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Caso La Polar: Cinco años de libertad vigilada para principales acusados por lavado de activos

  • Por María Salinas Arias

A cinco años de libertad vigilada y al pago de millonarias sumas de dinero fueron condenados los ex ejecutivos de La Polar Pablo Alcalde, María Isabel Farah y Julián Moreno, quienes fueron acusados por las repactaciones unilaterales que realizó la empresa entre 2006 y 2011.

En juicio abreviado, los acusados reconocieron responsabilidad en los hechos. Ante esto, el tribunal dictó sentencia y otorgó a los imputados el beneficio para que no quedaran tras las rejas.

Ésta es la primera condena por lavado de dinero proveniente de delitos contemplados por la Ley de Mercado de Valores. Asimismo, marca un hito en las faltas declaración maliciosamente falsa (Ley de Mercado de Valores) y declaración maliciosamente falsa sobre la conformación del capital de una empresa (Ley general de bancos).

En este caso también fue condenado el ex gerente Nicolás Ramírez, quien fue sentenciado a la pena de cinco años de cárcel con el beneficio de libertad vigilada por entrega de información maliciosamente falsa al mercado; uso deliberado de información privilegiada; declaración maliciosamente falsa en la escritura de emisión de valores de oferta pública y obtención fraudulenta de créditos suministrando datos falsos o maliciosamente incompletos.

En tanto, Pablo Fuenzalida deberá cumplir una pena de dos años de presidio remitido como autor del delito de uso de información privilegiada y cómplice de entrega de información falsa al mercado, pena que lo inhabilita por dos años para desempeñarse en cargos del mercado de valores.

Asimismo, fueron suspendidos condicionalmente los acusados con menor responsabilidad en el caso. Le salida se aplicó a Ismael Tapia y Marta Bahamondes, acusados como cómplices del delito de entrega de información falsa al mercado, y a Martín González, acusado por el delito de declaración maliciosamente falsa para valores de oferta pública, para quienes se pedía una pena de 541 días de presidio. Esta misma salida se aplicó a Santiago Grage.

La suspensión condicional, que se fijó por el plazo de un año, establece como condiciones para los acusados cumplir 60 horas de trabajo comunitarios, colaborar con la investigación de la Fiscalía, no comunicarse con los otros acusados y fijar domicilio.

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