Operación Huracán: Los argumentos de los comuneros mapuche en su querella contra un grupo de carabineros

A eso de las 10:00 de la mañana de este lunes, la abogada Karina Riquelme llegó hasta el Juzgado de Garantía de Temuco para presentar la querella criminal en contra de siete funcionarios de Carabineros por el presunto delito de falsificación de instrumento público y delitos informáticos, en el marco de la denominada "Operación Huracán".

Esto, en representación de Jaime y Rodrigo Huenchullán Cayul y Fidel Tranamil, tres de los ocho comuneros mapuche sobreseídos este viernes de la causa en que eran acusados de quema de maquinaria agrícola y que terminó por transformarse en un nuevo flanco abierto para Carabineros de Chile, cuya unidad de Inteligencia es acusada de montaje.

En el escrito elaborado por la abogada Riquelme, los comuneros realizan un repaso de su detención por el presunto delito de asociación ilícita terrorista, en virtud de una investigación que personal policial llevó a cabo en su contra mediante la supuesta intervención de sus comunicaciones telefónicas, informáticas y radiales.

"Con dicha información y producto del trabajo de inteligencia realizado por Carabineros de Chile, con fecha 24 de septiembre de 2017, se nos formalizó por el delito de Asociación ilícita terrorista ante este Juzgado de Garantía, quedando bajo la medida cautelar de Prisión Preventiva", reza la acción judicial. 

PRIMERA LIBERACIÓN

Luego, añade referencias a la oportunidad en que la Corte Suprema acogió sus recursos de amparo, revirtiendo la medida cautelar, tras cosniderar "que los medios de prueba aportados por el Ministerio Publico eran absolutamente insuficientes para la imposición de prisión preventiva, lo que reafirmaba nuestra convicción de absoluta inocencia respecto a los cargos formulados".

Tras esto, la acción judicial menciona los resultados del análisis de las evidencias, realizado por "órganos especializados e independientes de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (UDLECO)", en los que se "ha determinado la adulteración por parte de funcionarios de Carabineros de Chile de los sistemas de comunicación intervenidos, implantando mensajes y conversaciones en nuestros teléfonos". Hechos por los cuales la Fiscalía Local de Temuco abrió una investigación. 

En consecuencia de lo expuesto, plantea el escrito elaborado por la abogada de los comuneros, solicita tener por interpuesta la querella criminal en contra de seis uniformados, además del ingeniero Alex Smith Leay (creador del software) y todos quienes resulten responsables "en calidad de autores, cómplices y encubridores de los delitos de obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público y delito informático".

MEDIDAS SOLICITADAS

Finalmente, la profesional elaboró un listado de peticiones a la fiscalía, amparándose en el artículo 183 del Código Procesal Penal, que estipula que "durante la investigación, tanto el imputado como los demás intervinientes en el procedimiento podrán solicitar al fiscal todas aquellas diligencias que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos".

Dentro de estas, se incluyó la toma de declaración de todos los funcionarios policiales que tuvieron contacto con las evidencias relativas a la causa, además de que se decrete investigación respecto de la manipulación de evidencias que los imputados hubieran llevado a cabo en otras investigaciones penales, en particular aquellas donde se haya invocado la Ley que Califica Conductas terroristas.

Asímismo, solicitan que se oficie a Canal 13 para que entregue todas las grabaciones donde haya declarado el Sr. Alex Smith Leay. Al mismo tiempo, añaden que se le pida a Carabineros que de cuenta de la relación laboral que existe con el ingeniero.