Nacional

La denuncia contra notario de San Fernando que complica a Fiscal Nacional Jorge Abbott

  • Por Jorge Bravo

Por Carolina Acuña y Bárbara Miranda

Cinco días de plazo le otorgó la Corte de Apelaciones de Santiago al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, para que informe, con “todos los antecedentes que existan en su poder”, en el marco de un recurso de protección presentado por el abogado Renato Ortega del Valle, quien en marzo acusó supuestas faltas por parte del Ministerio Público en la tramitación de una denuncia presentada en 2017 por eventual corrupción en la región de O'Higgins.

Si bien el escrito se centra en criticar a la fiscalía de no investigar el caso en que el denunciante apuntó a su entonces superior, el ex defensor regional de O'Higgins Alberto Ortega Jirón, se desprenden del recurso acusaciones que destaparían una nueva hebra en el escándalo que hoy sacude al Poder Judicial y que apuntaría -esta vez- a eventuales influencias políticas en la designación de notarios.

El senador PS Juan Pablo Letelier “habría ‘intercedido´ en favor del Defensor Regional de O´Higgins para que la Corte de Apelaciones de Rancagua lo nombrara en sucesivas ternas de notario público”, señala el escrito.

Cabe señalar que Alberto Ortega, tras dejar la defensoría regional de O'Higgins, asumió como notario en San Fernando en febrero pasado.

Ternas para San Fernando y Rengo

Uno de los antecedentes que se exponen respecto del nombramiento de Ortega Jirón es que durante el periodo en que se conformaban las ternas de notario público para San Fernando y Rengo “coincidentemente, se interpusieron varios recursos judiciales en contra del cuestionado Defensor Regional de O'Higgins, tanto por abuso de poder, faltas graves a la probidad administrativa, así como eventuales delitos penales”.

Frente a este punto el escrito subraya que: “Los mismos ministros que en definitiva lo nombran en tres ternas de notario público” al mismo tiempo “rechazan los tres principales recursos judiciales interpuestos en su contra, pero sin fundamento jurídico alguno, contra la jurisprudencia vigente y sin inhabilitarse conforme a la ley al derecho”.

Reglón seguido, se acusa, además, que el actual notario de San Fernando “registra dos causas pendientes en la Fiscalía Regional de Rancagua, con posibilidad de reabrir una tercera, y ahora una cuarta con el oficio de Contraloría”.

Esto último, haciendo referencia a la denuncia que presentó ante el organismo fiscalizador el año pasado. “Según información ampliamente comentada desde la misma Defensoría Regional de Rancagua, el senador Letelier habría exigido a la Corte de Apelaciones de Rancagua la inclusión en ternas de notario del defensor regional, Alberto Ortega”, indica ese escrito dirigido a Jorge Bermúdez.

En el recurso de protección el recurrente agrega que por estos hechos incluso se envió una carta de denuncia dirigida al ex ministro de Justicia Jaime Campos, "pidiendo que por respeto a la Convención Interamericana contra la Corrupción" no se nombrara notario público (...) posteriormente, se procede a designar a don Luis Toledo Ríos, ex fiscal del caso Caval, con todo el escándalo público a nivel nacional que la noticia originó”, indica el documento.

"Vicios legales”

El 12 de marzo del 2018, Luis Toledo renunció a seguir en carrera por el cargo de notario en medio de rumores de presiones por parte de La Moneda para concretar su nombramiento. En el escrito que envió a Contraloría comunicando formalmente su decisión, Toledo se refiere así a la opción inicial del Gobierno, Alberto Ortega: “Es obvio que tal designación adolecía de vicios legales, pues el señor Ortega Jirón, conforme a la normativa legal invocada, al ser un segundo abogado externo, no podía integrar la mencionada terna”.

De acuerdo al Código Orgánico de Tribunales que regula el nombramiento de notarios, las ternas debiesen estar compuestas por al menos dos notarios, dejando la posibilidad de que solo un abogado externo postule en la tercera plaza.

Según consta en la tramitación judicial, el recurso de protección fue rechazado en primera instancia por la Corte de Apelaciones de Santiago, sin embargo, el 1° de abril pasado, la Suprema revocó la resolución, argumentando que “del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo interpuesto (...) se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, razón por la que el recurso debió haber sido acogido a tramitación”.

La acción judicial se dirige contra el Fiscal Nacional, ya que el recurrente acusa, entre otros puntos, “invisibilización del Ministerio Público en los hechos con carácter de corrupción por el caso notarios públicos".

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