Nacional

Aborto en tres causales: Las falencias de la ley a casi dos años de su implementación

  • Por Alonso Lizama

¿Qué pasó?

En un informe de más de 70 páginas, la Mesa de Acción por el Aborto y Fondo Alquimia publicaron un estudio que constata una serie de falencias detectadas en la implementación de la ley de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo por tres causales, que entró en vigencia en septiembre de 2017.

El estudio aplicó encuestas y observaciones sobre cómo funciona la interrupción del embarazo en tres causales en 7 territorios del país, que van desde la región de Antofagasta hasta Aysén, lo que las llevó a concluir una serie de falencias, entre las que destacan, por ejemplo, que “la objeción de conciencia, declarada o no declarada, es un obstáculo en el proceso de decisión de las mujeres y en el acceso a la prestación. Tanto en la atención primaria como en los niveles de segunda y tercera complejidad se advierten situaciones donde posturas individuales antiaborto o razones religiosas de profesionales y técnicos/as interfieren en el acceso a información adecuada a las mujeres o buscan disuadirlas”.

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Además, el estudio detecta que hay problemas en la implementación de elementos mínimos para llevar a cabo la interrupción del embarazo, como capacitaciones profesionales y protocolos dentro de los servicios asistenciales. La afirmación respecto a este tema es taxativa de parte de las organizaciones y concluyen que muchas veces la implementación del servicio queda a criterio y esfuerzo de “algunas/os profesionales y equipos en los territorios monitoreados, debiendo hallar por sí mismos estrategias para sortear la falta de conocimiento en el resto del personal, la objeción de conciencia y la falta de recursos propio de cada servicio según territorio”.

Tercera causal: La más objetada

“La interrupción voluntaria del embarazo es una prestación no informada, sobre la cual tienen poco conocimiento sobre las causales, cómo acceder y donde orientarse”, señala el informe de la Mesa de Acción por el Aborto.

A lo anterior, se suma que en la tercera causal, aquella que se relaciona con los embarazos producto de una violación, es la que presenta mayor número de objetores dentro de los servicios de salud y “dado lo estrecho de los plazos, obliga a que los equipos IVE que realizan la interrupción y las duplas tengan que organizar los procesos de manera que las afectadas puedan acceder a la prestación”.

Finalmente, el informe concluye que la ruta de las mujeres que deciden poner fin a su embarazo es una “ruta de obstáculos”, cuya decisión “queda sujeta a las circunstancias y voluntades individuales del personal de turno, pues no se cuenta aún con procedimientos claros, eficientes y transversales, que aseguren a toda usuaria la misma atención.”

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