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Consejo para la Transparencia pide fin de prácticas que condicionan compras a la entrega del RUT

  • Por Francisco Jopia

El presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, hizo un llamado para terminar las prácticas que condicionan las compraventas a la solicitud del RUT y enfatizó en la necesidad urgente de modernizar la ley de protección de datos.

Esto se relaciona a las cifras entregadas por el Centro de Estudios de Retail (Ceret) de la Universidad de Chile, que reveló que un 49% de los encuestados entrega su RUT en supermercados.

Asimismo, el titular de Transparencia reiteró el llamado a modernizar de forma urgente la normativa sobre protección de datos personales que data de 1999 y que en sus palabras “no da el ancho para el contexto actual”.

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“Es urgente legislar en materia de protección de datos personales, pero las empresas no tienen por qué esperar una legislación. Los principios sobre protección de datos personales están claramente definidos en el mundo y las empresas por lealtad con sus clientes los debieran empezar a aplicar ya”, recalcó sobre la situación.

Con respecto a malos usos de la información entregada o traspasos a terceros sin consentimiento del consumidor, dijo que "las empresas chilenas tienen que empezar a transparentar políticas de privacidad claras, donde estas cosas no se permitan".

"No puede hacer cualquier cosa con ese dato y debe responsabilizarse de su utilización. Los datos siguen siendo míos y yo tengo que poder mantener el control sobre ellos", concluyó.

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Responsabilidades de las empresas cuando piden el RUT

El Consejo para la Transparencia, que a partir de la modernización de la ley de protección de datos personales actualmente en el Parlamento, será el órgano a cargo de velar por su cumplimiento, destacó las responsabilidades de las empresas respecto de los datos que recopilan:

1)    Deben cuidar los datos, entre otras acciones, mediante la implementación de estándares de seguridad que impidan filtraciones o robos, como ocurrió con las tarjetas de crédito.

2)    Deben usar los datos sólo para los fines que en el momento de recopilarlos se le comunicó a la persona. No puede utilizarlos con otro objetivo sin la expresa autorización de la persona que entregó los datos.

3)    Deben respetar los derechos de las personas sobre los datos. Entre ellos: saber qué datos tiene una determinada empresa sobre la persona, cómo los recopiló, solicitar que se corrijan los datos en caso de errores o actualizaciones, e incluso pedir que los datos se cancelen o borren si la persona cree que la empresa o entidad no debe continuar manejando dicha información.

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