Columna de Mauricio Morales: Muerte constitucional

*Por Mauricio Morales, doctor en Ciencia Política, profesor titular, Universidad de Talca-Campus Santiago.

En el plebiscito de entrada de octubre de 2020 la opción “Apruebo” se impuso por un 78.3%. Con sufragio voluntario, en esa elección votó apenas el 51%. Esto implica que por el “Apruebo” votó sólo el 39.9% si tomamos como base el total de población habilitada para votar.

Tal resultado contrasta con el plebiscito de salida de septiembre de 2022 en que la participación fue de 85.9% y en que el “Rechazo” ganó por un 61.9%, elección organizada bajo el régimen de inscripción automática y voto obligatorio. Haciendo el mismo ejercicio, el “Rechazo” conquistó al 53.2% del padrón.

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Si bien la reforma constitucional establecía explícitamente que ganando el “Rechazo” se debía mantener la actual Constitución, los líderes políticos decidieron abrir un nuevo proceso, pero con reglas muy distintas. En lo fundamental, corresponde a una estructura tutelada desde el Congreso, que instituyó 12 principios constitucionales, escogiendo, además, a dos órganos claves: el Comité Técnico de Admisibilidad y la Comisión Experta. Dicho en simple, el Congreso ya dibujó los planos de la casa y la Comisión Experta diseñó la obra gruesa. La obra fina debe ser realizada por el Consejo Constitucional, que- por cierto- también podría alterar la obra gruesa, aunque eso retrasaría la entrega final del producto.

La construcción de esta casa se realiza en un ambiente hostil. La última encuesta Cadem muestra que el 51% votaría “en contra” de la nueva Constitución y sólo el 26% lo haría “a favor”. Si bien el 59% dice que se encuentra “poco o nada” informado respecto al texto que escribió la Comisión Experta, la alta predisposición a rechazarlo resulta preocupante.

Coinciden en esto los extremos de derecha e izquierda, aunque por distintas razones. Para los votantes de derecha no es necesaria una nueva Constitución y prefieren reformarla, mientras los votantes de izquierda alegan que el proceso es ilegítimo porque los expertos fueron designados por el Congreso. Ambas razones no hacen referencia a los contenidos de la propuesta constitucional, ni polemizan sobre el diseño de las reglas. Más bien, son convicciones muy difíciles de modificar, y es ahí donde radica el riesgo de un nuevo y definitivo fracaso.

Los miembros del Consejo Constitucional deben estar muy claros respecto a este punto, pues son los encargados de revertir el marcador. El encono ciudadano, evidentemente, no es hacia ellos, sino que responde al hartazgo, cansancio, fatiga, molestia y aburrimiento de un proceso que partió con un diseño deficitario y que concluyó con una propuesta constitucional imposible de aprobar.

Si el proceso fracasa nuevamente, la clase política deberá asumir su responsabilidad, pero también debe ofrecer soluciones. Desde mi perspectiva, ya debiese pensarse en algo así como un Plan C. Por cierto, este plan no supone un nuevo proceso constitucional tal como lo conocemos hasta ahora, sino que en algo más simple: un paquete de reformas que sea votado en el Congreso.

El texto base de ese plan de reformas debiese ser el documento evacuado por la Comisión Experta, siendo ratificado por la ciudadanía en un plebiscito. No es necesario incluir una jornada electoral especial para estos efectos, sino que simplemente agregar una papeleta para las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre de 2025. En esa propuesta constitucional se debiese dejar explícitamente señalado que de rechazarse por tercera vez el texto, regirá el actual a todo evento.

Esto implicaría algo así como la muerte constitucional, llegando a una situación muy paradójica. En 2019 la clase política abrió el camino de cambio constitucional como una solución a la crisis social, pero sólo cuatro años después, la ciudadanía podría decir que, en realidad, el problema nunca ha sido la Constitución, sino que algo mucho más simple, vinculado a medidas pro-igualdad y un marco sancionatorio más duro frente a los abusos de los privados.