Nacional

Ocho de cada 10 chilenos cree que los organismos públicos son corruptos

  • Por Oliver Rodríguez

El 79% de los chilenos considera que los organismos públicos son corruptos o muy corruptos, según reveló el Estudio Nacional 2018 del Consejo para la Transparencia (CPLT). Con esto, el indicador registra un crecimiento de un 9% desde el año 2015.

"Lo que denominamos como crisis de confianza, que emergió hace algunos años tras varios hechos de corrupción, sigue instalada en el país", explicó el presidente del CPLT, Marcelo Drago.

Paralelamente, según consigna El Mercurio, el informe revela que, en el caso de presenciar o experimentar un acto de corrupción de algún ente perteneciente al sector público, solo un 25% de los consultados haría la denuncia, mientras que un 28% haría lo propio tratándose del ámbito privado. 

Consultado por los resultados del estudio, el director de Chile Transparente, Alberto Precht, manifestó no estar sorprendido, toda vez que "actualmente, la corrupción está en el tema diario de los chilenos".

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Además de lo anterior, Precht añade que "la percepción aumenta porque las molestias que las personas podrían tener, como un mal servicio en oficinas públicas, no es corrupción técnicamente, pero la gente lo asocia con eso".

TEMOR

Otro aspecto desnudado por el Consejo para la Transparencia es que solo el 18% de los encuestados sabe dónde debe realizar la denuncia ante un caso de corrupción.

Al mismo tiempo, un 62% de quienes manifestaron haber presenciado una acción de este tipo, señalan que no denunciaron por temor a sufrir represalias o consecuencias, como por ejemplo, la pérdida de empleo, discriminación o "quedar marcados". 

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PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE

En este sentido, Precht manifestó al citado medio que una de las razones de lo anterior es la falta de mecanismos de protección para quien realiza la denuncia en este ámbito.

"En Chile no existe un mecanismo efectivo de protección al denunciante de corrupción dentro del sector privado y en el sector público existe solo una protección muy limitada a los funcionarios públicos, pero no a todos", explica.

La solución, señala, es la creación de una ley que proteja al denunciante, garantizando el anonimato, además de "otros incentivos como que si se recuperan bienes robados o a lavado de activos, un porcentaje podría llegar al denunciante".

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