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Caso Penta: Fijan juicio oral para noviembre y defensa de la empresa recurre al TC

A casi 10 años del estallido del caso que destapó el financiamiento ilegal de campañas políticas, el Tercer Tribunal Oral de Santiago fijó para el próximo 24 de noviembre el inicio del juicio contra empresas Penta, Inversiones Penta III, y el ex gerente de contabilidad, Marcos Castro Sanguinetti.

La acusación de la Fiscalía, el CDE y el Servicio de Impuestos Internos apunta a la responsabilidad penal de la persona jurídica por el delito de soborno, mientras que al ex ejecutivo se le apunta por soborno y delitos tributarios.

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La fecha se concretó, tras una extensa audiencia de preparación del juicio, que zanjó las pruebas y estableció los nombres de quienes deberán declarar en el proceso. En el acta de apertura aparecen como testigos 141 personas, incluyendo a empresarios y relevantes figuras políticas que se vieron salpicadas por el escándalo.

Del "raspado de olla" a Sanhattan

Entre quienes deberán comparecer en el juicio se encuentra el senador UDI Iván Moreira, quien logró una salida alternativa en el caso, tras pedir un “raspado de olla”, que fue la manera de solicitar aportes irregulares para su campaña.

También aparece el ex senador gremialista, Carlos Bombal, el ex diputado Alberto Cardemil, el ex candidato presidencial Lawrence Golborne, el ex alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, el ex subsecretario Pablo Wagner y el ex ministro Alfredo Moreno, entre otros.

Del lado empresarial, deberán comparecer los condenados y controladores del holding, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, José Manuel Cruzat Infante y un largo listado de ejecutivos.

TC podría frenar juicio

Pese a que ya está todo listo para el inicio del juicio, la defensa de los dueños del holding, encabezados por los abogados Julian Lopez y José Ignacio Escobar, se jugó su última carta ante el Tribunal Constitucional.

El martes pasado presentaron un requerimiento de inaplicabilidad “por la exclusión de pruebas decretada por el juez de garantía”, durante la preparación del juicio, y acusan que el auto de apertura “contiene múltiples errores que agravian seriamente los derechos de nuestras representadas”, y que se dejó fuera numerosa prueba ofrecida por la defensa.

En preciso, cuestionan que la Fiscalía incluyera 8 testigos que guardaron silencio durante la investigación, que se sumaran correos electrónicos que fueron obtenidos “sin orden judicial previa ni autorización de su titular”, entre otros puntos.

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En el escrito solicitaron la “inmediata suspensión del procedimiento”, lo que en caso de ser acogido por el TC podría frenar el inicio del juicio oral hasta que se resuelva el requerimiento.

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