Gobierno por informe ONU: "Afirma violaciones a DD.HH. antes que concluyan las investigaciones"

¿Qué pasó?

El Gobierno publicó su respuesta al informe elaborado por la misión en Chile de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que se constató que durante la crisis, “se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos”.

¿Qué respondió el Gobierno?

En un documento, concluyeron que “en algunos casos, el informe afirma la existencia de violaciones de derechos humanos antes de que concluyan las investigaciones en curso, en el marco del Estado de Derecho y la institucionalidad democrática del país. En ese sentido, el Gobierno reitera la importancia de validar las fuentes de información, pues se han corroborado un gran número de noticias falsas profusamente divulgadas pese a ser descartadas por el Ministerio Público o los Tribunales de Justicia”.

Además, añadieron que "el Gobierno de Chile agradece a la OACNUDH por la celeridad con la que concretó su visita y por la disposición que tuvo su Misión para recabar informaciones, tanto del Gobierno como de la sociedad civil. Las orientaciones y recomendaciones OACNUDH son bienvenidas, ya que tienen como objetivo mejorar prácticas en materia de derechos humanos, siendo estos una prioridad para el Estado de Chile. Sus recomendaciones contribuirán al análisis integral a que estamos abocados, en esta importante materia".

Medidas adoptadas

Expusieron también que tras las denuncias se han tomado medidas como la "apertura de sumarios administrativos e investigaciones sumarias en Carabineros de Chile. A la fecha se han abierto 856 investigaciones administrativas, cuyos antecedentes han sido remitidos al Ministerio Público en forma simultánea".

"Restricción del empleo de perdigones, proscribiendo su uso para el control de multitudes" y "suspensión del uso de perdigones, salvo para aquellos casos en que exista un peligro inminente a la vida de un policía o civiles".

Precisiones

"Muertes: en relación a la afirmación de 26 muertes ocurridas en el contexto de las protestas, cabe señalar que de esas 4 podrían atribuirse a agentes del Estado, tal como lo señala el informe. Los demás casos corresponden a fallecimientos atribuibles a otras causas, la mayoría de los cuales ocurrieron en el contexto de saqueos e incendios y no tienen relación alguna con las manifestaciones pacíficos. Todos los cuales están siendo investigados por el Ministerio Público".

"Lesiones Oculares: el informe no incluye las cifras entregadas por el Ministerio de Salud, proporcionadas por la Unidad Trauma Ocular del Hospital El Salvador. Entre el 18 de octubre y 02 de diciembre se han atendido a 239 pacientes, de los cuáles 16 han sufrido pérdida total de la visión un ojo y 75 tienen visión normal. 148 pacientes están en evaluación de recuperabilidad. Adicionalmente, el Gobierno lamenta profundamente el caso de dos personas que han perdido completamente la visión en sus dos ojos".

"Personas Detenidas: el informe señala que muchos de ellos son 'jóvenes sin antecedentes penales'. Al respecto, cabe precisar que 78% de los casos registran al menos una detención previa. Además, 81% de los detenidos por saqueos había sido arrestado al menos una vez antes y 63% de los detenidos por desórdenes había sido detenido con anterioridad. El informe se refiere a detenciones indiscriminadas y arbitrarias. Al respecto, cabe clarificar que el 95,1% de todas las detenciones efectuadas desde el 18 de octubre han sido declaradas legales por los Tribunales de Justicia".

"No seremos nosotros los que juzguemos"

Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, señaló respecto a las denuncias, que "cada una de ellas está siendo o será investigada por el Ministerio Público y será sancionada de acuerdo a lo que determinen los Tribunales de Justicia", agregando que "no seremos nosotros los que juzguemos, no estamos llamados a eso, pero como ha dicho el Presidente de la República, no habrá impunidad".

Asimismo, expresó que "en el intertanto que las instituciones de la justicia penal y civil, llevan adelante sus procedimientos propios de un Estado de Derecho, estamos coordinando la disposición de todas las medidas necesarias para asistir a las personas que hayan denunciado ser víctimas de violaciones a los derechos humanos".

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