San Bernardo en la mira: Contraloría realiza tres auditorías en la Municipalidad y la Corporación de Salud y Educación

El 2023 ha sido todo menos tranquilo para la Municipalidad de San Bernardo y, sobre todo, para la Corporación Municipal de Salud y Educación (Corsaber). Una institución que desde el inicio de la administración del alcalde Christopher White (PS) en 2021, ha tenido a siete personas distintas en el cargo de secretario general.

Al menos desde marzo, la Plaza de Armas de la comuna ha sido un lugar de manifestación para los trabajadores de los recintos educacionales. Incluso, recién este lunes volvieron a clases los representantes del último grupo que se mantenía en paro, luego de más de 40 días movilizados principalmente por el no pago de cotizaciones por parte de la Corsaber.

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“La Corporación ha cumplido con su obligación de pagar los sueldos de los trabajadores, todos los meses, regularizó el pago de las cotizaciones atrasadas y pagó parte de los bonos acordados con las organizaciones gremiales y sindicales”, plantearon desde la Corsaber, en respuesta al fin de la paralización.

Bajo la lupa de Bermúdez

Si bien las paralizaciones se detuvieron, los cuestionamientos se mantienen. Así lo confirmó a Mega Investiga el contralor Jorge Bermúdez, quien detalló parte de la fiscalización que actualmente el organismo está realizando en San Bernardo. “Efectivamente la Contraloría General Metropolitana está llevando a cabo tres auditorías en San Bernardo, en la municipalidad y también en la Corporación de Educación y Salud”, señaló Bermudez.

Trabajos donde el foco principal está asociado a la alerta que ha levantado la situación de los trabajadores de la educación. “Nosotros estamos preocupados por lo que está ocurriendo porque por los antecedentes preliminares evidentemente que hay problemas por ejemplo con los pagos de remuneraciones y de cotizaciones, sobre todo de los profesores”, enfatizó el Contralor.

En concreto, dos de las tres auditorías tienen como objetivo directamente la problemática educacional. Una de ellas tiene como motivación analizar el proceso de pago de cotizaciones entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, además de verificar la disponibilidad financiera para los convenios colectivos de trabajo firmados entre la corporación y las organizaciones de trabajadores durante el año pasado. Mientras que otra se encargará de observar el proceso de rendición de cuentas de los dineros provenientes de subvenciones SEP y FAEP, entre el 1 de enero de 2019 al 30 de septiembre de 2022.

Mega Investiga solicitó una respuesta a la Corporación Municipal sobre estas investigaciones, pero no quiso responder, pues comentaron que por el momento mantendrán esas indagatorias en reserva hasta que Contraloría envíe un informe final.

Si bien estas auditorías estaban planificadas por el ente fiscalizador, el Contralor Bermúdez sostuvo que han sido clave los antecedentes que han presentado denunciantes bajo reserva de identidad y un grupo transversal de parlamentarios.

En esa línea, la concejala de oposición Mariela Araya (UDI), quien junto al diputado Juan Antonio Coloma (UDI) fueron los primeros en presentar una denuncia a la Contraloría. “Queremos que se audite para saber con qué fondos y qué fuentes de financiamiento se pagaron los convenios colectivos y las cotizaciones”, aseguró Araya, quien obtuvo un documento revelador en el cual se detalla el mal uso de estos recursos que ascenderían a unos dos mil millones de pesos.

Sobre este punto, la Corporación de Educación de San Bernardo respondió que existen diferentes fondos para financiar los lineamientos cuestionados y descartaron de plano que se estén usando de mala manera los recursos fijados para las subvenciones escolares.

Pero en el oficialismo no piensan lo mismo. La diputada Marisela Santibáñez (PC) consultada por Mega Investiga mostró su descontento con la administración del alcalde Christopher White. "Hemos demostrado de muchas formas cuando las cosas se hacen mal. Hemos marchado juntos a los asistentes de la educación, hemos oficiado numerosas veces, hemos intervenido no solo en el parlamento, sino que también en el Concejo Municipal de la San Bernardo”, señaló la parlamentaria, quien aseguró que seguirán “muy atentos” a las investigaciones de Contraloría, porque “no nos interesa el color político, sino las buenas gestiones”.

El diputado Juan Irarrázabal (Republicano) endureció el debate y espera que también se sume el Ministerio Público a las indagatorias en San Bernardo por los graves antecedentes que ha podido analizar frente al mal uso de recursos en diferentes áreas del municipio.

“Administración deficiente”

Cristián Ulloa es el actual jefe de la Corporación Municipal de San Bernardo, pero en lo que va de la administración White es el número siete en su cargo. Malos manejos y problemas internos no han podido mantener una estabilidad en este organismo que tiene la misión de ejecutar todos los proyectos y servicios asociados a la Educación y Salud en la comuna.

Pero Ulloa no se hace cargo de ese problema, sino que responsabiliza de todo esto a la gestión de la exalcaldesa UDI Nora Cuevas, a quien el municipio acusó penalmente por malversación de nueve mil millones que estaban destinados a dineros SEP.

“Lamentablemente, el daño producido por la administración anterior ha tenido un duro impacto en la educación pública de San Bernardo, no solo en la infraestructura de los establecimientos que se encontraban en notable abandono, sino que también en su cuerpo docente y técnico”, comentaron por escrito desde la Corporación Municipal.

Una comuna rodeada de cuestionamientos donde, en definitiva, serán los resultados que arrojen los trabajos de la Contraloría, los que permitirán dilucidar el calibre de las situaciones que hoy afectan a San Bernardo. “Las auditorías van a señalar si hay hechos objetivos o no de irregularidad en esas dos instituciones, porque en el fondo es Corporación y Municipalidad”, finalizó el contralor Bermúdez.