Conaf hace reparos a proyecto minero San Cayetano en Ovalle

El proyecto minero San Cayetano se enfrentó a otra instancia clave tras el reclamo de las comunidades de La Chimba y las Mollacas en la comuna de Ovalle. Los vecinos no están de acuerdo con la pretensión de la empresa dueña de construir una planta de tratamiento y un tranque de relave cerca de sus casas y predios agrícolas.

En ese contexto, este miércoles se reunió vía telemática el comité técnico del Servicio de evaluación ambiental, presidido por el recién asumido seremi de Medioambiente, Leonardo Gross Pérez. La instancia contó con la participación de los organismos estatales involucrados y que han emitido su pronunciamiento sobre el proyecto.

CONAF hizo reparos al proyecto con especial hincapié en la amenaza que representa para especies nativas en peligro de extinción, como lo es el Guayacán. El representante de la Corporación Nacional Forestal, Roberto Valdés, expresó que "evidentemente lo único que hacemos es llevar a esta especie en condición de vulnerable a una condición de peligro de extinción.

"Como dato general, el área de estudio tiene 127 ejemplares de guayacanes y van a mater 33. Entonces uno ve que, sobre la población estudiada, 33 guayacanes sobre ciento veinte y tantos es una cifra elevada", añadió el experto.

La realización del comité fue el primer acercamiento al proyecto que tuvieron los nuevos equipos instalados en cada Secretaría Regional Ministerial, tras el cambio de mando del presidente Gabriel Boric, los cuales deberán resolver sus posturas de cara al proceso final de evaluación.

El proyecto minero del empresario peruano Diomedes Cruz está enfrentando la tramitación administrativa, a cargo del Servicio de Evaluación Ambiental, para la ampliación de sus faenas, con la finalidad de conseguir un alza en el material procesado de 5 mil a 60 mil toneladas mensuales, además de la instalación de un relave de 330 mil toneladas a pocos kilómetros de un sector habitado en la salida sur de la ciudad de Ovalle.

Cabe destacar que durante enero se abrió el Proceso de Participación Ciudadana en el marco de la evaluación del proyecto, el cual contempló la realización de una reunión presencial entre las comunidades, los representantes de la minera y el Servicio de Evaluación Ambiental.

Además, se recibieron observaciones por parte de la ciudadanía, acumulando un total de 296 indicaciones de personas naturales ingresadas al expediente, las cuales deben ser respondidas por parte de los titulares del proyecto.

El principal clamor por parte de la comunidad apunta a la necesidad de realizar un Estudio de Impacto Ambiental, realizado por profesionales científicos que comprueben fehacientemente que el proyecto no va a impactar a la comunidad y a sus modos de vida.

Durante el proceso, muchas de las posturas oficiales han cambiado, al menos desde sus indicaciones. La Seremi de Desarrollo Social, que se pronunció conforme con el proyecto en la primera evaluación, realizada el 2021, cambió su postura tras conocer las observaciones de las comunidades a través del Proceso de Participación Ciudadana

La autoridad ahora concluye que “no consta respuesta donde el titular justifique que no afecte la actividad productiva criancera”, y que “las emisiones del proyecto por su magnitud y temporalidad causan molestias y/o afectaciones a los quehaceres cotidianos y rutinas de grupos humanos”, entre otras indicaciones.

La comunidad se ha expresado en forma contundente contra el proyecto. La manifestación más reciente incluyó una marcha de protesta en la carretera que une a Ovalle con Punitaqui. Los vecinos señalan que el empresario ha manejado cifras que no dan cuenta de la verdadera magnitud del proyecto minero.