Oposición confirma que la próxima semana presentará acusación constitucional contra Piñera por caso Minera Dominga

¿Qué pasó?

Este martes, diputados de oposición confirmaron que presentarán una acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, a raíz de la polémica por la compraventa de Minera Dominga.

De acuerdo a los parlamentarios, el libelo será presentado la próxima semana, para que pueda ser analizado antes de las elecciones presidenciales de noviembre.

¿Qué dijo la oposición?

El diputado del Partido Comunista (PC) Daniel Nuñez, sostuvo que: "Ya se constituyó el equipo jurídico para avanzar en la redacción de la acusación constitucional. Nuestro compromiso es presentar sí o sí la próxima semana. Queremos que esto se vote antes de las elecciones presidenciales del 21 de noviembre, porque consideramos que es importante que la ciudadanía sepa y conozca todo lo que ha pasado y todas las actitudes indecorosas que ha tenido Sebastián Piñera".

"Uno de los puntos que más se ha escuchado en la prensa es que estos hechos estarían prescritos, tanto penalmente como del punto de vista político, porque habrían ocurrido durante su primer Gobierno. Sin embargo, quiero recordarles algo que está absolutamente probado, que el 5 de marzo del año 2018 del Consejo de Ministros de la expresidenta Michelle Bachelet aprobó la creación de un área costera marina protegida en el borde de la comuna de La Higuera, y quedó en la responsabilidad del Presidente actual fijar los límites de la área, cosa que hasta la fecha no ha hecho", sostuvo.

"Ese hecho está absolutamente vinculado a la venta del proyecto Dominga", recalcó.

¿En qué se basará la acusación?

El diputado Jaime Naranjo (PS) explicó que: "En la reunión que hemos tenido todas las bancadas de oposición hemos acordado iniciar una acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera. Los motivos y los fundamentos de esa acusación van a estar basados por haber infringido el principio de probidad, y también por comprometer gravemente el honor de la patria".

¿Cuál es la posición de la Democracia Cristiana?

Desde la Democracia Cristiana (DC), donde Matías Walker había planteado que primero se debía realizar una comisión investigadora, Gabriel Ascencio confirmó que: "La bancada de diputados de la Democracia Cristiana está disponible para la acusación constitucional".

"Estar disponible significa comprometer los votos", destacó Ascencio, pero aclaró que: "Eso lo vamos a ver cuando votemos, pero saben del esfuerzo que hago para que tengamos la máxima unidad en nuestra bancada. Lo que yo le estoy diciendo hoy día mi apuesta es que vamos a tener todos los votos de la bancada, de los diputados de la Democracia Cristiana".

¿Qué dijo el Gobierno?

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, manifestó que: "Nos parece que se está haciendo uso de una herramienta sumamente excepcional, como es una acusación constitucional, para fines electorales y políticos".

"Los antecedentes que aparecieron el día domingo en los denominados Pandora Papers no añadieron nada que la opinión pública ya no conociera. Se trata de hechos que habían sido zanjados por la justicia en primera instancia, en segunda instancia, también por la Corte Suprema. El propio Ministerio Público pidió el sobreseimiento de los querellados", reiteró.

En ese sentido, expresó que: "Venir a hacer este uso político, sin siquiera haberse tomado la molestia de saber realmente lo que ocurrió, es una gran decepción".

"Lo que buscan los diputados de oposición es un punto político a pocas semanas de elecciones parlamentarias y presidenciales. Y la verdad que, así como el candidato presidencial Gabriel Boric ha manifestado mucha preocupación por este tema, yo le recuerdo que el año 2017 era miembro de la comisión investigadora que analizó este tema y no asistió a ninguna sesión de esta comisión", sentenció.

"Nosotros tenemos el ánimo de persuadir y de contribuir a hacer ver a aquellos parlamentarios que, por más que tengan ganas de reelegirse, siempre deben mirar el bien común, y el bien común ahora pasa por preocuparnos de políticas públicas. El bien común ahora no pasa por malgastar horas legislativas en acusaciones infundadas", concluyó.

La polémica

Según la información dada a conocer por Ciper, la familia Piñera Morel fue la mayor accionista del proyecto Dominga y que junto a Carlos Alberto Délano sumaban más del 56% de la propiedad.

En diciembre de 2010 Délano compró la participación de todos los otros socios en US$152 millones, transacción que se llevó a cabo en Islas Vírgenes Británicas y donde además se firmó un contrato que establecía tres cuotas. Sin embargo, este último pago dependía de que no hubiera cambios en las regulaciones. El problema se habría originado porque los eventuales cambios habrían dependido del Gobierno de Sebastián Piñera.

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