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Tren de Aragua: Gobierno evalúa recurrir a la Corte Suprema por juez que ordenó entregar nombres de testigos protegidos

¿Qué pasó?

El Gobierno informó que se encuentra analizando posibles medidas hacia el juez del Juzgado de Garantía de Arica, que determinó que se debía revelar la identidad de 57 personas que se encuentran en calidad de testigos protegidos o de agentes encubiertos, en el marco de la investigación contra el clan Los Gallegos, brazo operativo del Tren de Aragua.

Cabe recordar que la Corte de Apelaciones revirtió esta resolución, tras acoger un recurso de protección presentado por la Fiscalía de Arica.

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¿Qué dijo el Gobierno?

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, expresó que para el Gobierno la decisión que había tomado el Juzgado de Garantía "es grave, porque primero no permitió escuchar a las partes intervinientes, como al propio fiscal a cargo", quien se encuentra con medidas de protección y que no se le permitió declarar vía telemática. "Tampoco se le permitió participar a los abogados del Ministerio del Interior", sostuvo.

"El Gobierno está analizando las facultades constitucionales y legales que tiene para hacer ver que nos parece que es una conducta equivocada y eventualmente negligente", aseveró.

Requerimiento en la Corte Suprema

En ese sentido, la autoridad explicó que la Constitución "le entrega la facultad (al Presidente de la República) de revisar la conducta ministerial de los jueces y de otros empleados del Poder Judicial". 

Al respecto, aclaró que esto "es conducente a la presentación eventual de un requerimiento para analizar la conducta de un juez a la Corte Suprema de Justicia".

"Esta materia será encargada al Ministerio de Justicia, Luis Cordero, pero quiero decir desde ya que el Gobierno pretende actuar para hacer ver que nos parece que esta conducta es una conducta grave que no debió haber ocurrido", aseveró.

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Al ser consultado si es posible que el juez haya sido extorsionado, respondió que "no tenemos ningún antecedente que nos indique aquello, de lo que sí tenemos antecedentes es que fiscales que participan de la causa y testigos sí habían previamente recibido amenazas... Por tanto, una medida como la que tomó el juez de garantía para nosotros eventualmente coloca en riesgo la vida de las personas cuyos antecedentes se mantienen en reserva".

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