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Empresa italiana de interceptación telefónica acusa a la PDI de negarle licitación de manera infundada

¿Qué pasó?

La empresa Innova Chile, de origen italiano y que se especializa en interceptación telefónica y equipos de monitoreo, se encuentra en una disputa con la Policía de Investigaciones (PDI).

Apuntan a que la institución otorgó la licitación a otra compañía de manera "infundada" por un error de la firma italiana al momento de presentar una boleta de garantía, algo que, según ellos, fue falta del banco. Por esta situación, la empresa y la policía se encuentran en el Tribunal de Contratación Pública.

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¿Cuál es la acusación de la empresa Innova contra la PDI?

Resulta que Innova, como proveedor de la PDI y de otras instituciones, participó de la licitación de la policía para "arrendamiento de plataforma tecnológica de grabación, acceso y disponibilización de interceptaciones telefónicas por 36 meses".

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Sin embargo, la policía declaró inadmisible la propuesta de Innova debido a que presentó una boleta de garantía válida por $75 millones de pesos, siendo que debía ser de $75.6 millones, por lo que se adjudicó la licitación a Informática Tier 1 SPA por la suma de $2.415 desde 2024 hasta 2026.

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No obstante, desde la empresa italiana afirman que esto ocurrió debido a un error del banco encargado de emitir dicha boleta. "Por un error de los ejecutivos del Banco Santander, Innova presentó una boleta de garantía bancaria por un monto inferior al establecido en las bases, solo en $600 mil, pero dicha presentación se hizo en la fecha, en la forma y antes del vencimiento del horario determinado en las bases".

"Según se demostrará en la oportunidad procesal correspondiente, el Informe de Evaluación que en este acto se impugna omite señalar que Innova, apenas se percató del error en que había incurrido el Banco Santander, consiguió inmediatamente una nueva boleta de garantía por el monto correcto, y ofreció su reemplazo en la oficina de partes de la PDI, pero inexplicablemente no le fue permitido", señalaron a Diario Financiero.

Desde la compañía piden que su oferta se declare admisible y que la adjudicación y el informe de la comisión evaluadora queden sin efecto. Además, acusan que la licitación se otorgó "infundadamente" y que la oferta de la otra empresa "implica un mayor gasto fiscal, de más de $700 millones".

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