Nacional

Caravana de la Muerte: Los hechos que la investigación pudo comprobar

  • Por María Salinas Arias

El ministro de la Corte de Apelaciones, Mario Carroza, dictó nuevas acusaciones en el caso “Caravana de la Muerte”, en donde se establecen responsabilidades por la muerte de 15 personas. Entre la lista de acusados se encuentra, en calidad de cómplice, el ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre.

Según detalla el sitio web del Poder Judicial, que publicó detalles de la acusación, la investigación logró determinar que el comandante en Jefe del Ejército de la época, Augusto Pinochet Ugarte, habría encomendado a su subalterno el general de Brigada Sergio Arellano Stark (actualmente fallecido), recorrer el país para que acelerara los procesos que afectaban a detenidos políticos y en su caso, proceder a ejecutarles.

El 16 de octubre de 1973 -a poco más de un mes del golpe de Estado y ya en dictadura-, el general Arellano arribó a La Serena con un grupo de militares. Entre ellos se econtraba los oficiales Sergio Arredondo González, Pedro Espinoza Bravo, Emilio de la Mahotiere González, Luis Polanco Gallardo, Juan Chiminelli Fullerton, Marcelo Moren Brito (fallecido) y Hugo Héctor Leiva González. 

Arellano le informa al Primer Comandante del Regimiento de Artillería N°2 Arica de La Serena, Ariosto Lapostol Orrego, su misión y selecciona a los detenidos que debían ser ajusticiados.

A fin de dar cumplimiento a esa decisión, un contingente del Ejército en vehículos fiscales a cargo del Sub-Oficial Hector Vallejos Birtiola (Fallecido) y el Sargento Luis Segundo Esteban Araos Flores, se trasladan hasta la Cárcel Pública de La Serena y retiran de la prisión a Oscar Gastón Aedo Herrera, Marcos Enrique Barrantes Alcayaga, Mario Alberto Ramirez Sepúlveda, Hipólito Pedro Cortés Alvarez, Jorge Abel Contreras Godoy, Roberto Guzmán Santa Cruz, Jorge Mario Jordán Domic, Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz, Carlos Enrique Alcayaga Varela, Jorge Ovidio Osorio Zamora, José Eduardo Araya González, Oscar Armando Cortés Cortés, Manuel Jachadur Marcarian Jamett, Víctor Fernando Escobar Astudillo y Jorge Washington Peña Han. A ellos posteriormente se le suma Oscar Gastón Aedo Herrera. 

Todos son llevados haste el polígono de tiro de ese recinto militar y, una vez en el polígono, los detenidos "son ajusticiados sin juicio previo, mediante disparos efectuados por personal del Ejército". 

Luego, los efectivos del Regimiento procedieron a inscribir las defunciones de las víctimas sin habérseles practicado las autopsias respectivas, ni menos el reconocimiento por parte de sus familiares. Acto seguido, personal militar procede al traslado de sus cuerpos hasta el cementerio local y les sepulta en una fosa común.

Una vez concluida la etapa de desaparición de los cuerpos de las víctimas, se informa a la ciudadanía la ejecución de 15 extremistas en cumplimiento de lo resuelto por Tribunales Militares en Tiempos de Guerra. Sin embargo, el fallo de Carroza sostiene que los oficiales tenían la certeza que esto no había acontecido y que el ajusticiamiento ocurre sin juicio previo, fundada en la sola circunstancia de su ideología.

En 1998, el Servicio Médico Legal revisó osamentas humanas encontradas el Cementerio Municipal de La Serena, logrando identificar a las 15 víctimas fusiladas, verificando que todas ellas presentaban múltiples impactos de proyectil en diferentes partes de sus cuerpos.

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