"Error político", renuncias y una investigación: Esto se sabe de los polémicos convenios de la pareja de diputada Pérez

¿Qué pasó?

Continúa la polémica sobre el millonario convenio que habría suscrito la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Antofagasta con la Fundación Democracia Viva, encabezada por Daniel Andrade, pareja de la vicepresidenta de la Cámara de Diputados y militante de Revolución Democrática (RD), Catalina Pérez. 

Luego que este sábado, el seremi de la cartera involucrada en el hecho, Carlos Contreras -también de RD- renunció, ahora se supo que la misma decisión habría tomado Andrade a la subsecretaría de Defensa, en donde se desempeñaba como asesor. 

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Cabe que señalar que Contreras habría suscrito tres acuerdos con la fundación, alcanzando un total de $426 millones de pesos, los cuales habrían estado orientados a realizar intervenciones para erradicar los campamentos en Antofagasta.

"Error político"

A pesar de que Pérez aseguró no tener ninguna participación o injerencia en los convenios suscritos, al punto de que, incluso, ella misma ofició a Contraloría para determinar la legalidad de los contratos con Democracia Viva y otras organizaciones por parte de la Seremi de Vivienda de Antofagasta, el acuerdo levanta suspicacias. 

Según La Tercera, en la interna de RD, reconocen que, a pesar de defender que no existen irregularidades evidenciadas en los antecedentes entregados por los involucrados, sí advierten que se pecó de ingenuidad desde ambas partes. Tanto Pérez como Contreras, en privado, han hablado de un "error político". 

El senador y timonel RD, Juan Ignacio Latorre, comentó que "aquí no hay nada ilegal (?), lo que sí hay es una arista de ética política por la cercanía del pololo de la diputada y el Seremi de Vivienda, ya que ambos son militantes del partido". 

Por su parte, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, fue mucho más dura, señalando que "cuando está en la labor pública tiene no solo que hacer lo que la ley le permite, sino que tiene que procurar que las cosas se den en un contexto éticamente irreprochable. Aunque eso a veces signifique un doble esfuerzo de quienes están cerca de quienes ejercen la función pública, porque uno toma la opción de estar en la función pública".

De acuerdo a La Segunda, fuentes el Minvu indican que, aunque pueden no existir ilegalidad, el episodio fue considerado, al menos, una "desprolijidad política grande" en la cartera, a raíz de que los nexos entre los involucrados podrían generar sospechas. "No se ve estético", expresan.

Investigación

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, envió a Antofagasta un equipo para indagar los tres convenios, que tienen fechas de septiembre y octubre de 2022.

"La información que tenemos es que hasta el momento aquí no se ven las irregularidades. Lo que se ve es una falta de criterio para que, en un vínculo como el que se tiene con una determinada institución, se le dé un préstamo de estas características y monto", explicó el secretario de Estado. 

Críticas de la oposición

Tras destaparse la polémica, desde la oposición han criticado fuertemente a Pérez, al punto de pedirle que deje su cargo de vicepresidenta de la Cámara, además de redactar una moción de censura en contra de la mesa de la corporación. 

La Tercera consignó que el documento, firmado por parlamentarios de la UDI, se argumentaba que la RD "ha mantenido una conducta al menos cuestionable desde un punto de vista ético", por lo que algunos parlamentarios solicitaron a la fiscalía abrir una investigación.

"Estamos recomendando que ella dé un paso al costado. Quiero darle primero la posibilidad de que renuncie, si eso no ocurre vamos a ver otras formas de liberarla de ese cargo", señalaron desde el partido.