Nacional

Conoce cómo operan las concesiones mineras

  • Por Alonso Lizama

Por Rodrigo Ugarte

Pocos estaban al tanto de que un mecánico es el propietario de los derechos mineros en el centro de Puerto Montt. El conflicto se desató cuando Manuel Ojeda recurrió a tribunales para impedir que la municipalidad construya una pileta, alegando que es dueño del terreno. 

En la zona norte del país existen otras concesiones en zonas urbanas y esto se da porque la ley permite, que cumplidos ciertos requisitos técnicos y administrativos, una empresa o un particular pueda inscribir dichos derechos que son otorgados por un tribunal.

Pero lo que realmente posee el concesionario, en este caso el mecánico Manuel Ojeda en Puerto Montt, es la expectativa de un derecho de explotación minera. Para hacerla efectiva, tendría que demostrar que desarrollará una actividad minera, cumplir los requisitos administrativos y legales, conseguir los permisos de los dueños del suelo, los permisos políticos, presentar estudios de impacto ambiental, entre otras regulaciones, así lo explicó el Director Nacional de Sernageomin en una entrevista con Ahora Noticias.

Que las concesiones mineras puedan inscribirse en cualquier parte del territorio, no es un descuido de la ley. Esto también tiene una razón, no sólo en nuestro ordenamiento, sino que en muchos países del mundo. El legislador se pone en el caso que se descubriera un gran yacimiento de un mineral de gran valor en alguna parte de un poblado. En ese caso habría que evaluar técnica, jurídica, ambiental y socialmente si conviene para beneficio de la comunidad explotar ese yacimiento, tomando las medidas que salvaguarden todos los derechos de quienes vivan en esa zona.

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Para evitar la posible inscripción de concesiones mineras que sólo busquen un fin especulativo, los ministerios de Economía y Minería enviaron al Congreso un proyecto de ley que obliga a quien posee la concesión a presentar en tribunales una caución. Esto es, dejar una especie de cheque en garantía equivalente al daño que pueda producir la paralización de la obra que se trata de impedir sobre el terreno en cuestión. De ser desestimada por el juez su petición pierde el dinero dejado en garantía.

En el caso del mecánico Manuel Ojeda, de haber sido aprobada esta ley, habría tenido que dejar en los juzgados de Puerto Montt un cheque por el monto que el municipio debe desembolsar por la construcción de la nueva pileta. Seguramente lo hubiera pensado dos veces antes de generar el revuelo que hoy ha provocado.

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