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Recapturan a uno de los líderes de la FARC tras su salida de la cárcel

  • Por Raúl Marín

AFP

Uno de los líderes de la exguerrilla colombiana de las FARC, Jesús Santrich, fue recapturado este viernes a su salida de la cárcel en silla de ruedas, tras la fuerte presión de Estados Unidos, que lo quiere juzgar por narcotráfico. 

Santrich había conseguido su liberación amparado en una orden del tribunal de paz que investiga los crímenes atroces cometidos durante el conflicto, pero apenas alcanzó a cruzar las puertas de La Picota, en Bogotá, cuando fue abordado por agentes de la fiscalía. 

El exnegociador de los acuerdos que permitieron el desarme y transformación de las FARC en partido político fue reconducido al penal y luego montado en un helicóptero de la policía, constataron periodistas de la AFP. Con semblante quebrado, fue subido en silla de ruedas. 

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En la noche del viernes se encontraba en la sede de fiscalía, según informó a la AFP una fuente de prensa del exguerrillero. 

Más temprano, la autoridad penitenciaria había informado que Santrich, a quien pudo verse con vendas de curación en las muñecas, se infligió heridas en los brazos, aunque su condición era "estable".

En un comunicado, la fiscalía señaló que "hizo efectiva" una nueva orden de captura dentro de la investigación por narcotráfico que se le sigue en Estados Unidos. 

Washington, a través de su embajada en Bogotá, se opuso férreamente a su excarcelación y exigió la "apelación urgente" del fallo que lo dejaba en libertad.  

El presidente Iván Duque respaldó el operativo, aunque evitó referirse a una eventual extradición del excombatiente. 

"Quienes reincidan en las actividades criminales deberán recibir todo el peso de la ley", declaró el mandatario en alocución presidencial.

De 52 años y con una aguda deficiencia visual, Santrich había sido detenido inicialmente en abril de 2018 con fines de extradición bajo la sospecha de haber conspirado para enviar cocaína a territorio norteamericano. 

"No paran las puñaladas a la paz, con odio hacen trizas lo acordado", protestó en Twitter Rodrigo Londoño, el jefe máximo de la otrora organización armada.

Santrich siempre ha proclamado su inocencia y asegura que los señalamientos por narcotráfico responden a un complot de Washington y la fiscalía colombiana. Durante su tiempo en prisión, realizó al menos dos huelgas de hambre. 

Una acción polémica 

Aunque los jueces habían ordenado el miércoles la libertad del exnegociador de paz, la medida no terminó de concretarse pese a que incluso un tribunal de Bogotá ratificó este viernes su derecho a la excarcelación.

La justicia de paz dictó el fallo a favor de Santrich alegando que no recibió de Estados Unidos las pruebas que supuestamente lo comprometen en un delito cometido después de la firma del pacto de paz.

Tras exigir la "apelación urgente" de la decisión de primera instancia, la embajada de Washington lanzó una advertencia al dirigente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido surgido de los acuerdo que fueron suscritos en noviembre de 2016. 

"Ninguna decisión en el futuro" cambia "el hecho de que un Gran Jurado" en Nueva York acusó a Santrich "por presuntamente conspirar para enviar 10.000 kilos de cocaína a Estados Unidos entre junio de 2017 y abril de 2018", advirtió la representación diplomática en un comunicado.

Molesto con la sentencia de liberación, el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, decidió el miércoles renunciar a su cargo, mientras el presidente Duque se declaró "indignado" con la decisión.

Crítico del pacto de paz, Duque apoyó la apelación de la sentencia anunciada por la Procuraduría, advirtiendo que el caso no está "cerrado" y que está dispuesto a autorizar la extradición de Santrich.

"Hay unas fuerzas en el país y en el exterior que quieren golpear el proceso de paz y ni siquiera aceptan decisiones de organismos judiciales establecidos en el acuerdo de paz (...) y refrendados por la Corte Constitucional", comentó León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, al canal Cablenoticias.

Apoyado por la ONU, el acuerdo que condujo al desarme de unos 7.000 combatientes prevé beneficios penales para los responsables de delitos atroces que contribuyan a la verdad, la justicia y reparación de las víctimas. 

Sin embargo, deja sin efecto el blindaje contra la extradición para quienes hayan reincidido después de la entrada en vigor de los compromisos de paz. 

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