determinó que no se ajusta a la legalidad. Asimismo, instruyó a ambos municipios a dejar sin efecto las actuaciones realizadas en el marco de la celebración del acuerdo. Pero eso no fue lo único.

La Contraloría también reprochó a la Municipalidad de Recoleta, y resolvió que aquel organismo comunal deberá detener la firma de convenios que establezcan los mismos términos con otros municipios.

“Dado que la Municipalidad de Recoleta habría celebrado este tipo convenios con otras municipalidades, al menos, desde el año 2010, cumple con señalar que deberá abstenerse de continuar celebrando convenios como el de la especie bajo los términos expuestos”, dice el documento emitido el 2 de octubre.

Y es que la Municipalidad de Recoleta cuenta con 24 convenios de colaboración vigentes en su historial. Mega Investiga hizo una revisión de los acuerdos suscritos por el organismo comunal y lo cierto es que sus características son similares. Permiten -entre otras cosas- enviar equipos en comisión de trabajo entre un municipio y otro.

Desde Recoleta explicaron a Mega Investiga que el motivo de los convenios de asociatividad “no es más que la colaboración mutua entre los municipios y la eventualidad proyección de posibles iniciativas conjuntas”.

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La lista de convenios

La Ley Orgánica de Municipalidades permite que los municipios de todo el país firmen convenios de colaboración con diversas instituciones del Estado, incluidos otros organismos comunales.

Bajo ese argumento, la Municipalidad de Recoleta, a cargo de Daniel Jadue, ha firmado varios convenios de colaboración durante los últimos once años. El más reciente fue suscrito en febrero de 2024 con la Municipalidad de Quilpué, al mando de la alcaldesa Valeria Melipillán (Frente Amplio).

El motivo, según el documento, era el siguiente:

“Alcanzar logros comunes y soluciones para sus municipalidades y vecinos, acordando mutuamente realizar un intercambio de iniciativas, proyectos, programas, equipos de trabajo e ideas destinadas a la atención de servicios comunes, ejecución de obras de desarrollo local, fortalecimiento de instrumentos de gestión local, realización de programas vinculados a la protección del medio ambiente, el turismo, la salud u otros fines que les sean propios, a la capacitación y el perfeccionamiento del personal municipal y a la coordinación con instituciones nacionales e internacionales a fin de perfeccionar el régimen municipal”.

Se trata de la misma redacción utilizada para el convenio firmado con Estación Central, cuestionado por la Contraloría. El ente fiscalizador observó que el contenido no fuese específico, asegurando que “los términos del referido convenio no se ajustan al marco legal descrito, toda vez que éstos se exponen de manera genérica”.

Pero no son los únicos dos convenios con esa redacción, sino que los acuerdos firmados entre Recoleta y otros municipios, como Lo Espejo, Santa Juana, Ancud y Los Lagos, también incluyen esos términos.

Las características también son similares. Todos esos acuerdos tienen una duración de tres años y fueron firmados entre octubre y noviembre de 2021, apenas meses después de las elecciones municipales, cuando asumieron por primera vez -a excepción de Ancud- los alcaldes y jefas comunales de esas zonas.

Desde la Municipalidad de Recoleta expresaron a Mega Investiga que el informe de Contraloría “es una observación de forma más no de fondo”, y que “orienta sólo a que el texto de futuros convenios sea específico y no tan amplio y general”.

Así también, defendieron los términos en los que se suscribió el convenio, argumentando que “su extensión y generalidad permite un trabajo mucho más amplio y diverso, siendo una oportunidad de una mejora continua y relaciones colaborativas más simples entre los municipios”.

“Con la observación de CGR lo único que cambiará es que se debe suscribir un convenio por cada iniciativa específica que vaya surgiendo y que contenga el detalle de la misma”, agregaron.

Funcionarios en comisión de servicio

A los convenios de asociatividad y cooperación mutua anteriormente mencionados también se suman los firmados entre 2013 y 2020 por la Municipalidad de Recoleta con Arica, Tierra Amarilla, Paillaco, Conchalí, Maullín, Lumaco, Quellón, Quilicura, Calle Larga, Pedro Aguirre Cerda, Chile Chico, Cunco y Carahue

La duración de algunos de ellos va desde los tres hasta los diez años, y otros se suscribieron por un período indefinido. Además, permiten enviar a funcionarios de uno u otro municipio en comisión de servicio.

Según información proporcionada por Recoleta, el organismo ha enviado a cuatro funcionarios en comisión de servicio a otros municipios, pero no ha recibido a trabajadores de otras municipalidades.

Otro de los convenios fue firmado entre Recoleta y la Municipalidad de Coyhaique, pero a diferencia de los demás acuerdos, este tiene un objetivo específico: “Fortalecer la experiencia de las Farmacias Populares”.

Para eso, el acuerdo -que tiene una duración indefinida- permite el intercambio de profesionales y autoridades de Recoleta, y establece que la Municipalidad de Coyhaique “se obliga a asumir los costos de traslado, alimentación y estadía, de los integrantes de la comitiva del municipio de Recoleta”.

Una investigación en Fiscalía

El informe de la Contraloría -en el que se pronunció de forma categórica sobre el convenio firmado entre Recoleta y Estación Central- se elaboró tras una denuncia interpuesta por el abogado David Cademartori Gamboa, en representación de las inmobiliarias Amengual SpA, Federico Scotto SpA y Recreo 321 SpA, las cuales tienen proyectos inmobiliarios en Estación Central.

El abogado cuestionó la firma del acuerdo entre ambas municipalidades y presentó una serie de reparos relacionados a la contratación de Juan Hernández Zepeda como director subrogante de Obras Municipales de Estación Central. El funcionario, en el marco del convenio entre ambos municipios, había sido enviado en comisión de servicio desde Recoleta, donde desempeñaba labores.

Sin embargo, el ente fiscalizador declaró ilegal su contratación y aseguró que lo procedente era que se designara a alguien que integrara aquella unidad municipal, pero proveniente de Estación Central.

Otra de las denuncias que fueron presentadas ante la Contraloría apunta a que las inmobiliarias han sido objeto de “resoluciones manifiestamente injustas” por parte del municipio de Estación Central, frente a proyectos de similares características y correspondientes a otras sociedades.

Así también, acusan la existencia de un “esquema defraudatorio orquestado por las Municipalidades de Recoleta y Estación Central”, presiones y negociaciones a través de terceras personas para solicitar “prestaciones pecuniarias a cambio de autorizaciones urbanísticas” y la difusión de información privilegiada y reservada.

Si bien la Contraloría no se pronunció respecto de esas acusaciones, de igual forma remitió los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), los que -según pudo confirmar Mega Investiga- ya fueron recepcionados por la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte.

En esa unidad penal ya existe una investigación relacionada al caso, que está a cargo de la fiscal jefa Ximena Chong. Y es que, en julio de este año, el exconcejal de Recoleta y candidato a alcalde, Mauricio Smok (UDI) ya había presentado una querella con las mismas denuncias, la que fue declarada admisible.

La indagación aún se encuentra vigente y se está desarrollando junto a un equipo especializado de la Policía de Investigaciones (PDI).

Desde la Municipalidad de Estación Central, en tanto, explicaron a Mega Investiga que están preparando una respuesta institucional para la Contraloría, tras ser notificados del informe de observación.

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