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Caso fotógrafo de moteles: de las 200 víctimas de extorsión sólo cinco declararán

  • Por Paolo Cordero

Según el fiscal José Solís, de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad de la Metropolitana Occidente, 200 serían las personas que cayeron en el caso de extorsión más conocido de los últimos años. De estos sólo cinco personas se atreverán a declarar en el juicio oral programado para el 11 de junio.

Este martes ante el Tribunal de Garantía de San Bernardo, se realizó la audiencia previa al juicio oral en contra de las cuatro personas imputadas por los delitos de asociación ilícita, Amenazas condicionales (con y sin propósito delictivo) y tenencia ilegal de arma de fuego.

La investigación llevada a cabo logró determinar que entre enero de 2016 y enero de 2017 se hicieron 200 giros a una cuenta corriente por montos similares. Tras la investigación, cinco de ellos reconocieron recibir fotos y videos entrando o saliendo acompañados de un motel.

En conversación con el periódico Las Últimas Noticias el fiscal Solís comentó que “La persona que es víctima de la extorsión también es víctima de la sociedad en su conjunto porque está haciendo algo que la sociedad no ve como bien, por tanto es proclive a pagar, Por eso, de las 200 personas que tratamos de entrevistar, sólo cinco reconocieron que habían pagado. Es complejo meterse en la vida de las personas”.

Las más de 70 hojas de pruebas que la fiscalía presentará consta de la declaración de 12 víctimas (cinco van a juicio) y 9 funcionarios de la PDI que participaron en la investigación y detención de los imputados.

Así también se presentarán copias de cheques de distintos bancos, en su mayoría por montos similares y dirigidos a una empresa fachada, fotos y videos de clientes en las inmediaciones de moteles, certificados de inscripción de los vehículos implicados, certificados de matrimonio de víctimas, discos duros con información privada de clientes entre otros.

Carpeta de la investigación.

En la carpeta de la fiscalía -según informa LUN- los cuatro imputados funcionaban a través de una empresa fachada llamada “Enaser”. de los cuales dos de ellos “se comunicaba con las víctimas amenazándolos para que pagaran y que firmaran un contrato de prestación de servicios” a cambio de no revelar a sus parejas “las supuestas infidelidades”, esto mediante la firma de un contrato de confidencialidad.

Un tercer imputado realizaba “labores de vigilancia y grabación de los autos que entraban y salían de los moteles”. el cuarto implicado “levantaba información de las víctimas en registros públicos a través de las patentes y cruzaba información con redes sociales para contactarlos.

 

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