Registro Nacional de Vándalos: Gobierno aclara que no incorporará a condenados por delitos económicos, ni violaciones a los DD.HH.
- Por Paula Moreno
¿Qué pasó?
El Gobierno salió a defender este lunes la creación del Registro Nacional de Vándalos, una de las principales medidas de seguridad anunciadas por el Presidente José Antonio Kast durante su primera Cuenta Pública ante el Congreso.
En conversación con ADN Hoy, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicó los alcances de la iniciativa y aseguró que busca sancionar conductas que, si bien muchas veces no están asociadas a delitos de alta gravedad, generan un impacto directo en la calidad de vida de las personas y en el uso de los espacios públicos.
La autoridad también respondió a las críticas surgidas desde algunos sectores de la oposición, descartando que la propuesta sea inconstitucional o implique una doble sanción para quienes resulten condenados por este tipo de hechos.
Descartan incluir a condenados por delitos económicos y violaciones a los DD.HH.
Al ser consultado sobre la posibilidad de incluir a condenados por delitos económicos, colusión o violaciones a los derechos humanos en el futuro Registro Nacional de Vándalos, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, descartó esa opción y aseguró que dichos ilícitos no corresponden al objetivo de la iniciativa.
"Esa no es una incivilidad", afirmó la autoridad, enfatizando que la propuesta busca abordar conductas que afectan directamente la convivencia y el uso de los espacios públicos.
En esa línea, Pavez sostuvo que los delitos económicos ya cuentan con una legislación específica y sanciones severas, mientras que otras conductas como el rayado de infraestructura o los daños al patrimonio público muchas veces quedan sin consecuencias relevantes.
Según explicó, la intención del Gobierno es generar mecanismos disuasivos para este tipo de acciones, sin recurrir necesariamente a penas de cárcel que podrían resultar desproporcionadas.
¿Qué es el Registro Nacional de Vándalos?
Según explicó Pavez, la iniciativa apunta a personas que sean responsables de daños al patrimonio público o privado, así como de diversas incivilidades que afectan la convivencia en barrios, plazas, parques, estaciones de transporte y otros espacios comunitarios.
Entre las conductas que podrían derivar en el ingreso al registro figuran el rayado de infraestructura pública, la destrucción de mobiliario urbano, daños a paraderos del transporte público, multicanchas y equipamiento comunitario.
"Nosotros tenemos que hacernos cargo no solamente del crimen organizado, nacional y transnacional, de los delitos comunes, sino también de aquellas conductas que, lamentablemente, muchas veces hemos normalizado y que atentan contra la vida en comunidad", sostuvo el subsecretario.
Las sanciones que contempla la propuesta
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto son las consecuencias administrativas que podrían enfrentar quienes integren el registro.
De acuerdo con Pavez, una de las medidas sería la suspensión o pérdida temporal del acceso a determinados beneficios estatales.
"Por cinco años usted no va a poder acceder a la PGU o la va a perder mientras esté en el registro", afirmó la autoridad, agregando que la restricción también podría extenderse a subsidios de arriendo, becas estudiantiles y beneficios asociados a la gratuidad en educación superior.
Asimismo, señaló que se evalúan sanciones similares a las que actualmente existen para quienes figuran en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
Entre ellas, mencionó la imposibilidad de renovar la licencia de conducir o inscribir vehículos a nombre propio mientras la persona permanezca incorporada en el registro.
"No hay discriminación"
El subsecretario también respondió a quienes sostienen que la medida podría afectar principalmente a sectores más vulnerables de la población.
Según indicó, el criterio de aplicación será igual para cualquier persona que incurra en conductas sancionadas por la normativa, independientemente de su condición socioeconómica.
"Acá no hay una discriminación, sino que cualquier persona que se exponga a la destrucción, al rayado, al maltrato de obra a carabinero, va a ser sancionada, venga de donde venga", afirmó.
Finalmente, la autoridad sostuvo que los principales beneficiados con la iniciativa serán los habitantes de sectores medios y populares, donde los daños al espacio público suelen tener un impacto más directo en la vida cotidiana de las comunidades.
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