"Se repartían el botín": Investigaciones a fundaciones en el norte revelan fraude por más de $850 millones

Por estos días, el denominado “Caso Convenios“ vive días claves en una de sus aristas emblemáticas, la fundación Procultura. En las próximas semanas, se alistarán una serie de diligencias claves contra los principales involucrados en el caso.

Sin embargo, la ex fundación del psiquiatra Alberto Larraín, es apenas una de las 134 investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público en el marco de estas causas. En las últimas semanas, las investigaciones en el norte del país han desentrañado varias de las aristas que se abrieron en 2023.

Una de ellas apunta a la Fundación Comprometidos, organización que al inicio del caso convenios hizo noticia por adjudicarse millonarios fondos para proyectos de agua potable en el norte, cuando su giro estaba destinado a películas y mascotas.

Ese cuestionamiento sería apenas la punta del iceberg de un fraudulento modus operandi que hoy tiene en jaque a dirigentes de la fundación y a una serie de funcionarios públicos.

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El pasado 11 de abril, la Fiscalía de Atacama formalizó a cuatro imputados involucrados en esta arista, entre ellos, Sebastián Duarte, presidente de la fundación, quien tiene un activo pasado político, como militante del extinto Partido Progresista (PRO), por el cual fue candidato a diputado en 2021 y a concejal de Quinta Normal en dos oportunidades, 2016 y 2021.

Según explicó a Mega Investiga el fiscal de la Unidad de Causas Complejas de la Fiscalía de Atacama, Luis Miranda, la causa “se encuentra en etapa de investigación con diligencias pendientes asociadas con los delitos por los cuales se generó esta indagatoria que son fraude al fisco, cohecho agravado, lavado de activos y administración desleal”.

Los nexos políticos que facilitaron los convenios

La investigación que pesa sobre la fundación Comprometidos apunta principalmente a dos aristas: primero, cómo la organización obtenía los millonarios fondos y segundo, el uso que se le daba a los recursos.

Sobre el primer punto, la Fiscalía indaga los convenios firmados por la fundación con el Serviu de Atacama, y los gobiernos regionales de Arica y Antofagasta.

La organización recibió más de $518 millones entre los tres organismos. Para acceder a dichos fondos, el presidente de Comprometidos fraguó distintos nexos con quienes estaban a cargo de la entrega de los recursos.

Uno de esos vínculos fue Juan Carlos Torres, Jefe de la División de Infraestructura del Gobierno Regional de Atacama. El funcionario comunicó a las autoridades del Serviu que sería él mismo quien se encargaría de la búsqueda de fundaciones para ejecutar un millonario proyecto sobre suministro de agua potable para distintos campamentos de la zona. El programa consideraba la entrega de $128 millones a quien ejecutara el proyecto.

Fue entonces cuando contactó a Duarte, a quién conocía previamente y con quien mantenía una relación cercana. Torres le comunicó al presidente de la fundación que se aseguraría de que Comprometidos recibiera los millonarios fondos, pero que a cambio, Duarte debía contratar, como “cara visible y coordinadora del referido proyecto”, a la imputada Gladys Cortés quien, a esa fecha, era la pareja de Torres, con quien compartía militancia en el Partido Radical. Ante la tentadora oferta, Duarte aceptó.

Al momento de la invitación, Comprometidos tenía un capital social de $20.000; no había iniciado actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, y al momento de la firma del convenio, seguía sin contar con un giro atingente al convenio. Así, con la “única finalidad de asegurar la recepción de los recursos”, Duarte amplió el giro de la fundación y junto a Torres, desarrollaron el proyecto que sería presentado ante el Serviu.

En el caso de Arica, Duarte se valió de los nexos políticos que formó durante su paso por el PRO. A mediados de 2023, Mega Investiga reveló que en 2022, el presidente de la fundación junto a otros militantes del extinto partido, buscaban formar el partido Mejor Región, misión en la que tuvieron éxito, luego de que la colectividad fuera constituida el 6 de enero de 2023.

El partido estaba integrado por Duarte y una serie de funcionarios del Gobierno Regional de Arica, entre ellos Leonel Huerta, exadministrador regional, que en 2022 firmó la resolución que asignó $246 millones a la Fundación Comprometidos para desarrollar un programa de control canino.

Su paso por el PRO también le valió nexos políticos en Antofagasta. En 2020, Duarte trabajó en la campaña del Gobernador Ricardo Díaz, junto a otras personas que posteriormente trabajarían en el Gore, como Lizza Aravena, Ángel González y Ricardo Godoy. Dos años después, los excompañeros de campaña de Duarte, ahora funcionarios del Gobierno Regional, intercedieron para que la fundación Comprometidos recibiera $144 millones para ejecutar nuevamente un proyecto de control canino en la zona, e incluso, hicieron gestiones para aumentar el monto del proyecto.

Varias de las personas que hicieron gestiones para que Comprometidos recibiera los millonarios recursos, posteriormente se verían beneficiados de los mismos fondos, a través de un mecanismo de lavado de activos instaurado por Duarte, según ha podido constatar el Ministerio Público.

Gastos en autos y millonarios depósitos en cuenta personal

Para graficar el modus operandi que implementó Duarte, el fiscal explicó a Mega Investiga que el imputado buscaba “generar proyectos falsos, aparentando gastos en determinadas compras y en determinadas boletas de honorarios por servicios que no fueron prestados”.

Y es que el presidente de la fundación junto a su estrecha colaboradora y amiga, María José Obregón, aceitaron un sistema que consistía en que una vez que recibían los fondos de partes de las entidades públicas, inmediatamente realizan giros para desviarlos. Así, primero se depositaba el dinero en la cuenta personal de Obregón, quien posteriormente realizaba una serie de transferencias a terceros, entre ellos, el propio Duarte, “sin que con dichos fondos se pagara costo alguno del proyecto adjudicado”.

Según explican desde la Fiscalía, los fondos entregados a Comprometidos, eran “integrados al sistema económico formal, mediante actos de ocultamiento o disimulación de su origen ilícito cometiendo el delito de lavado de activos”.

Así, por ejemplo, en el caso de Atacama, apenas la fundación Comprometidos recibió los fondos en su cuenta bancaria, que ascendían $128 millones, Duarte realizó giros en efectivo para extraer esos dineros y depositarlos en la cuenta de su amiga María José Obregón. Posteriormente, Obregón realizó una serie de maniobras para distribuir el dinero, en ese listado aparece una compra de una camioneta Ford F150 al propio Duarte, y transferencia a Gladys Cortés y José Torres, quienes habían intercedido para que Comprometidos se adjudicara el convenio.

En el caso de Antofagasta y Arica, el mecanismo era muy similar. Nuevamente, se registraron retiros de dineros desde la cuenta de Comprometidos, incluso el mismo día en que habían sido transferidos los recursos por parte de los gobiernos regionales.

Los antecedentes de la investigación, dan cuenta de que Duarte llegó a girar hasta $163 millones en efectivo, para posteriormente depositarlos en la cuenta de su amiga Obregón. Nuevamente, la mano derecha del presidente repartía los recursos en terceros, donde se incluía a los excompañeros de campaña de Duarte y a otros terceros.

En estos casos, también registraron facturas y boletas de honorarios ideológicamente falsas por más de $40 millones. Según detalló la Fiscalía, “en lugar de invertir dichos dineros para los fines comprometidos en el convenio, procedieron a repartir el botín”.

Tras la formalización, se decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Duarte y Torres. En tanto, para Obregón, se decretó arresto domiciliario total, mientras que en el caso de Cortés se determinó el arresto domiciliario nocturno.

Fundación cobraba por atención gratuita a niños Tea

Otra de las fundaciones que está en la mira del Ministerio Público es Conecta Tea, una agrupación que fue denunciada por irregularidades en medio del Caso Convenios. Mega Investiga reveló que la fundación, cobraba una cuota mensual de $20.000 para cubrir gastos generales, a pesar de que el convenio que firmó con el Gobierno Regional por $357 millones, implicaba la atención gratuita de los pacientes. Una serie de mensajes por WhatsApp y boletas daban cuenta de estas denuncias.

Junto con esto, se denunció que la fundación mantenía una lista de pacientes “fantasmas”, es decir, personas que ya no eran atendidas por la fundación, pero igualmente eran incluidos en las rendiciones que enviaba la agrupación al Gobierno Regional de Arica.

Esta semana, el Consejo de Defensa del Estado, presentó una querella criminal en contra del fundador de Conecta Tea, Antonio Galleguillos, a quien se le acusa de apropiación indebida.

Y es que en enero de 2022, la fundación recibió una transferencia por $350.299.000 por parte del Gore. Según se detalla en la querella, “el mismo día en que el depósito realizado por el GORE por $350.299.000, el querellado Antonio Galleguillos realizó dos giros desde la cuenta de la Fundación por las sumas de $70.000.000 y $24.000.000”.

Al poco tiempo de comenzar la ejecución del programa, la fundación superó el límite de 114 usuarios que establecía el convenio, elevando el número de estos a 177 usuarios aproximadamente, a quienes les cobraba la referida la cuota de $20.000, para obtener así ingresos adicionales a los que le entregaba el Gore.

Tras las denuncias, el Gobierno Regional puso término anticipado al convenio y solicitó la restitución de los fondos, sin embargo, la sorpresa fue total cuando se informó que la cuenta de la fundación estaban prácticamente vacías.

“El querellado, no solamente no hizo el reintegro de los fondos, sino que procedió al vaciamiento de los dineros de la cuenta bancaria de la Fundación Conecta Tea, toda vez que con fecha 8 de mayo de 2024, la Fundación solamente contaba en su cuenta bancaria del banco Estado con la suma de $1.292.952”, se lee en la querella, donde además se advierte que los $350 millones del convenio “fueron utilizados en una forma diversa a la que estaba establecida en el convenio o para fines ajenos al programa”.

La investigación aún se encuentra desformalizada, pero en las últimas semanas se han activado una serie de diligencias por parte de la PDI, entre ellas, la toma de declaraciones a las familias usuarias de la fundación y a extrabajadores de la misma.

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