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SII se querella contra seis representantes de inmobiliarias por vender inmuebles con sobreprecios a gobernación

¿Qué pasó?

El Servicio de Impuestos Internos (SII) se querelló contra seis representantes de distintas inmobiliarias, a quienes se acusa del delito tributario de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas, lo que habría generado un perjuicio fiscal cercano a los 900 millones de pesos.

La acción judicial fue emprendida contra los representantes legales de Inmobiliarias Guayacán S.P.A., Inmobiliaria La Herradura S.P.A., Inmobiliaria La Serena S.P.A., Inmobiliaria El Faro S.P.A., Inmobiliaria Pan de Azúcar S.P.A. e Inmobiliaria Cerro Grande S.P.A., además de todos quienes resulten responsables por este hecho.

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¿De qué se les acusa?

En concreto, el organismo acusa que las empresas, representadas por Lorenzo Pedro Iduya Ortiz de Luzuriaga, Nicolas Fabián Bakulic Govorcin, Karim Ale Daire Daud y Manuel Alejandro Daire Daud, vendieron a la Gobernación de Coquimbo, en 2020, seis bienes raíces por $9 mil millones, monto muy superior a los $485.229.830 por los que dichas inmobiliarias los adquirieron en 2014. 

ATON

El organismo se vio alertado de esta situación, luego de revisar la carpeta investigativa que llevaba adelante el Ministerio Público. Al acceder a ese documento, habría logrado detectar que los montos serían ampliamente superiores en comparación a los valores en que estos bienes habían sido adquiridos.

Con ese antecedente en la mano, se dio inicio a una auditoría con el fin de corroborar el costo directo que asumieron las sociedades mencionadas por los terrenos en cuestión.

Tras esa evaluación, el SII habría determinado que efectivamente el costo directo de los bienes raíces vendidos al Gobierno Regional de Coquimbo, por parte de las sociedades inmobiliarias, había sido incrementado de manera maliciosa, mediante un proceso de reorganización empresarial injustificado, a través del cual imputaron como costo más de $3.881 millones, como consecuencia de un aumento de capital ficticio (suscrito, no pagado).

Con esta acción, los acusados habrían generado un costo tributario de manera artificial, a través de una planificación tributaria fraudulenta.

Según apunta el Servicio, el objetivo de esta planificación fue disminuir la base imponible del impuesto de primera categoría que se generaría con ocasión de la enajenación de bienes raíces de propiedad de las empresas ya indicadas. El perjuicio fiscal generado por concepto de Impuesto a la Renta en este caso es de cerca de $900 millones.

Cabe destacar que esta investigación se inició luego de que el Ministerio Público fuera informado por la Contraloría, tras una investigación administrativa liderada por este último organismo.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

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