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Caso Cesfam Las Condes: concejales acusan contradicciones tras querella presentada por alcaldesa Peñaloza

La construcción de un nuevo Cesfam en Las Condes ha generado un verdadero efecto dominó de polémicas. El proyecto está siendo investigado por la Fiscalía, luego de que un grupo de concejales denunciaran un supuesto pago de sobreprecio por uno de los terrenos donde se construiría el inmueble.

Además, la Contraloría abrió una investigación para revisar eventuales faltas a la probidad cometidas en el desarrollo del proyecto, mientras que la municipalidad mantiene abierto un sumario interno para determinar eventuales responsabilidades.

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Al caso se sumó una nueva arista. El 30 de marzo de este año, la alcaldesa anunció una “servicio externo de compliance” a cargo del estudio jurídico Albagli Zaliasnik (AZ), el cual concluyó que la adquisición de las propiedades se ajustó al presupuesto aprobado por el Concejo Municipal, no identificándose -a nuestro juicio-, la configuración de ilícitos en este sentido”. Además, el informe señala que “durante el proceso de adquisición de algunos inmuebles, que configuran el terreno para su construcción, existieron errores administrativos”.

Sin embargo, el informe ha sido fuertemente criticado por los mismos concejales que presentaron la denuncia en la Fiscalía. Se trata de Catalina San Martín (Evópoli), Patricio Bopp (ex UDI), Leonardo Prat (Indep. Republicano), Sergio Melnick (Indep. Republicano), Catalina Ugarte (P. Republicano) e Isidora Alcalde (Rev. Democrática), quienes ampliaron una denuncia en Contraloría para revisar la legalidad del contrato con el estudio AZ, lo cual fue dado a conocer este jueves por Mega Investiga.

Las diferencias entre los concejales

La mañana de este viernes, la alcaldesa citó a una reunión a los concejales. El motivo fue comunicarles la decisión de presentar una querella por los delitos de falsificación de instrumento público y privado, la cual fue publicada por el medio Ex Ante. El problema detectado responde a inconsistencias en las fechas del contrato de corretaje con Vulcon -la empresa cuestionada por la venta en sobreprecio de uno de los terrenos- y en el decreto que aprobó dicho contrato.

Específicamente, el texto señala que se interpone una querella criminal en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago “por los delitos de falsificación de instrumento público (falsificación ideológica), falsificación de instrumento privado y por cualquier otro delito que aparezca producto de la investigación, en contra de todos aquellos que resulten responsables, a raíz de los graves hechos constitutivos de delito de que da cuenta la presente acción criminal, sean en calidad de autores, cómplices o encubridores”.

La inconsistencia fue detectada a partir de la investigación del estudio jurídico AZ, el mismo que ha sido cuestionado por los concejales. Sin embargo, dicho informe fue valorado en su momento por la alcaldesa Daniela Peñaloza (UDI), quien afirmó el pasado 19 de junio, que el “informe es tajante, claro y preciso al señalar que hubo errores administrativos, falta de coordinación y control por parte de las unidades internas, así como un cambio en el modelo de adquisición de la última casa, cambios que no me fueron consultados ni informados”.

En ese entonces, la alcaldesa aseguró que “esta investigación y todos los antecedentes que manejo, hablan de errores administrativos, pero no de delitos”. Sin embargo, en la querella, la alcaldesa se basa directamente en los antecedentes del informe de AZ para presentar la acción penal por los delitos de falsificación de instrumento público y privado.

Para la concejala Catalina San Martín (Evópoli), “la decisión de la Alcaldesa de sumarse a la investigación iniciada en marzo da cuenta de que nuestra denuncia tiene mérito. Sin embargo, resulta extraño que la supuesta auditoría externa contratada por el municipio para revisar el proceso de compra del Cesfam, haya señalado como resultado que no existían delitos, pero hoy, la querella señale que en virtud de la información recabada por quienes hicieron la auditoría tenga permita antecedentes suficientes para presentar una querella. ¿Por qué esto no fue informado por el estudio de abogados en su informe de auditoría?”.

Posición que va en la misma línea de la presentada por el concejal Patricipio Bopp (ex UDI), quien afirmó que en un principio la administración “dijo que estaba todo dentro de la legalidad, tiempo después reconoció la presencia de errores administrativos y despejó indicios de cualquier tipo de delitos. Y ahora finalmente, termina presentando una querella. Nosotros estamos en la línea de que se investigue hasta el final”.

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Declaraciones que no son compartidas por todos los concejales. Quienes han respaldado el actuar de la alcaldesa en el caso Cesfam, aseguran que no hay contradicciones en la posición presentada por la edil. “Esto es consistente con lo que la alcaldesa ha venido sosteniendo desde que se cuestionó el proceso de compra del Cesfam. Ella ha advertido que hasta ahora solo había tenido conocimiento de errores administrativos pero que si en el futuro aparecían situaciones que revistieran las características de delito, presentaría las acciones penales correspondientes”, dijo Marie Claude Mayo (P. Republicano).

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