Casa Allende: La minuta firmada por hija de Lautaro Carmona que advirtió a Cultura el "efecto jurídico y comunicacional"

Comprar la casa del expresidente Salvador Allende y transformarla en un museo para la visita del público. La idea, un proyecto icónico en materia de Cultura para el Ejecutivo, terminó por transformarse en un “autogol” que le ha generado al Gobierno flancos políticos, administrativos e incluso judiciales.

Durante las últimas semanas, se ha conocido que en el largo proceso de adquisición hubo alertas que no habrían sido escuchadas respecto de la repercusión que podía tener el comprar el inmueble a dos autoridades públicas: la senadora Isabel Allende y la ministra Maya Fernández.

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A fines de enero, Ciper publicó que desde el Ministerio de Bienes Nacionales existieron advertencias a Presidencia respecto del impacto “político y comunicacional” de la adquisición.

Tras ello, el subsecretario Cordero aseguró que “las advertencias que están realizadas o las cuales hacen mención esas notas son advertencias políticas no jurídicas. De hecho, explícitamente señalan que no se hicieron advertencias jurídicas sobre ese punto”.

Luego, este martes, una publicación de La Segunda reveló la existencia de un correo emanado en abril de 2024 del Servicio Nacional de Patrimonio (Serpat) donde se planteó que “se debe tener presente que hay dos personas de la comunidad que tienen calidad de autoridad, para efectos jurídicos”.

La nota plantea además que “según fuentes cercanas a la investigación, los funcionarios de Palacio defienden que no hubo alertas jurídicas específicas, minutas, ni nada que acreditara de manera clara las consecuencias legales del acto que se llevaría a cabo”.

A pesar de aquello, Mega Investiga tuvo acceso a una minuta firmada con las iniciales de la jefa de gabinete y el asesor jurídico del Serpat. En dicho documento se detallan los pasos seguidos por el Servicio en el marco de la adquisición, y una serie de “elementos a considerar”, entre los que se encuentra la calidad de autoridades de Maya Fernández e Isabel Allende.

Fuentes de este medio señalan que la minuta fue adjuntada a un correo dirigido a Gonzalo Pinto, jefe de gabinete de la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo.

En el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, la PDI concurrió a las oficinas del Serpat el día 16 de enero, donde tomaron declaraciones y se llevaron copia de documentos, entre los que se encuentra la minuta en cuestión.

Días después, la directora del Servicio y el asesor jurídico del mismo prestaron declaración frente al fiscal Patricio Cooper en la sede de la Fiscalía Nacional en Santiago.

“Instruyendo avanzar con las gestiones”

En la investigación que lidera el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, se ha puesto especial atención a las acciones emanadas del Servicio Nacional de Patrimonio. Dicha institución está encabezada por la directora Nélida Pozo, quien tiene como mano derecha a Paz Carmona, jefa de gabinete e hija del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona.

La minuta a la que tuvo acceso Mega Investiga es un documento de tres carillas, cada una de ellas “firmada” en el pie de página con dos grupos de iniciales: PCA y JCV. Las primeras corresponden a Paz Carmona Alert, y las otras son de José Cortés Vergara, asesor jurídico del mismo organismo.

Al inicio, bajo el enunciado de Antecedentes, se relata que fue en septiembre de 2023 cuando en el marco de la formulación presupuestaria se solicitó un incremento para poder llevar adelante la adquisición de las casas de Patricio Aylwin (García Moreno-Amapolas) y de Salvador Allende (Guardia Vieja).

Luego se menciona que dicha solicitud fue respondida por correo por la Dipres, donde habrían autorizado la compra de una casa presidencial, no de ambas.

En esa línea, la decisión habría sido apostar a comprar la casa de Salvador Allende en Guardia Vieja, lo cual quedó de manifiesto en una presentación a la Comisión Mixta de Presupuestos.

Para dicho objetivo se asignó vía Ley de Presupuestos $1.200 millones de pesos al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural bajo el ítem titulado “iniciativas de inversión”.

Según se detalla en el documento, a inicios de 2024, desde el Servicio pidieron confirmación respecto a si era la casa de Guardia Vieja la que se buscaba comprar. “Confirmación que nos dio el ministerio en febrero en reunión de gabinetes, instruyendo avanzar con las gestiones de la compra y de reunirnos con la familia para ultimar detalles”, indica la minuta.

“Elementos a considerar”

Más adelante en la minuta, se especifica que la titularidad de la propiedad del inmueble corresponde a la Sucesión de Don Salvador Allende Gossens, comunidad constituida por Isabel Allende, Carmen Paz Allende, Maya Fernández y Alejandro Fernández.

Se especifica que en marzo del 2024 se acordó que la familia elaboraría un informe “de estudio de los títulos del bien raíz, el que será entregado al Serpat en las próximas semanas. Para ello se les solicitó y acordó algunos elementos técnicos que debe contener el informe”.

Respecto de los recursos, el documento indica que el valor del proyecto completo era de $1.270.000.000, mientras que “el valor del inmueble está tasado por la familia en aproximadamente $800.000.000. El resto de los ítems del proyecto, son el resto del valor hasta completar el total proyectado en el presupuesto del Servicio”.

Casi al final del documento, la minuta enumera seis situaciones consideradas como “elementos a considerar”. El punto número dos se titula “Miembros de la Comunidad” y plantea que “se debe tener presente que en la sucesión existirían dos personas miembros quienes tienen la calidad de autoridades: Isabel Allende Gossens y Maya Fernádez Allende. Ello, para efectos jurídicos y comunicacionales del proyecto”.

Otro de los puntos que se plantea es que se debe tener en cuenta que “el inmueble actualmente se encuentra ocupado como residencia de la senadora Isabel Allende”.

Y por último, se señala que comunicacionalmente “debe tenerse claro que este proyecto de importante interés para el Patrimonio Histórico, puede tener fuertes detractores, por lo que es necesario coordinar las comunicaciones a fin que se encuentre coordinada para cualquier evento”.

Toda vez que, según confirmaron a este medio, la minuta fue enviada al asesor de gabinete de Cultura Gonzalo Pinto, se solicitó al Ministerio dar su versión respecto de estos hechos.

Desde Mincap señalaron que “todos los antecedentes fueron entregados a Fiscalía y son parte de un proceso investigativo sobre el cual no corresponde referirnos. Es importante señalar que, tal como lo han hecho nuestras autoridades, desde el primer momento el gobierno se ha puesto a disposición de la investigación, colaborando activamente”.

Por su parte, desde el Serpat plantearon a este medio que tampoco entregarán declaraciones mientras la investigación esté en curso.

El paso a paso de la compra y tasación del inmueble

A pesar de las advertencias que se habrían dado a mediados de abril del año pasado, el proyecto siguió su curso. Un mes después, presidencia encargó al asesor Leonardo Moreno, hacerse cargo de a los trámites administrativos para concretar la compra del inmueble.

Ya en junio, el proceso quedó radicado en el Servicio de Patrimonio Cultural (Serpat), cartera que llevó adelante el proceso de licitación para tasar el inmueble ubicado en Guardia Vieja 398.

Así, el 7 de junio se publicaron las bases, que fueron visadas por la Directora del Serpat, Nélida Pozo, y también por el asesor jurídico, José Cortés Vergara. El documento incluía entre otras cosas, un monto de $6.000.000 para el pago de los servicios de tasación (ver documento).

Al proceso postularon nueve oferentes. La comisión evaluadora, integrada por los funcionarios Hernán Abarzua, Jessica Bouyer y Pedro Droguett, resolvió adjudicar la licitación a tres proveedores: Hermes y Cía Ltda, Viaquitectura Ltda, y la tasadora particular, María Fernanda González.

Entre julio y agosto, los proveedores entregaron sus respectivas tasaciones, que bordeaban las 28 mil UF. Con el precio de la vivienda ya fijado, la familia Allende encomendó las gestiones de la venta al abogado Felipe Vio, cuestión que se concretó el 2 de septiembre en la 38° Notaría de Santiago.

A fines de septiembre el proceso se trasladó al Ministerio de Bienes Nacionales, y fue en esa transición, donde se habrían generado nuevas advertencias por parte del equipo del Serpat sobre los posibles flancos que abriría la compra de la casa del expresidente Allende, según consignó La Segunda.

Según dio a conocer La Tercera, a mediados de octubre el proceso de compra ya estaba siendo visado por la ex jefa de la División Jurídica de Bienes Nacionales, Macarena Diez, quien habría levantado nuevas alertas sobre los efectos políticos de la transacción.

Las alarmas que se habrían levantado durante los meses que duró el proceso de la compra del inmueble, no impidieron que el proyecto siguiera su curso. En noviembre, el presidente Boric firmó el decreto que autorizaba la adquisición del inmueble, sobre el cual tomó razón la Contraloría el pasado 23 de diciembre (ver documento). El proceso culminó el 30 de diciembre, cuando se concretó la bullada compraventa del inmueble en la 50° Notaría de Santiago.

El resto de la historia ya es conocida. El Ministerio Público abrió una investigación por eventual fraude al fisco y el Tribunal Constitucional mantiene en vilo la permanencia de la senadora Allende en su cargo.