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¿Dónde termina el reciclaje de la zona oriente de Santiago? Los municipios no lo saben

  • Por Tamara Silva

En 2020, los chilenos generaron cerca de 20 millones de toneladas de residuos. Es decir, cada uno produjo un kilo de basura al día. Del total, solo 21% fue reciclado, según cifras del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA).

Meganoticias solicitó vía Ley de Transparencia a cinco de las municipalidades del sector oriente, acceso a las boletas por venta de sus residuos reciclables. Solo una de ellas pudo acreditar que los residuos que reciclaron sus vecinos no terminaron en la basura.

¿Qué respondieron?

Tanto la Municipalidad de Ñuñoa como la Municipalidad de Vitacura respondieron las solicitudes indicando que no contaban con la información sobre la posterior venta de los materiales reciclados que recolectaban sus vecinos, porque la obligación de contar con esos datos no se encontraba en sus contratos. Esto significaría que “no hay un seguimiento” de estos residuos, según comunicó el municipio de Vitacura.

Además, el municipio de Ñuñoa señaló en su respuesta que “tanto la Estación de Transferencia de la Comuna de Quilicura, como la Planta Separadora Lomas del Colorado de la comuna de Til Til, reciben residuos reciclables de distintas comunas y no existe una clasificación y separación de los distintos materiales reciclables, diferenciados para cada municipio de origen”. La respuesta confirma que no es posible acreditar qué parte de los materiales reciclados y vendidos pertenecen a cada municipalidad.

Por su parte, la Municipalidad de Providencia contestó que “se han cursado las multas respectivas” por la ausencia de facturas de ventas de residuos reciclados por parte de Demarco S.A.

La Municipalidad de Lo Barnechea fue el único municipio que entregó las facturas por la venta de reciclaje, a cargo en 2020 de la firma Recupac S.A y en 2021 de Demarco S.A. De esta última, se advirtieron facturas por comercialización de material reciclable por sobre los $20 millones de pesos. No obstante, consultado por el equipo de Misión Encubierta, el alcalde Cristóbal Lira dijo que “no confiaba en los informes operacionales elaborados por la empresa”.

El retraso del servicio de reciclaje por $153 millones mensuales en Colina

La Municipalidad de Colina concretó una licitación en 2021 para el servicio de recolección de residuos generales y reciclables para su sector centro norte. Este trabajo fue adjudicado al único oferente: la empresa Starco S.A., que también pertenece al grupo KDM Empresas, parte del holding español-estadounidense Grupo Urbaser Danner.

En junio de 2021, Starco SA se adjudicó un contrato por $153,5 millones mensuales, que tendría una duración de 6 años, lo que implicaría un total de $11 mil millones aproximadamente. Sin embargo ocho meses después, en febrero de 2022, el municipio afirmó que “el servicio aún no se encuentra en ejecución, motivo por el cual por ahora no contamos con la información solicitada”.

Consultado por Meganoticias, el municipio de Colina indicó que el plan piloto del servicio comenzó recién este mes. Además, señaló que ya se han efectuado pagos, pero que no se pagará el monto total mensual acordado hasta que termine de realizarse dicho plan.

Vea aquí el capítulo de Misión Encubierta

A fines del año pasado, se intensificaron las sospechas de que los desechos de puntos limpios de reciclaje eran mezclados con basura general. Un conductor de la planta de tratamiento de la empresa KDM mostró cómo los residuos reciclables eran vertidos en los montones de basura en su cuenta de TikTok.

Tras la viralización del registro, la Municipalidad de Providencia presentó una querella contra la empresa Demarco S.A -que es parte del grupo KDM Empresas- por el delito de estafa en diciembre de 2021.

Desde 2018, el Ministerio de Medio Ambiente le da un fondo a las municipalidades para promover hábitos de reciclaje y contar con la infraestructura apta para la adecuada separación de esos materiales. Sin embargo, la mala gestión de las empresas encargadas de la recolección y venta de esos residuos pondría en riesgo la eficiencia de estos programas financiados con recursos públicos.

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