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¿Hasta Cuándo?: Alcalde de La Cisterna cuestionado por contratar a Fares Jadue para asesorías en municipio

¿Qué pasó? 

Joel Olmos Espinoza (Acción Humanista), de 42 años, fue electo alcalde de La Cisterna en mayo de 2021 y este año va por la reelección para su segundo periodo. Sin embargo, su gestión ha sido objeto de duros cuestionamientos y actualmente está siendo investigado por Contraloría.

En primer lugar se le acusa de contratar asesorías injustificadas, como es el caso de Fares Jadue (actual alcalde de Recoleta que va a la reelección); también de no haber denunciado el presunto abuso sexual de una funcionaria por el vínculo de amistad que tiene con el acusado; y numerosas denuncias por acoso laboral. 

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Asesorías injustificadas 

En 2021, cuando asumió como alcalde, la municipalidad de La Cisterna y Recoleta firmaron un convenio que permitía que funcionarios de una u otra municipalidad pudieran trabajar en comisión de servicio.

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En 2022 se contrató a honorario a Fares Jadue, quien hasta fines de 2023 trabajó en el asesoramiento de distintos departamentos del organismo y en apoyo de algunos programas. 

LO ÚLTIMO

En mayo de 2022 el convenio fue cuestionado por los propios trabajadores del municipio, quienes aseguraron que la administración "cuenta con funcionarios altamente calificados con años de experiencia en todas las áreas y que muchas veces han dado cátedra a otros municipios en proyectos y gestiones". 

"Ante esto lamentamos profundamente que usted señale en sesión de Concejo que La Cisterna no cuenta con el personal adecuado para el funcionamiento del municipio", agregaron en el escrito en esa oportunidad.

En conversación con el equipo de "¿Hasta cuándo?", Maribel Bravo Figueroa, quien fue directora de la Unidad de Control de la municipalidad de La Cisterna, señaló que cuando buscaba a Fares para hablar con él "no estaba nunca" y que "en la primera etapa no registraba asistencia".

La funcionaria, que actualmente está suspendida del cargo, plantea que podría existir eventualmente el delito de fraude al fisco, "porque la plata que se está destinando para una finalidad no se cumple". Los informes del caso sobre Jadue y sus pagos están siendo investigados por Contraloría. 

Alcalde no habría denunciado presunto abuso sexual

Otro cuestionamiento hacia el alcalde ocurre a raíz de la denuncia de una funcionaria de la municipalidad que acusa haber sido víctima de abuso sexual por parte de su jefe, quien sería cercano al alcalde Joel Olmos. 

Ella intentó conversar con el jefe comunal, pero la respuesta que recibió de su parte no habría sido satisfactoria. Finalmente, decidió irse de la administración y se alejó de Santiago, creyendo que el municipio haría una denuncia formal, lo que jamás ocurrió.

En conversación con "¿Hasta cuándo?", la víctima, quien no quiso revelar su identidad, relató el delito que dice haber sufrido. Todo sucedió tras una fiesta del Departamento de la Mujer de La Cisterna, cuando se disponía a irse a su casa. 

La mujer abordó un vehículo y se sentó en la parte delantera, y sin motivo alguno, el otro funcionario también se subió al auto, en los asientos posteriores. Cuando llegó a su domicilio, ella se bajó y él también. La víctima se vio presionada ante la situación y lo hizo pasar al inmueble. Es ahí donde se habría producido el abuso. 

El alcalde y otras autoridades aseguraron que lo anterior sería denunciado a Fiscalía, pero según la afectada nadie la llamó. Ella cree que es porque el alcalde es amigo del acusado. "Ellos tenían una conexión por la iglesia evangélica, pero después supe que ellos fueron roomies, compañeros de vivienda", afirmó. 

Acoso laboral 

Mal ambiente laboral y hostigamiento también han marcado la gestión de Joel Olmos. Una de las denuncias en contra de la municipalidad es de una actual funcionaria, quien acusa haber sido trasladada de su cargo al Departamento de Abastecimiento, área que es considerada como un castigo. 

El municipio tiene una serie de denuncias en contra presentadas por exfuncionarios que acusan haber sido despedidos de forma injustificada. En su relato, aseguran que la decisión de removerlos se debe a motivos políticos. 

A la fecha van 11 denuncias en Contraloría por parte de funcionarios que acusan despidos y acoso, entre otras cosas. Otras seis denuncias se encuentran en el Juzgado de Letras.

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