Nacional

Piden al Gobierno apurar creación de la Defensoría de las Víctimas

  • Por Paolo Cordero

Por Catalina Muñoz

¿Qué pasó?

Los diputados de Renovación Nacional Andrés Longton y Gonzalo Fuenzalida, junto a parlamentarios de diversas bancadas reiteraron el llamado al Gobierno para que apure la creación de una Defensoría de las Víctimas. Un proyecto que dicen solo es potestad del Ejecutivo y que incluso fue parte del programa del actual presidente Sebastián Piñera en su anterior administración y continuó debatiéndose en el período de Michelle Bachelet.

Debido a la lentitud de las respuestas, los legisladores llevan meses realizando diversas campañas para incentivar la creación de dicha entidad, las que han incluido videos con la participación de personajes de la televisión.

¿En qué consiste?

La Defensoría de las Víctimas busca otorgar, como su nombre lo dice, defensa a quienes sean víctimas de algún delito de la delincuencia y no tengan el dinero para contratar a un abogado. La idea es que el Estado sea quien se haga cargo de este servicio y de esa manera los afectados puedan obtener la justicia que muchas veces no logran.“No puede ser que hoy día en nuestro país exista el absurdo de que un delincuente tiene un abogado personal que patrocine sus causas, que los defienda, pero las víctimas, quienes sufrieron la pérdida de un ser querido no tengan quien los defienda”, afirmó el diputado Longton.

Para el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Daniel Martorell, esta entidad es necesaria en el país, entendiendo que las víctimas no tienen un apoyo jurídico como ocurre con los acusados, quienes están protegidos por la Defensoría Penal Pública.

El abogado aclara que actualmente en Chile los fiscales, quienes acuden a un juicio en representación de las víctimas, no son sus abogados, no obstante dice hay que “entender que el fiscal tiene algunas facultades para proteger a la víctima pero claramente la víctima tiene que tener su propio abogado si quiere participar como interviniente en un juicio en calidad de querellante”.

¿Cómo debería funcionar? 

Respecto a su funcionamiento, el abogado Martorell insiste en que el proyecto debe ser bien ejecutado, con alcance nacional y con el personal necesario para cubrir los requerimientos de las víctimas. Bajo ese contexto, el presupuesto que el Gobierno le destine no debe ser poco, asemejándose a la Defensoría Penal Pública que tiene asignados recursos de manera mensual. Además asegura que si la gestión no es satisfactoria, se “crearían falsas expectativas respecto de las víctimas que piensen que por tener un abogado lograrán una solución mágica respecto al conflicto judicial”.

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