Alcaldes de Tierra Amarilla y Antofagasta son investigados por gestiones ilícitas

¿Qué pasó?

Dos municipos del norte de Chile están bajo la investigación de la fiscalía: Tierra Amarilla y Antofagasta. En ambas localidades sus respectivos alcaldes fueron separados de sus cargos mientras se indagan los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible.

El caso de Tierra Amarilla

Mario Morales se desempeñaba como alcalde suplente de la ciudad minera, pero hoy permanece en prisión preventiva luego que el pasado 29 de julio fuera detenido por la Policía de Investigaciones (PDI).

Registros audiovisuales y escuchas telefónicas facilitaron su arresto: "Se pudo fijar fotográficamente y a través de otros medios el cohecho en tiempo real, que es algo muy difícil de obtener", explicó Luis Miranda, fiscal de Copiapó.

La caída de Morales comenzó a cimentarse tras las sospechas que tuvo Cristóbal Zúñiga, concejal de Tierra Amarilla, con respecto a un proyecto destinado a la reconstrucción del Parque Rafael Torreblanca, afectado por el aluvión de 2017.

"Hay un proyecto con un valor de $732 millones. Posterior a ese, se realizó otro para la instalación de pasto natural, que tuvo un valor cercano a los $300 millones y la verdad es que ese tampoco cumplió su objetivo", indica Zúñiga.

En total, mil millones de pesos que el propio concejal no entiende: "Este parque no debería haber costado más de $300 millones".

No obstante, lo que le llamó la atención a Zúñiga fue el alto valor del pasto en el proyecto del parque: "El metro cuadrado de pasto está evaluado en cinco mil pesos y ellos lo ofertaban a un valor de $16 mil dentro de su presupuesto".

Pago de un diezmo

El comsario Ernesto Cayun, de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, establece que los valores de las licitaciones para los proyectos eran "infladas artificialmente para ser entregadas a sus contratistas en forma dirigida".

Una vez que un determinado contratista obtenía la licitación, "se le pedía el anticipo de un 10% del valor neto, donde obviamente había una persona que coordinaba la entrega en efectivo de ese dinero para posteriormente ser entregado al alcalde suplente", agregó el uniformado.

"El alcalde solicitaba a sus dirigidos dentro del municipio que reunieran los fondos, los dineros de coima, y se lo entregaran a él", complementó.

Las evidencias

Según la PDI, en una escucha telefónica queda en evidencia el pago de este diezmo al alcalde. De acuerdo al registro, al alcalde Morales había que pagarle $3.4 millones para "amarrarlo al tiro".

También existe un video relacionado a esta llamada, en el cual aparecen Nelson Vieytes, secretario de Planificación de la municipalidad de Tierra Amarilla, y Claudio Aravena, contratista de uno de los proyectos.

Vieytes aparece con un sobre en la mano, el cual se presume que en su interior está el millonario monto que habría sido entregado a Morales, ya que ambos sujetos llegaron hasta su departamento en Copiapó.

De hecho, además de estas pruebas de la policía, exhibidas en la audiencia de control de detención y formalización de los imputados, también figura el libro de visitas que los registró. 

Obstrucción a la investigación

Por otro lado, Morales también está acusado cometer el delito de obstrucción a la investigación.

"El alcalde y otras personas borraron y ocultaron información respecto a las incautaciones que la PDI efectuó dentro de la investigación", informó el comisario Cayun.

Es por ello que el 29 de julio, los detectives detuvieron al alcalde suplente por los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible. Él y otros siete funcionarios municipales quedaron en prisión preventiva, formalizados junto a otros tres contratistas. Entre ellos están el exsecretario de Planificación, Nelson Vieytes, y el contratista Claudio Aravena.

"En el caso del alcalde, la cantidad de delitos por los cuales se le atribuyó participación, que son a lo menos ocho, implican una pena de crimen alta, de aproximadamente 25 años", comunicó Luis Miranda, fiscal de Copiapó.

Archivo Agencia Uno.- Alcalde suplente Mario Morales siendo llevado por efectivos de la PDI.

La cuestionada asesoría de Karen Rojo 

Además del alcalde de Tierra Amarilla, la fiscalía también está investigando lo sucedido con la edil de Antofagasta, Karen Rojo.

El Concejo Municipal de esa comuna la inhabilitó luego que se iniciara una investigación en su contra por los supuestos delitos de fraude al fisco y negociación incompatible, los mismos que enfrenta Morales.

"Es lamentable que una persona a la que los ciudadanos le depositaron confianza termine gastándose la plata de educación y de salud para fines personales y no para la comunidad", señaló a Meganoticas el concejal Luis Aguilera.

Inicio de la investigación

Las indagaciones comenzaron en 2016, cuando se contrató a la empresa Main Comunicación con recursos que, según la fiscalía, estaban destinados a las áreas de salud y educación.

"Para mí fue asesoría política, nadie me saca (la idea) de que es una asesoría de carácter político" dijo Doris Navarro, concejala que junto a su otrora colega en el Concejo, Eduardo Parraguez, denunciaron la situación.

"Está comprobado que lo que hizo Main fue asesorar política y personalmente a Karen Rojo en el marco de la última elección municipal. Recomendaciones como qué vestimenta utilizar ante el público, dónde ir, dónde no ir", relata Parraguez.

"Asesor no prestó ningún servicio"

De acuerdo a la información de la fiscalía, se pagaron $27 millones de pesos por la asesoría, de la cual estuvo a cargo el periodista y cientista político José Miguel Izquierdo.

"Se había pagado a un asesor externo que no prestó ningún servicio. Cuando la Contraloría vino a investigar no encontró ningún informe respecto a prestaciones de salud y educación municipal", denuncia Aguilera.

La defensa de Rojo

Después que la alcaldesa fuera separada de sus funciones, Rojo manifestó inocencia en un video difundido a través de redes sociales.

"Quiero decirles que soy inocente, no hay ningún tribunal que diga lo contrario. Vamos a entrar en juicio y demostraremos nuestra inocencia", aseguró.

Por su parte, su abogado afirma que la asesoría por la que la coorporación municipal contrató a la empresa Main se realizó debidamente.

"Lo contrató la coorporación e hizo los trabajos acordados, sobre eso no hay ninguna discusión. Lo que él (José Miguel Izquierdo) haya hecho en paralelo o no con Karen Rojo es completamente irrelevante desde el punto de vista del delito que el fiscal le quiere atribuir" a la alcaldesa, declaró Jorge Bofill.

Cabe destacar que Izquierdo, durante la investigación de la fiscalía, pasó de ser imputado a testigo.

El juicio en contra de Rojo está programado para el mes de noviembre. En él deberá demostrar la inocencia que argumenta ante los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible.

Archivo Agencia Uno .- Karen Rojo en una de sus últimas actividades antes que fuera separada de sus funciones.